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Edificios en construcción de tres hospitales públicos (destinados a resolver la sobredemanda de servicios), de un centro de convenciones y exposiciones de Aguascalientes, además de una torre empresarial pagada con recursos públicos, llevan años en proceso, lo que las ha encarecido, además de que muestran huellas de descuido.
Las construcciones están rodeadas de yerba crecida, tienen enmallados caídos, daños por vandalismo o robo de cableado eléctrico, en algunos casos desaparecieron las mamparas oficiales que las anunciaban.
En la zona nororiente de la ciudad sobresale a la distancia un conjunto de columnas de acero con un muro de hormigón de lo que será el nuevo Hospital Miguel Hidalgo, de 200 camas, y que comenzó a construirse hace siete años con una inversión de 824 millones de pesos. El compromiso oficial era que estaría en servicio dos años después.
Cifras del gobierno del estado señalan que se han erogado 640 millones 197 mil pesos en la obra, pero se invertirán otros 580 millones de pesos; la autoridad estima que el costo podría superar los mil 400 millones.
La primera piedra del nuevo Hospital Miguel Hidalgo la colocó el gobernador Luis Armando Reynoso Femat en octubre 2008, pero la obra no fue retomada por el gobernador Carlos Lozano de la Torre (2009-2015) aunque en 2011 pidió a la Secretaría de Salud federal por lo menos 973 millones de pesos para concluir el proyecto.
Durante su campaña, Enrique Peña Nieto prometió terminarlo y equiparlo al llegar a la Presidencia.
“Todos los políticos son iguales, hablan de millones y millones, pero ninguno resuelve nada”, comentó Ana Luisa Rodríguez, propietaria de un negocio de tortas ubicado a una cuadra del futuro Hospital Hidalgo.
El secretario de Salud del estado, José Francisco Esparza, señaló que estaría terminado en septiembre de 2016 luego de que por gestiones el gobernador logró, en mayo pasado, 580 millones de recursos federales.
El 16 de junio pasado la entonces diputada federal Tere Jiménez presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que se agilizara, en un término de 30 días, el envío de recursos de la Secretaría de Hacienda para la terminación de la construcción y la puesta en operación del Hospital Hidalgo y en agosto se acordó hacer el exhorto al Ejecutivo federal para que considere una partida presupuestal para 2016.
En el municipio de Jesús María está detenida la edificación del Hospital General de Zona Número 3 del Seguro Social (de 144 camas), que inició el 4 de noviembre de 2013 y debió estar concluida el 27 de abril de 2015 para beneficio de 200 mil usuarios.
El contrato de obra pública entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la empresa Tradeco Urbana, que aparece en el portal de compras de la dependencia, señala que en la construcción se invertirán 447 millones 639 mil 439 pesos.
La obra, sin embargo, se paralizó al registrar un avance de 30% cuando el instituto rescindió el contrato a la empresa constructora Tradeco por incumplimiento en las obligaciones pactadas en el contrato. El delegado estatal del Seguro Social, Diego Martínez Parra, dijo que la obra iniciaría en julio o agosto, pero no fue así.
Una supuesta falla geológica en el terreno propició la orden de “suspensión de obra” de construcción del hospital de 60 camas del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) en el municipio Pabellón de Arteaga, reveló un ex empleado del lugar, con las reservas de su identidad.
“De manera extraña se pararon las obras”, observó en marzo pasado el diputado local Cuauhtémoc Escobedo Tejada del PRD.
El titular del ISSEA se negó a dar una explicación para conocer el motivo de la supuesta cancelación de la obra.
En abril de 2014 el gobernador Carlos Lozano de la Torre puso la primera piedra del hospital con el que se propuso la atención de los habitantes de esa zona de la ciudad que carecen de seguridad social y los municipios de Rincón de Romos, Jesús María y de Pabellón, que ya no tendrían necesidad de desplazarse a la capital al Hospital Centenario Miguel Hidalgo, que tiene una sobredemanda de servicios.
En el proyecto se contempla la construcción del edificio en más de 11 mil metros cuadrados en la colonia Plutarco Elías Calles, con una inversión inicial de 100 millones de pesos; lleva al menos siete meses detenida con un avance de alrededor de 25%.
En un terreno del bulevar San Marcos está en el abandono la obra del edificio México Emprende que ocuparían organismos del sector privado, entre éstos Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial.
En un anuncio se describió la obra que se planeó en 2009 por el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat, y para el que se hizo un préstamo superior a los 29 millones de pesos, de éstos, nueve fueron del Fideicomiso de Inversión y Administración Para el Desarrollo Económico del Estado (FIADE) para adquirir el terreno, y 20 millones de pesos de la Federación y del gobierno estatal, 50 y 50, para la construcción.
En torno a la obra hay una denuncia penal por fraude de 10 millones de pesos en el uso de los recursos en los que se involucra a Sergio Sáez Avilés y Rafael Medina de Lara, ex administrador y ex dirigentes de Canacintra, respectivamente, y que tiene comprometidas a las cámaras empresariales que se obligaron a contratar la deuda.
Los líderes empresariales, en voz de sus empleados, han ofrecido al gobierno del estado el terreno y el edificio en obra negra en pago de la deuda y de los intereses de 2009 a la fecha.
En la acera contraria, sobre el bulevar San Marcos a la izquierda, sobresale un edificio en forma de vela de barco, denominado Capital City, que se relaciona como propiedad del ex gobernador Reynoso Femat; y a la derecha, anexa a la Isla San Marcos, el edificio en construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de Aguascalientes detenido por periodos y que ahora avanza lento.
