Fecha de Publicación
24 / 11 / 2017
Por Íñigo Arredondo Vera - Montserrat Peralta
Encontró a su hijo en una fosa clandestina en un monte, al norte de Sinaloa, hace cinco meses. Ya habían transcurrido tres años y medio de haberlo perdido, justo a 10 kilómetros al sur de donde lo desenterró. Ella es Mirna Nereida Quiñonez, profesora retirada de preescolar, a quien el dolor por la pérdida la llevó a ser líder de 594 familias en los municipios de Choix, El Fuerte, Ahome y Guasave. En tres años han encontrado 111 cuerpos, 11 de ellos el pasado domingo 19 de noviembre, de los que 88 han sido identificados y entregados a sus familiares.
De las víctimas que trabajan con ella, sólo 60 lograron tener contacto con la CEAV y de ahí menos de la mitad pudieron entrar al Registro Nacional de Víctimas y desde hace un año esperan a que puedan pasar al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. “Las víctimas nunca nos vamos a terminar. Las desapariciones van a seguir y seguir. Las víctimas vamos a ir creciendo… necesitamos otro tipo de medidas. No todos los estados tienen comisión. La realidad es que la comisión está rebasada, necesita más personal, necesita gente más capacitada y necesita trabajar y hacer las cosas con más rapidez. Para tener los apoyos a los que tenemos derechos y que sabemos que hay, hay con qué se nos apoye, eso no se nos puede negar”, explica Mirna.
Desde que se dio el decreto presidencial para la constitución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en 2014 se han registrado 11 mil víctimas en México. Uno de cada tres registros es por desaparición, luego asesinato, secuestro, trata de personas y lesiones. Del total de las solicitudes de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por compensación recibidas, 10% del total de víctimas registradas, sólo el 45% se atendieron y el resto se mantienen en etapa de integración.
En el 2015 se recibieron 65 solicitudes, 318 en 2016 y en lo que va del 2017 hay más de 200. El número de usuarios atendidos por la CEAV en su corto tiempo de existencia se centran en la zona centro del país. Entre la Ciudad de México y el Estado de México se concentran el 55% de las víctimas con cuatro mil 24 y dos mil 337, respectivamente. Luego le sigue Guerrero con mil 401, Tamaulipas con 749 y Oaxaca con 507. El promedio por estado es de 340, el máximo es la Ciudad de México y el mínimo es Campeche con cuatro.
La figura de la “víctima” en términos jurídicos se da a partir de unas reformas constitucionales, en 2008 con la reforma general que incorpora a las víctimas dentro del proceso constitucional en el artículo 20. Después con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos en 2011 en el artículo uno y unos meses más tarde con el surgimiento de la Ley General de Víctimas, llevada por el movimiento encabezado por Javier Sicilia con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
En esos años, se vivían los picos de violencia ocasionados por la guerra contra el narcotráfico decretada por el ex presidente Felipe Calderón. A más de diez años de esa decisión se cuentan más de cien mil asesinatos y más de 30 mil desaparecidos.
Araceli es parte del 10% de víctimas que han recibido una reparación del daño, como se estipula en la Ley General de Víctimas. Su hijo, Policía Federal, desapareció en noviembre de 2009, tras siete de años de crear un expediente, meter papeles en las oficinas y llevar un registro del caso, obtuvo la reparación del daño, a lo cual ella señala que “no es reparación del daño porque la reparación del daño jamás va a llegar, es la compensación monetaria que marca la ley general de víctimas”. Ella tuvo contacto con Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima) y estuvo en la transición hacia la creación de la CEAV. Para ella el proceso de obtener la compensación fue desgastante por todo el proceso de papeleo, “al fondo no lo pueden tener todos si no hay una acta de defunción, si no hay acta de presunción de muerte, como es mi caso, la emitió un juez y fue la única manera que pueden acceder a los fondos, las víctimas. Este es uno de los procesos que no alcanzamos a entender las víctimas”. “siempre se los dije, yo voy a tramitar solo esto para salvaguardar los bienes de mi hijo pero jamás voy a dejar de buscarlo y yo voy a seguir exigiendo eh el paradero de mi hijo con vida”.
El funcionamiento de la Comisión para Javier Sicilia consta de varios rezagos, “Ha sido bastante complicado. En primer lugar el hecho de que dependa de la Secretaría de Gobernación la hace una institución pues que no tiene la libertad adecuada para ponerse al servicio absoluto de las víctimas. Aquí hay una aberración y sigue existiendo esa aberración porque la Ley de Atención a Víctimas y la Ceav, que es su organismo ejecutor, pues es una ley de víctimas del delito y de la violación a los derechos humanos, curiosamente de quien depende esta institución y la ejecución de esa ley es Gobernación y quien viola derechos humanos es el Estado. Entonces ahí hay una aberración, ¿no?” cuestiona.
Sobre la información obtenida vía transparencia por esta casa editorial, el director de I(dh)eas, asociación civil especializada en litigio en derechos humanos, Juan Carlos Gutiérrez, duda sobre el número de casos solventados.
