Un ex perito de la Secretaría de Economía anda vendiendo pedazos de México a empresas privadas. En 2009, la compañía Macocozac, de la que es socio Armando Guadiana Tijerina, actual candidato del partido político Morena a la gubernatura de Coahuila, México, le compró tres concesiones mineras. Una en Zacatecas y dos en Sonora.

Armando Guadiana Tijerina, el candidato minero

Poco antes, Jenaro Garza Guerra había adquirido 28 títulos de concesión, mismos que fue traspasando a empresas privadas. Entre 1999 y 2007, este funcionario federal se desempeñó como perito minero, por lo que tuvo acceso de primera mano a las condiciones de los polígonos que solicitó para luego vender. El estado mexicano otorga una concesión minera (un permiso para explorar y explotar minerales en el subsuelo) para que quien la obtiene la explote en beneficio de la nación. Pero los particulares (que, generalmente, no tienen la capacidad económica para montar una mina) las están pidiendo – explica Mayra Montserrat Eslava Galicia, coautora del libro “El mineral o la vida”– para después venderlas; en un sistema que funciona como apartado del subsuelo para luego lucrar con él.

El contrato de compra venta de los tres títulos de concesión adquiridos por la empresa de Armando Guadiana Tijerina, obtenidos vía Transparencia por este equipo de investigación, muestran que Jenaro Garza Guerra le vendió a la compañía Macocozac, los lotes “Concha I”, con una superficie de 16 mil 709 hectáreas, ubicado en el municipio de Mazapil, Zacatecas; y los ubicados en Pitiquito, Sonora: “Aguirre”, con superficie de 3 mil 639 hectáreas y “El Viejo”, con 16 mil 023 hectáreas.

La extensión de esos tres títulos juntos (36 mil 368 hectáreas) es similar a la de siete delegaciones en la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Garza Guerra obtuvo los dos títulos en Pitiquito, Sonora, cuando era Director General de Minas, Eduardo Enrique Flores Magón y López. El de Zacatecas lo obtuvo en 2007, cuando estaba en esa dirección, Carlos Eduardo de la Cruz Ledesma.

Los tres lotes tienen potencial para oro, plata y cobre. En el contrato obtenido vía Ley de Transparencia la cantidad de la transacción está tachada (testada), pero se podría pensar que es una cifra importante, dato que su escritura ocupa dos renglones y medio del texto.

Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), da un ejemplo de la cantidad de dinero que podría moverse en una operación de este tipo. “Una persona pide la concesión, hace en el lote un proyecto de exploración menor, en el que invierte un millón de pesos. Resulta que el pedacito donde exploró tiene buen potencial, entonces le ofrece a una empresa vendérselo en 10 millones de pesos. La empresa hace dos estudios más de exploración para comprobar el potencial y se hace una transmisión de la concesión". Ahí van 9 millones a la bolsa de una persona, en lugar de a los ingresos del estado.

Cuando en entrevista en su oficina, este equipo de investigación le preguntó a Armando Guadiana si él o sus empresas le habían comprado títulos a Garza Guerra, el candidato lo negó. Al cuestionársele sobre por qué los ciudadanos le transmiten concesiones a las empresas, aseguró que “todo se hace con el permiso de la Secretaría de Economía, que se maneja a través de la Coordinación Minera y la Dirección General de Minas, regulado (todo) por la Ley Minera”.

– ¿Eso no genera como un sistema de apartado de la tierra para luego venderla?

–Pero así está la ley, y si no, le negarías el derecho, acuérdate que cualquier ciudadano puede denunciar un área que esté libre, o una compañía, para que la actividad minera se desarrolle. Pero sí se pueden propiciar algunas de las cosas que tú mencionas.

El perito vendedor

Garza Guerra pidió su primer título de concesión en 1995. Pero fue a inicios del sexenio del ex presidente Vicente Fox Quesada, cuando obtuvo su primera concesión minera. Gracias a los vacíos en la regulación minera, Garza Guerra se hizo, a partir de entonces y hasta 2011, de 28 títulos de concesión en los estados de Zacatecas, Sonora, Durango y Coahuila.

Al mismo tiempo que obtenía concesiones se desempeñó, de 1999 a 2007, como perito con registro de la Secretaría de Economía, como consta en el listado de estos funcionarios publicado en esos años en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Miguel Ángel Mijangos, de Rema, explica que un perito minero hace los primeros estudios dentro de un polígono solicitado a la Secretaría de Economía para obtener un título. En ninguna parte de la ley dice que alguien con esta figura no puede solicitar concesiones, pero, por su actividad, tiene el conocimiento e información necesarios para pedirlas en terrenos redituables, “lo cual – afirma Mijangos– supone, por lo menos, un conflicto de intereses”.

De los 28 títulos que Garza Guerra obtuvo, tres se los vendió a Macocozac, 12 aparecen en las tarjetas de registro (donde se asientan los movimientos que se hacen en las concesiones, como transmisión, cesión de derechos, entre otras) del Sistemas de Administración Minera (SIAM) como cancelados, nueve los tiene todavía en su poder (cuatro en sociedad con otras personas), tres los cedió a Carbonífera La Esperanza, empresa de la que él es socio y tiene uno más a su nombre, el 221233, que aparece como cancelado y sustituido por el 225181, aunque cuando se busca éste en las tarjetas de registro del SIAM, resulta que no existe en el sistema.

Los negocios de un perito

Pero el título existe. Este equipo de investigación ubicó su rastro, en el manifiesto de impacto ambiental del tajo (mina a cielo abierto) El Cometa, presentado por la empresa Minerales Monclova, hoy MIMOSA, de Grupo Acerero del Norte (GAN).

El documento asienta que el título 225181 es propiedad de Jenaro Garza Guerra (lo obtuvo en 2011, cuando era Director General de Minas, Miguel Ángel Romero González) y que la empresa, después de explorar las áreas de El Cometa, en Abasolo, Coahuila, encontró buen potencial económico. Minerales Monclova estimó extraer 3 mil 640 toneladas de carbón, con una mina a cielo abierto, cuya inversión ascendería a un total de 76 millones de dólares.

El proyecto, asienta el manifiesto de impacto ambiental, permitiría cubrir la demanda de carbón de la planta siderúrgica Altos Hornos de México, S. A de C. V (AHMSA), ubicada en Monclova, Coahuila. En el mismo documento se asienta que a Jenaro Garza Guerra se le otorgarían 6 mil 699 dólares por regalías (en una concesión de sólo 500 hectáreas).

Durante nuestra visita a Coahuila tratamos de ubicar a Garza Guerra para entrevistarlo, pero no logramos encontrarlo. Al ingresar la dirección oficial de su empresa en Google Maps, lo que aparece es una tienda de ultramarinos. Este equipo de investigación lo busco, vía telefónica, pero no atendió nuestras llamadas.

Tierra seca en región de La Carbonífera, en Coahuila, después de las minas.

Solo pudimos hablar con su asistente, quien dijo que le pasaría nuestra mensajes y el número celular para encontrarnos. La mujer contestó el teléfono siempre con un amable: , "Carbonifera La Esperanza", la empresa de la que Garza Guerra es dueño ahora y que La asociación civil Familia Pasta de Conchos registra en la lista de mineras que obtienen lo que ellos llaman “carbón rojo”, extraído por empresas clandestinas, ilegales, o que aún siendo legales, ponen en riesgo la salud y la integridad física de los mineros con tal de obtener un mayor margen de ganancias.