El 22 de octubre de 2008, Reynoso Femat puso la primera piedra de lo que sería el Centro de Convenciones y Exposiciones, en un terreno de 11.3 hectáreas con un presupuesto de 500 millones de pesos, bipartita, estatal y federal, por el desarrollo económico y el turismo de Aguascalientes.
El compromiso del gobernador Carlos Lozano es que el Centro de Convenciones estará finiquitado y en funciones antes de abril de 2016, cuando inicia la Feria Nacional de San Marcos; para ello se ejercerán 272 millones de pesos federales y 75 millones estatales.
En 2012, Enrique Peña Nieto también ofreció que como Presidente de la República, concluiría el Centro de Convenciones y el tramo corto del Ferrocarril Aguascalientes-Guadalajara.
El gobernador Lozano de la Torre, además, tiene la promesa de terminar el tercer anillo de Circunvalación de la capital, iniciado hace 17 años.
Frente al Océano Pacífico se erige una construcción monumental, tan grande que bloqueará un tramo de vista al mar. Eso será cuando el llamado Museo Caracol de la ciudad de Ensenada abra sus puertas al público.
El recinto es un rectángulo de concreto de más de 6 mil metros cuadrados que se erige sobre el malecón del puerto localizado en Baja California. Es un edificio blanco con ventanales de vidrio que desde hace ocho años permanece desolado.
Sin embargo, pocos saben qué será ese edificio que se encuentra en construcción desde que Ernesto Zedillo era presidente, cuando estalló la huelga en la UNAM o desde que mataron a Paco Stanley.
Fue a finales de 1998 que inicio la edificación de esta obra construida con fondos del gobierno federal y estatal.
Cuando se le pregunta a un ensenadense qué es o qué será el edificio blanco localizado en el muelle, levantan los hombros.
Dicen que tiene forma de una ballena varada en la arena. Aunque hay otros que responden que tiene forma de elefante: “Un gran elefante blanco”.
Según información de su portal de internet, el sitio sería líder en el ramo de la divulgación científica y la tecnología.
María Antonia Martínez, directora del Museo Caracol, admitió que la verdad “sí se han tardado”. Sin embargo, la construcción de un museo de ese nivel no es cosa fácil, explicó.
La inversión total del museo asciende a 153 millones de pesos en un terreno de 2 mil 657 metros cuadrados. El 53% ha sido costeado por el gobierno federal y 43 % por el gobierno del estado. Así ya han pasado tres presidentes y el museo sigue recibiendo dinero; la fecha de inauguración aún es incierta.
En 2014 recibió una aportación de 12 millones de pesos por parte de la Secretaria de Turismo federal encabezada por Claudia Ruiz Massieu.
Mientras, el museo renta tres salones para bodas y festejos.
Para ingresar a México desde California, Estados Unidos, hay que frenar abruptamente porque la carretera que conecta ese país desaparece sin aviso alguno, además de tomar una curva de 90 grados que descontrola a los conductores que se aventuran a circular por ahí.
El olor a llanta quemada anuncia que se ha llegado a la Garita Internacional para ingresar a México El Chaparral, como la nombró el ex presidente Felipe Calderón.
La nueva entrada a México fue inaugurada el 1 de noviembre de 2012, y se convertiría en la última obra de infraestructura que Calderón inaugurara.
La obra duró sólo 10 meses y se realizó en año electoral. La garita contó con una inversión de 265 millones de pesos, más la infraestructura en puentes y complementos que superaron los mil millones de pesos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes construyó cuatro puentes vehiculares, de dos carriles cada uno, que sustituían al actual Puente México (la antigua garita), “para propiciar el flujo vehicular de manera ordenada, rápida y segura”.
Los cruces de Estados Unidos a México tendrían que tardar de tres a cinco minutos a Tijuana en días normales, y 10 minutos los viernes en horas pico.
“Por extraño que parezca, nosotros estamos terminando primero y terminaremos primero lo que acordamos con los americanos”, dijo Calderón al inaugurar la nueva entrada a México sin que Estados Unidos hubiese iniciado la construcción para conectar la obra desde su país.
Desde 2012, el gobierno de Estados Unidos manifestó que podría empezar la obra pronto, sin embargo, la fecha no es clara. Mientras tanto la antigua entrada a México, que se localiza a un costado de El Chaparral, fue deshabilitada y sirve como estacionamiento para las autoridades aduanales.
La curvatura de 90 grados, lejos de disminuir los flujos fronterizos, ha provocado que en horas pico la entrada a México se extienda hasta una hora. Mientras que por el mega puente peatonal que construyó Calderón nadie puede cruzar por que no se conecta con otro puente en Estados Unidos.
Pero hay nuevos planes para la garita más transitada del mundo: la instalación de una obra escultórica monumental llamada Puerta de las Américas, justo en medio de los 22 carriles para ingresar a México, punto donde confluyen miles de vehículos y se genera el cuello de botella.
Coordinada por el Colegio de la Frontera Norte, se instalara en El Chaparral.
Sera diseñado por el escultor Sebastián, y “simboliza un poderoso punto de atracción de todos los flujos del continente, haciendo a través de su forma la metáfora de un nudo voluntario y creativo, que permite a las sociedades coincidir de manera acordada y sin tensiones”.