“Nosotros tenemos un caso en el que una víctima de tortura solicitó la reparación del daño hace aproximadamente 4 o 5 meses y no habíamos tenido ninguna respuesta, entonces ahí el punto es que el Sistema de atención a víctimas no depende exclusivamente de la CEAV del ámbito federal. ¿qué es lo que está pasando? hace unos días leímos que algunas familias de Tamaulipas por ejemplo estaban aquí en la CDMX exigiendo que la CEAV actuara y tienen todo el derecho de hacerlo, pero la pregunta es ¿dónde está el Estado de Tamaulipas? Entonces aquí lo que ha habido es una sobrecarga terrible de toda la impunidad de la desatención a las víctimas. Los estados o las entidades federativas no han creado comisiones de atención a víctimas y básicamente es muy complicado porque se están lavando las manos para que las víctimas de sus propios estados tengan que salir a buscar la reparación del daño en el ámbito federal y ahí hay un problema fuerte porque no estamos viendo hacia las entidades estatales y estamos viendo hacia la CEAV”.
Actualmente la CEAV tiene oficinas en 17 estados de la República: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. Este año se autorizó la creación del resto de las delegaciones para la atención a víctimas en el resto de los 15 estados restantes. La comisión sólo consta de 34 abogados en la oficina central y 30 más regionales para atender los miles de casos. A fin de este año se espera que lleguen a los 80. En las oficinas que se abrirán a partir del 2018 el personal por estado variará entre los 4 y 10 personas.
Año con año se crean fondos de emergencia en la Comisión, en 2014 se creó uno, para 2015 se hicieron cuatro más, en 2016 otros cuatro y en lo que va de este año se han creado seis más. Un total de 15 fondos de emergencia que van desde gastos funerarios, gastos de alimentación en víctimas, gastos médicos, alojamiento, “ayuda inmediata” en Tierra Caliente, Veracruz, transporte de emergencia, apoyo a víctimas indirectas por casos de desaparición, traslado, víctimas defensoras de DH y periodistas, víctimas de secuestro y a menores de edad víctimas de violaciones humanos.
“Cada vez hay más víctimas y cada vez hay un Estado omiso en crear verdaderamente una estructura democrática y una estructura de paz. Entonces pues ese organismo pues va a estar constantemente rebasado. Vivimos en un contexto de tragedia humanitaria. Estamos quizá hasta peor que Siria, en la acumulación de los delitos y en la ausencia de justicia. Peor que Siria e incluso peor que Venezuela, ¿no? Yo creo que es uno de los países con más crímenes, con más víctimas, con más ausencia de Estado para atender el problema. Es más, yo diría que el Estado se volvió parte y cómplice de este desastre de esta criminalidad”, sentencia Sicilia.
Los pagos efectuados con cargo al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral al 30 de septiembre de 2017 son a mil 337 mujeres, y 749 hombres, un total de dos 131 personas. La cantidad dada para estas víctimas es de 333 millones de pesos. Los pagos van desde los 50 mil pesos hasta los dos millones y medio de pesos, dependiendo de lo que sufrió la víctima y bajo qué estándares fue puesto a las víctimas: Violación de Derechos Humanos cometida por autoridad federal, comisión del delito del orden federal.
En todo el sexenio se ha pagado más en contratos en servicios para las oficinas y funcionarios públicos que en la misma reparación del daño, los contratos registrados en compranet se registran 405 millones de pesos. En los que destacan los contratos más costosos en “apoyo técnico administrativo” por 36 millones en un año, “servicio integral de red local, red amplia, seguridad perimetral y telefonía” por 18 millones, así como servicio de limpieza en las instalaciones por ocho millones.
En todo el sexenio se ha pagado más en contratos en servicios para las oficinas y funcionarios públicos que en la misma reparación del daño, los contratos registrados en compranet se exponen 405 millones de pesos en el sexenio. En los que destacan los contratos más costosos en “apoyo técnico administrativo” por 36 millones en un año, “servicio integral de red local, red amplia, seguridad perimetral y telefonía” por 18 millones, así como servicio de limpieza en las instalaciones por ocho millones.
México es uno de los países que tiene un mayor avance en términos normativos de reconocimiento de la condición de víctimas. “No existe en ninguna otra parte de Centroamérica o países de Sudamérica, en cuanto a reconocimiento normativo. Ahora no se puede hacer una comparación normativa de los desarrollos que ha tenido Colombia o que han tenido algunos otros países, pero el tema tiene que ver con la cantidad de víctimas que existe en México, que es sumamente superior en relación de víctimas de derechos humanos o del delito respecto de otros países”, explica el abogado Gutiérrez.
