PAGAS O FUEGO

PAGAS O FUEGO

Cuando una camioneta de lujo con más de cuatro hombres llega a un negocio, los dueños y empleados saben lo que significa. La operación es simple: descienden del vehículo, preguntan por la persona a cargo y entregan un papel con una cantidad escrita. Desde ese momento forman parte de la lista de lugares que tienen que pagar derecho de piso al crimen organizado.

El negarse puede traer diferentes consecuencias: homicidio, secuestro o quema del negocio. La escena es conocida para muchos empresarios de la República mexicana. De 2008 a 2015 la prensa ha documentado por lo menos 230 incendios, en 23 estados, en los que estuvo implicada la delincuencia organizada.

El delito siempre tiene la finalidad de destruir, el móvil es lo que puede variar. “No pagó, se queda sin local. El segundo es: este negocio es de la competencia, acabamos con ellos. Y el tercero, incendiamos para distraer o contener al gobierno como forma reactiva”, dice el experto en seguridad Gabriel Regino.

Gimnasios, papelerías, talleres mecánicos y hasta pequeñas cafeterías están en la lista de los locales que han sido incendiados por el crimen. Desde entonces, cada año se han registrado, en promedio, 30 incidentes de este tipo.

Más de 80 negocios han sido quemados en ese lapso de tiempo. Además de 35 centros nocturnos y 16 restaurantes en todo México.

No discriminan

Entre 2011 y 2012 se vivió una de las épocas más difíciles en materia de seguridad en el país. Los índices de homicidios violentos se dispararon. Las desapariciones eran constantes en diferentes zonas y las extorsiones se volvieron el pan de cada día para los comercios.

Pero en 2012 la situación empeoró. Los registros de estos hechos provocados por la delincuencia organizada subieron casi a 70 repartidos en 15 estados. Colima, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas y el Distrito Federal se unieron a la lista y hacían parecer que el país entero se estaba incendiando constantemente.

Pero los pequeños comerciantes siguen siendo los más vulnerables. En el primer semestre de 2015 se reportaron 18 incendios, de los cuales 14 han sido negocios que no cuentan con las suficientes medidas de seguridad como tienditas, minisúper y talleres mecánicos. En todos se exigía la paga por cobro de piso.

Cifras de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2014) documentó 412 mil 538 extorsiones contra negocios en 2013, 94% de las cuales no fueron denunciadas ante las autoridades. La micro y pequeña empresa fue l a más perjudicada.

Cerrar o sobrevivir

En la zona centro-oriente de la ciudad de México se lleva a cabo la reunión semanal de los miembros de Unefarm. Todos son farmacéuticos independientes que están luchando por profesionalizarse y formar un grupo que pueda superar las presiones del crimen organizado. Esta sociedad nació en 2009 y actualmente cuenta con cinco mil 600 asociados. “Somos muy vulnerables, porque quien atiende la farmacia es el mismo dueño”, dice Juvenal Becerra, presidente de la organización.

Desde entonces, han registrado pérdidas de aproximadamente 500 millones de pesos y la muerte de 30 miembros.

No son los únicos dentro del ramo. En agosto de 2012, un local de Farmacias Similares fue incendiado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Los malhechores dejaron un mensaje en una de las bardas en donde referían que era consecuencia de no pagar el derecho de piso. Casi dos años después Farmacias del Ahorro sufriría el mismo atentado en una de sus sucursales en Morelia, Michoacán.

La situación para los miembros de Unefarm ha ido más allá. De 2010 a 2015 han tenido que cerrar 300 locales en Guerrero, Tamaulipas, Estado de México y Michoacán. La causa: el cobro de piso.

Estos cuatro estados son focos rojos. “Es donde más ha pegado la violencia”, dice Juvenal. El pago de “cuota” varía dependiendo el lugar, pero va de cinco mil a 25 mil pesos semanales. Además, al ser un grupo independiente, los criminales los tienen más en la mira.