En noviembre de 2011, el entonces gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias, junto con autoridades y empresarios, sonreían mientras colocaban la primera piedra de una de las obras de mayor inversión para el estado y emblemática porque sería la sede oficial de la cumbre del G20 que se realizaría siete meses después, en junio de 2012.
Sin embargo, a casi cuatro años de distancia, el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos, que recibió a la cumbre de líderes del mundo, y en donde se requirió una inversión de al menos mil millones de pesos, es un edificio en ruinas, carcomido por el tiempo y los vientos, especialmente los del huracán Odile.
Es un inmueble en el que ya no lucen los jardines porque se secaron; donde hay vidrios rotos, puertas abiertas, plafones caídos, paredes despintadas, astas oxidadas y sin banderas.
De lo que alguna vez se consideró como uno de sus principales atractivos, un muro verde de 2 mil 38 metros cuadrados de plantas endémicas —calificado como el “más grande del mundo” por la propia constructora—, hoy quedan sólo vegetales deteriorados.
El edificio prácticamente sólo se utilizó para aquella cumbre y nunca fue detonante del turismo de convenciones, como tanto presumieron los gobiernos en turno de los tres niveles.
Desde sus inicios, la obra no estuvo exenta de controversias. Por el proceso de adjudicación directa a Ingenieros Civiles Asociados (ICA), por lo costoso y el poco tiempo para realizarla, solamente siete meses.
Además, a nivel local se reavivó el tema de la edificación del Hospital General de Especialidades, Juan María de Salvatierra, en La Paz, a cargo también de ICA en 2010, y que meses después, la Secretaría de Salud del estado, dio a conocer una larga lista de vicios ocultos.
Finalmente, luego de meses de incertidumbre, la empresa entregó el inmueble el 1 de junio de 2012, aunque no en su totalidad. Covarrubias señaló entonces que se trataban de “cosas menores”; sin embargo, no quedó tampoco claro si se licitaría a un particular o sería bajo otro esquema. Con todo, la reunión se realizó.
Sin embargo, el 14 de septiembre de 2014 el huracán Odile azotó el puerto de Los Cabos y el edificio también sufrió daños, estimados en 50 millones de pesos. Autoridades señalaron que esto también retrasó el proceso de licitación.
Desde que se entregó, a la fecha, han pasado más de tres años y no ha quedado resuelta su operación. Esto pese a ser un inmueble que costó mil 200 millones pesos y con capacidad para albergar hasta 6 mil 400 personas en tres salas de exposiciones, siete salas de convenciones, área de servicios, jardines, entre otros.
Representantes del sector turístico han advertido que es un inmueble que prácticamente no se ha utilizado, salvo contadas ocasiones, incluyendo el G20.
“Han sido eventos informales en los cuales se ha abierto en renta casi gratuita para darle un poco de movimiento, pero ni los hoteleros lo hemos podido promover porque no sabemos qué va a pasar con él”, afirma Juan Carlos del Río, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes en Los Cabos.
Una iniciativa similar se desarrolla en La Paz, Baja California Sur, en donde se construye un Centro de Convenciones, cuyos trabajos iniciaron en noviembre de 2012, y para el que se estima una inversión de 400 millones de pesos.
Fueron inauguradas ya dos etapas. Dispone de dos salones, con capacidad para 5 mil 200 personas, cocina, planta de tratamiento y módulos sanitarios. No obstante, según confirmó el recién nombrado secretario de Turismo del estado, Genaro Ruiz, en ninguno de los dos inmuebles se han concluido las reglas de operación, por tanto, éste tampoco se ha utilizado.
Cuando los turistas y residentes avanzan hacia la zona del Pedregal de Cabo San Lucas, una de las más exclusivas del puerto, lo primero que se observa es un gran edificio moderno, obra del despacho Serrano Monjaraz Arquitectos, que pretendía ser uno de los recintos culturales más importantes en el país.
El denominado Pabellón Cultural de la República, Nabor García Aguirre, se construyó dentro del paquete de obras para festejar el Bicentenario de la Independencia. Se concursó en 2008 y se eligió al ganador de entre 11 propuestas, y se proyectó con un costo de 300 millones de pesos a concluir en 2010, fecha que no se cumplió y se entregó un año después, en 2011, en su primera etapa.
El proyecto incluía un teatro al aire libre, salas de exhibición, centro de arte y un Museo de la Biodiversidad que nunca se construyó en una superficie de terreno de 24 mil 275 metros cuadrados. Artistas y funcionarios señalan que el resultado está lejos de lo que se prometió.
El recinto, aunque se vio afectado por Odile, también tiene fallas en la construcción. Protección Civil municipal detectó que le faltaban señalamientos preventivos, así como potenciales riesgos en la construcción, con poca ventilación y salidas de emergencias.
En entrevista, Alán Castro Ruiz, recién nombrado director municipal de Cultura de Los Cabos, informó que el proyecto de entrada no cumplió con la convocatoria ni la maqueta que se presumió por toda la geografía estatal.
Desde su inauguración, en abril de 2011 no se ha convertido en el recinto cultural de talla nacional que se pretendía.
“La intención fue buena, pero no se cumplió. Todos estos años el pabellón se limitó a cumplir como un espacio para graduaciones y no para fortalecer las artes y la cultura”, concluyó.
Una supuesta falla geológica en el terreno propició la orden de “suspensión de obra” de construcción del hospital de 60 camas del Instituto de Servicios de Salud del Estado de BCS (ISSEA) en el municipio Pabellón de Arteaga, reveló un ex empleado del lugar, con las reservas de su identidad.