Día a día se descubren nuevas víctimas, la apuesta del Estado, explica Javier Sicilia es la normalización, “Al grado que ya se vuelva parte de la vida, si es que puede llamar vida a eso. Aceptar el infierno y que las cosas son así”. Mirna, quien ya encontró a su hijo, continúa los días miércoles y domingos, de cada semana, yendo a los montes y brechas de Sinaloa, para encontrar a los familiares de las cientos de víctimas que los desaparecieron. Las mujeres que forman el movimiento “Rastreadoras del Fuerte”reciben capacitación de antropología forense en México y fuera de nuestro país, en espera de volverse expertas para cuando sea necesario abrir la tierra y encontrar lo que nunca se debió de haber ido.
Delitos por los que están inscritas esas personas en el RENAVI (catálogo con número de inscritos por delito)
| DESAPARICIÓN DE PERSONAS | 2237 |
|---|---|
| SECUESTRO | 1431 |
| PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD | 1122 |
| DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS | 1019 |
| HOMICIDIO | 985 |
| TRATA DE PERSONAS | 634 |
| POSIBLE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD | 523 |
| LESIONES | 469 |
| DELINCUENCIA ORGANIZADA | 303 |
Personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
Los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.
Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
Comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.
Año con año el número de víctimas registradas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas crece. Hasta agosto de 2017 se registraron ante ella 11 mil víctimas. Hay casos registrados desde la década de 1950 pero principalmente oscilan entre 1968 a la fecha. La mayoría de ellas son mujeres y el principal delito es la desaparición. La comisión que nació de un esfuerzo por la sociedad civil de generar una Ley General de Víctimas se consolidó cuando el Presidente Enrique Peña Nieto constituyó a la CEAV en 2014. Desde ese momento hasta ahora, ha habido avances y retrocesos en cuestión de atención a víctimas. Jaime Rochín, comisionado ejecutivo desde marzo de este año hasta marzo de 2020 nos explica cómo es el panorama de las víctimas en México.
Sí. Nuestras víctimas, directas e indirectas, en una altísima proporción, son desaparecidas. Sí es una tercera parte. Es fundamental que las entidades federativas asuman la responsabilidad que tienen en el tema de desaparición y en general de los delitos. Porque es responsabilidad inmediata de ellos. Nosotros tenemos una facultad de atención y de atracción de algunos casos con algunas condiciones. Sería impensable que la comisión pudiera atender todos los casos. Este año vamos a terminar con 80 abogados en la comisión. Si se trata de acompañarles en sus procesos, solo estamos hablando de desaparecidos, falta secuestro, homicidios, trata de personas, ¿cómo puedes acompañar realmente los casos jurídicamente, los casos de víctimas, cuando tienes un número un enorme?
El doble por lo menos, 150. Con 150 sería aceptable.
En cualquier otro país, las leyes de víctimas, tiene una limitación por tiempo y por espacio. Son los hechos de tales años a tales años. Aquí no. Tenemos víctimas de por lo menos 50 años. Del 68. Hace poco me tocó una víctima de los 50. Fundamentalmente tenemos víctimas del 68 para acá. Y siguen creciendo y creciendo. Y no solo eso, sino que el crecimiento es potencializado. Repito, mientras las autoridades no asuman la propia obligación de crear una comisión ejecutiva de atención a víctimas pues eso va a ser imposible. Pero además, yo creo que deberíamos de trabajar como Estado mexicano en darle la importancia al tema. No es un tema de la CEAV, es un tema de todo el Estado Mexicano, y empezar a trabajar enserio en la prevención. En la prevención de delito y de derechos humanos. Un tema clave que sí podría cambiar la realidad, lo digo con pleno consentimiento, es vencer la impunidad. ¿Por qué se siguen cometiendo tantos delitos, tantas desapariciones, tantos homicidios, tantas trata de personas? porque la opción para la persona que comete el delito es que el riesgo de ser sancionado es mínimo. Es menor al 5%.
Es dolorosísimo pero en México no es noticia una desaparición. Es terrible. No podemos acostumbrarnos a esta realidad. Tenemos que mostrarla, visibilizarla en toda su crudeza y hacernos sensibles. ¿Por qué no somos sensibles como Estado mexicano y sociedad frente a las miles de víctimas que tenemos todos los días? El Estado Mexicano como tal no se abre, no se solidariza, la sociedad tampoco, con esas víctimas. Tenemos que hacerlo visible y buscar esa visión de estados. Que nos hagamos todos responsables de lo que está sucediendo. Que no haga falta que nos llegue a nosotros. Que veamos el dolor y como Estado Mexicano salgamos a acompañarlo y llevarlo. Es el gran tema del Estado Mexicano. Esa es la gran deuda, no solo de este sexenio, no quisiera que se enfocara en sexenio. Es un tema que viene aumentando como bola de nieve durante los últimos 30 años.
Víctima se acerca a la CEAV, denuncia una violación a sus derechos humanos. Se les da apoyo psicológico, orientación legal y médica si se requiere.
Si hay elementos federales de delito y de violación a Derechos Humanos entrar al registro. Sea por la vía local o federal. Entran al registro y a partir de ahí son acompañados en un proceso jurídico, se les brinda si es necesario apoyo jurídico, de traslado, vivienda, médico.
La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad.
b) La resolución firme emitida por la autoridad judicial.”
c) La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación.”