“De manera extraña se pararon las obras”, observó en marzo pasado el diputado local Cuauhtémoc Escobedo Tejada del PRD.
El titular del ISSEA se negó a dar una explicación para conocer el motivo de la supuesta cancelación de la obra.
En abril de 2014 el gobernador Carlos Lozano de la Torre puso la primera piedra del hospital con el que se propuso la atención de los habitantes de esa zona de la ciudad que carecen de seguridad social y los municipios de Rincón de Romos, Jesús María y de Pabellón, que ya no tendrían necesidad de desplazarse a la capital al Hospital Centenario Miguel Hidalgo, que tiene una sobredemanda de servicios.
En el proyecto se contempla la construcción del edificio en más de 11 mil metros cuadrados en la colonia Plutarco Elías Calles, con una inversión inicial de 100 millones de pesos; lleva al menos siete meses detenida con un avance de alrededor de 25%.
En un terreno del bulevar San Marcos está en el abandono la obra del edificio México Emprende que ocuparían organismos del sector privado, entre éstos Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial.
En un anuncio se describió la obra que se planeó en 2009 por el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat, y para el que se hizo un préstamo superior a los 29 millones de pesos, de éstos, nueve fueron del Fideicomiso de Inversión y Administración Para el Desarrollo Económico del Estado (FIADE) para adquirir el terreno, y 20 millones de pesos de la Federación y del gobierno estatal, 50 y 50, para la construcción.
En torno a la obra hay una denuncia penal por fraude de 10 millones de pesos en el uso de los recursos en los que se involucra a Sergio Sáez Avilés y Rafael Medina de Lara, ex administrador y ex dirigentes de Canacintra, respectivamente, y que tiene comprometidas a las cámaras empresariales que se obligaron a contratar la deuda.
Los líderes empresariales, en voz de sus empleados, han ofrecido al gobierno del estado el terreno y el edificio en obra negra en pago de la deuda y de los intereses de 2009 a la fecha.
En la acera contraria, sobre el bulevar San Marcos a la izquierda, sobresale un edificio en forma de vela de barco, denominado Capital City, que se relaciona como propiedad del ex gobernador Reynoso Femat; y a la derecha, anexa a la Isla San Marcos, el edificio en construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de BCS detenido por periodos y que ahora avanza lento.
El 22 de octubre de 2008, Reynoso Femat puso la primera piedra de lo que sería el Centro de Convenciones y Exposiciones, en un terreno de 11.3 hectáreas con un presupuesto de 500 millones de pesos, bipartita, estatal y federal, por el desarrollo económico y el turismo de BCS.
El compromiso del gobernador Carlos Lozano es que el Centro de Convenciones estará finiquitado y en funciones antes de abril de 2016, cuando inicia la Feria Nacional de San Marcos; para ello se ejercerán 272 millones de pesos federales y 75 millones estatales.
En 2012, Enrique Peña Nieto también ofreció que como Presidente de la República, concluiría el Centro de Convenciones y el tramo corto del Ferrocarril BCS-Guadalajara.
El gobernador Lozano de la Torre, además, tiene la promesa de terminar el tercer anillo de Circunvalación de la capital, iniciado hace 17 años.
El Puente de la Unidad que conectaría a Ciudad del Carmen con la Península de Yucatán y en la que Petróleos Mexicanos (Pemex) invirtió 833 millones de pesos, sigue siendo una promesa para los habitantes, quienes fueron testigos del arranque de la obra en 2012.
Durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y de la administración estatal del priísta Fernando Ortega se inició la construcción de esta obra ubicada entre Ciudad del Carmen e Isla Aguada que tendría una dimensión de 3.3 kilómetros de longitud y beneficiaría a todo el sureste del país, pues se esperaba que por él transitaran 3 mil vehículos diarios y unas 90 mil personas lo cruzaran cada año.
Sin embargo, todo ha quedado en una promesa; EL UNIVERSAL constató que este puente, considerado en su momento como el segundo más largo del país, no lleva ni 10% de avance a pesar que, según lo planeado, debió entregarse en octubre de 2014.
Por si fuera poco ha presentado fallas, pues el año pasado se le cayó una de las trabes ocasionando más demora en su construcción.
Los pobladores de Isla Aguada aseguran que nunca verán concretado esta magna obra por la cual Pemex, hasta 2014, había pagado a la constructora Tradeco Insfraestructura 300 millones 492 mil 754 pesos.
Cuando se colocó la primera piedra, el entonces gobernador, Fernando Ortega Bernes, dijo que este puente era un acto de justicia que apreciaban los campechanos “porque representa una respuesta solidaria de Pemex que es la institución responsable financiera, técnica y administrativamente de la construcción, lo que nos garantiza un puente moderno”.
Los retrasos y abandono de esta obra han llegado incluso hasta al Senado de la República. El pasado 20 de febrero de 2014 el senador por el PRI, Óscar Román Rosas propuso un punto de acuerdo en donde se exhortaba a Pemex que informara sobre las condiciones de la obra.
En ese documento solicitó a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (STC), que en apego a sus atribuciones, realizara un estudio sobre el cumplimiento de las normas, lineamientos técnicos y materiales utilizados en la construcción.
En aquel discurso donde se dio el banderazo inicial en octubre de 2012, el ex presidente Calderón Hinojosa se dijo satisfecho con este logro alcanzado: “A mí me honra poder devolver a Ciudad del Carmen algo de lo mucho que le ha dado para que Pemex pueda crecer y expandirse”. Pese a esto, los campechanos siguen esperando que se reactive la construcción que hoy luce en completo abandono.
Otra de las obras que prometió el ex gobernador de Campeche Fernando Ortega Bernes, y que dejó pendiente, es el Hospital Materno Infantil que debió entregarse en mayo de este año, pero, por diversos retrasos, sólo es un edificio sin servicio.
Ubicado en la avenida Central de Ciudad del Carmen, Campeche, el hospital, cuya primera piedra se colocó el 26 de marzo de 2012 y que ya debería estar en funcionamiento, se le han invertido 300 millones de pesos, pero aun le falta todo el equipo médico, por lo que se deberán inyectar 50 millones de pesos más, afirmó Ortega Bernes antes de dejar el cargo.
La obra estuvo detenida por cerca de seis meses debido a que la empresa constructora que ganó la licitación tuvo problemas con el asociación de volqueteros del municipio.
Es un edificio en obra negra, pues no cuenta con puertas principales, no se ha construido el estacionamiento y tampoco ha sido equipado.
Sólo se aprecian algunos trabajadores, quienes impidieron el paso a este equipo para evitar que se tomaran fotos del interior del inmueble.
Cuando se presentó el proyecto se afirmó que este hospital estaría dedicado al cuidado de los niños y las mujeres, no sólo de Ciudad del Carmen, sino de poblaciones cercanas.
Se definió como una unidad médica con alta capacidad para atender padecimientos de mediano y alto nivel de complejidad diagnostica y con avanzados recursos tecnológicos. Todas estas promesas se espera que se cumplan hasta 2016, fecha anunciada para concluir la obra.
En medio de la polémica por un retraso de tres años, el acueducto paralelo Chicbul-Ciudad del Carmen fue inaugurado en mayo de 2014, pero todas las obras que implican el proyecto millonario no han sido concluidas.
A esto se le suma que a más de un año ya presenta fallas y corrosión en algunas de sus instalaciones.
Este proyecto consiste en la ampliación de la zona de captación de agua subterránea en la localidad de Chicbul, al sureste de Ciudad del Carmen. Tiene una longitud de 120 kilómetros y significó una inversión de poco más de mil millones de pesos, de los cuales la Federación aportó 436 millones 951 mil 675 pesos, y el estado destinó 566 millones 291 mil 163 pesos.
Este acueducto permitiría dotar de agua a todos los hogares carmelitas con hasta 275 litros por segundo, y en una segunda etapa, la presión será de más de 450 litros por segundo, sin embargo, el problema radica en que el drenaje y las tuberías de la ciudad son obsoletas, por lo que en vez de ayudar, esto provocó rupturas en varias zonas del viejo acueducto que aun no ha sido rehabilitado, lo que ha causado que los carmelitas sigan sufriendo por el mal servicio de agua.
Construido entre 1996 y 1998 con un costo de 200 millones de pesos para conectar vía aérea San Cristóbal de las Casas y el Distrito Federal, el aeropuerto Corazón de María hoy es una ruina.
En 2004 despegó el último avión comercial, aunque continuó operando para vuelos particulares hasta julio de 2010, cuando se desmanteló el equipo de aeronavegación. Dos años después comenzó la rapiña e invasión.
Para el cierre se arguyó que “era inoperante” porque los costos de mantenimiento eran superiores a los recursos económicos que ingresaban, dijo la administración del aeropuerto; otra de las razones del cierre que se argumentó fue que la pista resultaba peligrosa pues estaba en una zona cavernosa.
Los empresarios aseguraban que Salazar Mendiguchía quería el cierre del Corazón de María porque la obra había sido construida y planeada en los gobiernos de los priístas Julio Ruiz Ferro (1995-1998) y Roberto Albores Guillén (1998-2000).
En ese momento, ningún empresario alzó la voz ante el temor de sufrir alguna represalia.
Corazón de María inició su construcción en 1996 en un terreno de 165 hectáreas; un año después fue incorporado a la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares con una pista de 2.6 kilómetros de longitud acondicionada para recibir aviones Boeing 737.
Entre 1997 y 1998, la empresa Aerocaribe inició operaciones con un vuelo semanal entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal, luego se amplió para los días martes y jueves y de lunes a viernes.
Después la empresa abrió la ruta al Distrito Federal, que partía del aeropuerto El Copalar, en el municipio de Comitán óhoy también en abandonoó, para hacer escala en Corazón de María y de ahí a la capital del país.
El 21 de julio de 2010, Aeropuertos y Servicios Auxiliares retiró el equipo de aeronavegación e instalaciones aeroportuarias para dejar las instalaciones a cargo del ayuntamiento y el gobierno del estado.
Dos años después, en 2012, indígenas tzotziles de las comunidades Los Llanos, Las Huertas, El Escalón y San Isidro, irrumpieron en el aeropuerto presuntamente para ìtomar las tierras, que les pertenecíanî, pero hurtaron ventanas, cables, puertas, láminas, tubería de cobre, lozas, muebles de baño y otros materiales del edificio, hasta dejarlo en ruinas. El inmueble era resguardado de día y el saqueó se realizaba de noche. Cuando aquello quedó en ruinas, a los agentes se les ordenó que se retiraran.
Los tzotziles construyeron chozas alrededor de la pista de aterrizaje de 2.6 kilómetros de longitud con una plataforma para la aviación comercial de 6 mil metros cuadrados.
Actualmente los pilotos de Servicios Aéreos San Cristóbal, que se ubican en Comitán, intentan rescatar el aeropuerto Corazón de María, aunque también tienen en la mira El Copalar, como un aeropuerto para el servicio turístico y de servicios a Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Frontera Corozal y otros puntos de la entidad.
La propuesta surgió porque el campo aéreo de Comitán, que se ubica al lado de una plaza comercial y una gasolinera, ya es inoperante para avionetas tipo Cesna que viajaban a la selva, según les notificó la Secretaría de Protección Civil.
El jefe de pilotos de Servicios Aéreos San Cristóbal óempresa con 23 años de servicioó, Luis Gómez del ¡ngel, cree que Corazón de María es un punto clave para la operaciones de esa empresa debido a que San Cristóbal de las Casas es la ciudad favorita de turistas nacionales y extranjeros.
El problema principal es el deterioro en que se encuentran las instalaciones, por lo que sugiere habilitar el aeropuerto El Copalar, de Comitán, que cerró en 2004 porque estaban en construcción el Ángel Albino Corzo.
La reapertura de los aeropuertos Corazón de María y El Copalar tiene entusiasmados a los prestadores de servicios debido a los constantes cierres de las carreteras por parte de grupos indígenas, lo que dificulta el traslado de personas hacia el aeropuerto de Ángel Albino Corzo o llegar hacia Palenque por una carretera con más de 300 topes, asaltantes y bloqueos.
El 27 de noviembre de 2010 se inauguró la planta de biodiesel en Puerto Chiapas, donde se presumió que el uso de biocomustibles era el ìfuturoî.
Para la obra el gobierno del estado destinó 21 millones de pesos y el gobierno federal 15 millones.
La carrera por los biocombustibles parecía estar en marcha en Chiapas ya que además en julio de 2012, con una inversión de 6 millones 600 mil pesos, se inauguró en esta entidad la primera Planta Extractora de Aceite de Jatropha Curcas (también conocido como piñón) del país.
El aceite extraído se enviaría a la primera planta de biodiesel instalada en Puerto Chiapas, y ya transformado en biodiesel se expendería en la primera biodiselera de México, ubicada en Tuxtla Gutiérrez.
En la euforia, llegaban a Chiapas empresarios para promover la siembra de piñón mexicano y casi un millar de productores fueron apoyados por el gobierno del estado, con 6 a 8 mil pesos por hectárea sembrada.
Antes de que concluyera el gobierno de Juan Sabines Guerrero (diciembre de 2012), la planta había colapsado.
El 22 de marzo de 2010, en la periferia de la cabecera municipal de La Trinitaria, se inauguró el Mercado de Productores que beneficiaría a 71 mil 456 campesinos de la región.
La obra que llevó a cabo la Secretaría de Infraestructura tuvo un costo de 30 millones de pesos, consta de tres naves, 336 locales y 164 espacios para estacionamiento, serviría para impulsar el comercio de tomate, limón persa, melón, sandía, cebolla y otros productos que se cultivan en La Trinitaria, La Independencia y Frontera Comalapa.
Al paso de los años los productores dejaron de frecuentar el lugar debido a que no tenían ganancias, por lo que optaron por viajar hacia la central de abastos de Comitán. La obra ubicada al inicio de la carretera que va a Lagos de Montebello, está abandonada.
En medio de ranchos empobrecidos se levanta majestuoso el Polideportivo que cuenta con pista para motocross, dos canchas de frontón, dos de tenis, dos de futbol rápido, una pista de atletismo, una cancha de hockey , un campo de f˙tbol americano y palapas.
El sitio fue construido en medio del páramo y un par de años después de su inauguración, en mayo de 2008, se asfaltó el camino con un costo de 2 millones 832 mil 810 pesos.
En 2008 también se construyeron dos canchas de tenis con un presupuestos de un millón 604 mil 529 pesos; en febrero de 2015 se construyó un campo de f˙tbol americano de 5 millones 289 mil 580 pesos, y se levantó una pista de atletismo de tartán de 8 millones 273 mil 698 pesos.
Hoy, el Polideportivo está en el abandono, pues los atletas no lo frecuentan debido a que tienen que recorrer entre 25 kilómetros de ida y vuelta.
Además, pese a la inversión, los baños no cuentan con servicio de agua potable y no hay alumbrado, ya que la tubería de cobre, los cables y cajas de registro fueron robados.
A tres años de haber sido terminado y con una inversión original de 80 millones de pesos, este centro recreativo fue instalado a un costado de la presa del mismo nombre, sin embargo, en la planeación no se consideró que el nivel del agua pudiera subir, y después de la primera tormenta el agua lo cubrió casi por completo.
Ubicado al oeste de la capital, el parque metropolitano El Rejón se anunció por la administración municipal anterior como el mayor espacio deportivo, recreativo, y cultural de la ciudad. Se trató de un complejo habilitado con pistas para corredores, pistas para ciclistas, múltiples áreas verdes, sitios de descanso, asadores, juegos infantiles, mobiliario para hacer ejercicio y hasta una playa artificial con arena.
Inexplicablemente, al concebir la obra se contempló desarrollar más de la mitad en el vaso de la presa, que en ese momento formaba una explanada enorme, pero que era parte del trazo natural del cuerpo de agua.
Bastó que en 2013 una lluvia atípica que duró unos días y una tormenta de varias horas para que los corredores, áreas verdes, asadores, zonas de ejercicio, juegos y playa artificial se inundaran, quedando tres metros bajo el nivel del agua.
Hace un año el ayuntamiento retiró la mayor parte del mobiliario que quedó dentro de la presa, ya que comenzó a oxidarse y representaba un importante riesgo de contaminación. El alcalde Javier Garfio señaló que las pérdidas fueron incuantificables.
Actualmente sólo el corredor externo y los edificios que se ubican en una colina siguen utilizándose en la parte poniente del parque. Las autoridades locales informaron que no es posible drenar la zona por el elevado costo que representaría.
Ninguna bicicleta rueda en el velódromo de la ciudad de Chihuahua, el cual ya cumplió una década en desuso, y sólo ha servido para acumular promesas gubernamentales de que será uno de los mejores del país.
Fue construido en la Deportiva Sur de esta capital en 2004 con una inversión cercana a los 9 millones de pesos, y en sus primeros dos años albergó algunas competencias regionales. Sin embargo, en 2006 una tormenta prácticamente lo destruyó y se tuvieron que invertir otros 7 millones en la reconstrucción, de entonces a la fecha no se ha vuelto a usar, reconoció el Instituto Chihuahuense del Deporte.
El año pasado el organismo anunció que durante 2015 se invertirían más de 20 millones en una remodelación de este espacio, que incluiría la colocación de techo, pero a la fecha el proyecto no ha iniciado ni se tiene fecha de arranque.
El inmueble permanece cerrado al público, y únicamente personal de la Deportiva Sur tiene acceso para dar mantenimiento a las áreas verdes del exterior.
Son 60 butacas, que costaron, en promedio, medio millón de pesos cada una y que desde hace más de un año no se utilizan.
El cine 4D fue inaugurado por el ayuntamiento a fines de 2013, sin embargo desde junio de 2014 no se ha vuelto a exhibir una sola película.
Este proyecto contemplaba la presentación permanente de películas en “cuarta dimensión”, en las cuales las butacas tienen movimientos con efectos especiales dentro de la sala.
Según dio a conocer el Instituto Municipal de Cultura, no fue posible continuar con las exhibiciones debido a que expiraron las licencias del software con que opera la sala, apenas a unos meses de su inauguración.
Por otro lado, la Auditoría Superior del Estado emitió una observación dentro de la Cuenta Pública de 2013, tras considerar que el costo de 34 millones de pesos que implicó el cine 4D fue elevado, además de no haber realizado un proceso de licitación como lo marca la reglamentación de obra pública.
Durante la administración estatal de Humberto Moreira en Coahuila, se construyó en el municipio de San Juan de Sabinas el Hospital del Minero, que tenía como objetivo atender a los trabajadores de la zona carbonífera.
El inmueble se encuentra a un costado de la carretera entre Sabinas y Rosita y hoy está en completo abandono. El proyecto fue idea de Javier Villarreal Hernández, entonces director del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC) y hoy encarcelado en Estados Unidos por cargos de conspiración de lavado de dinero, robado de las arcas del estado con documentos apócrifos.
Entre 2010 y 2011, Villarreal propuso a los productores mineros invertir en la construcción del hospital parte de los fondos que aportaban por cada tonelada de carbón a la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), aun cuando no ello no era necesario si se considera que los patrones deben dar de alta a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Después de terminada la edificación del complejo, el gobierno del estado solicitó a los productores que aportaran otra cantidad de recursos para el equipamiento del hospital, cuota que nunca se concretó ante la negativa de los particulares.
Jorge Torres, quien entró como gobernador interino a la salida de Humberto Moreira, calificó en su momento la construcción como “un error”, argumentando que los mineros ya contaban con el IMSS. Hoy, Torres es prófugo de la justicia estadounidense por lavado de dinero y fraude bancario.
Ante el vacío de la obra, en la que al menos se invirtieron 40 millones de pesos, el gobierno de Coahuila pidió al IMSS hacerse cargo del proyecto, sin obtener respuesta.
En su momento, la oposición en el Congreso solicitó analizar el tema en tribuna para fincar responsabilidades a quienes autorizaron la construcción del hospital y analizar un posible reembolso a los carboneros. Los priístas se negaron.
En Saltillo, el gobierno municipal construyó un puente peatonal para estudiantes universitarios… que ya no usan. Un millón de pesos costó la obra con la que se pretendía que los alumnos de la Universidad Autónoma del Noreste evitaran el riesgo de cruzar la calle.
El puente peatonal está ubicado justo en uno de los accesos al plantel. Sin embargo, la universidad decidió después cerrar esa entrada correspondiente al bulevar José Musa de León, por lo que los estudiantes ya no necesitan usar la obra.
La nueva entrada se encuentra cerca de un semáforo; por lo que los universitarios simplemente esperan la luz roja para cruzar caminando.
El puente peatonal, además del costo de un millón de pesos, trajo consigo que se colocara una valla en medio del camellón para obligar a los estudiantes a utilizarlo, pues los alumnos insistían en cruzar la calle.
Hace casi 15 años, en 2001, se construyó en el Parque Industrial Santa María de Ramos Arizpe un edificio conocido como La Pirámide, donde se pretendía albergar un destacamento de la entonces Policía Federal de Caminos. Pasaron los años y por razones desconocidas nadie ocupó la construcción.
La Pirámide, en cuya construcción se destinaron siste millones de pesos, quedó en el abandono. Los únicos que la aprovecharon fueron los indigentes, que la utilizan como refugios y los grafiteros, que plasmaron su pintas en las paredes.
En septiembre de 2014, el ayuntamiento anunció que el edificio sería donado al patronato de Bomberos, con la intención de colocar una nueva central de emergencias.
El municipio adelantó que se utilizarían, en una primera etapa, alrededor de 4 millones de pesos para rehabilitar el lugar. En diciembre de 2014 se firmó un convenio con el que Davisa Parques Industriales se comprometía a donar La Pirámide y un terreno contiguo, donde se buscaría crear una central de urgencias especializada en accidentes vehiculares y un área de capacitación para bomberos y elementos de protección civil. A la fecha no se ha concretado nada.
Hace una década, también en Ramos Arizpe, se comenzó la construcción de un conjunto de edificios, que conformarían un Centro Corporativo de Negocios. En un área cercana al aeropuerto Plan de Guadalupe, se buscaba que fuera un espacio para la atracción de negocios. Nunca cumplió con su función.
La obra, que cuenta con cinco edificios, dos de ellos en obra negra, está plagada de grafitis. Los pedazos de cristal se encuentran regados por el interior y nadie se acerca a hacerle caso, salvo los vándalos y pandilleros.
La obra nunca se terminó, pero cuenta hasta con estacionamiento. Los edificios son de tres pisos y se presume que serían para albergar oficinas o salas de conferencias.
Ni el gobierno local ni el estatal responden por este elefante blanco.
El 12 de julio de 2007 el Congreso del estado emitió un decreto para la creación de la Ley de Personas Ilustres del Estado de Colima; posteriormente exhortó al gobierno estatal a crear una monumento para alojaran los restos de tales personajes.
Dos años más tarde, y aprovechando la remodelación que se hacía en el Parque de la Piedra Lisa en la que se erogaron casi 80 millones de pesos, el entonces gobernador Silverio Cavazos decidió construir ahí la Rotonda de las mujeres y los hombres ilustres de Colima, conformada por un hemiciclo de 29 columnas con base de mármol y un mausoleo subterráneo.
En la ley también determinaron los requisitos para considerar a una persona como ilustre y se facultó al Congreso del Estado de Colima para determinar quienes merecerían el honor de tener un lugar en la rotonda.
Aunque para hacer estos nombramientos se han tomado en cuenta muchas opiniones, entre ellas la de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, y aunque hay muchas propuestas al respecto, hasta la fecha no ha habido consenso para determinar siquiera una primera lista.
Hoy la rotonda se encuentra abandonada, grafiteada y dañada; en lugar de ser un punto de reunión se ha convertido en un “gran baño público” que ha generado muchas molestias entre los asistentes al parque que la alberga.
Las quejas por el mal estado en que se encuentra este monumento provocaron incluso que durante la pasada campaña electoral el candidato del PRI al gobierno del municipio de Colima, Óscar Valdovinos Anguiano, propusiera reubicarlo para aprovechar ese espacio y construir ahí algo “más útil”.
En junio de 2009 el gobierno de Tecomán y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunciaron la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que resolvería los problemas de descargas al estero de Mascota, que llega a las playas El Real y Boca de Pascuales, provocando un serio problema de contaminación.
El costo de la obra fue de 156 millones de pesos, según las autoridades, y aunque se argumentó que con esta obra se sanearían por completo las aguas que se vierten al estero, desde que inició operaciones, ésta quedó rebasada.
El proyecto establecía que la planta sólo podría recibir y tratar 300 litros por segundo de las descargas domésticas, sin embargo, nunca se calculó que las empresas establecidas en el municipio también descargarían, lo que hacía necesaria una planta capaz de tratar más de 900 litros por segundo.
Para intentar solucionar este problema se ha tratado de sancionar a las empresas y obligarlas a construir sus propias plantas de tratamiento, pero esta ruta no ha funcionado.
En julio pasado la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán reconoció que las aguas negras de las industrias y los comercios siguen cayendo directamente al cuerpo de agua, pues al llegar a la planta de tratamiento se canalizan tal como llegan a tubos que desembocan en canales de riego que posteriormente las llevan hasta el estero.
Cada año en este municipio se celebran los tradicionales festejos charrotaurinos, evento que atrae a gente de todo el estado y otras entidades, por lo que en 2010 la entonces presidenta municipal, Brenda Gutiérrez Vega (PAN), tuvo la idea de construir un casino que se convirtiera en parte del patrimonio municipal y sirviera de forma permanente como una de las sedes de varias festividades en la comunidad.
La construcción planteada le costaría al erario al rededor de 7.5 millones de pesos, pero desde el inicio las cosas se hicieron mal y las dudas crecieron en torno a esta obra que se asignó sin licitación a un constructor que dejaría el trabajo inconcluso.
Al llegar la siguiente administración municipal encabezada por Enrique Rojas (PRI), varios regidores cuestionaron la obra y acusaron presuntos actos de corrupción, pues calculaban que a lo mucho la inversión del nuevo casino no pasaría de 3 millones de pesos.
En ese momento las nuevas autoridades solicitaron un peritaje a Protección Civil para conocer el estado en que se encontraba la estructura metálica que sostenía una gigantesca lona; la dependencia indicó que existía un riesgo muy grande y que lo más recomendable sería demoler la estructura.
Sin embargo, se tomó la decisión de sólo retirar la lona con el argumento de que la estructura metálica, que continúa en pie y oxidándose, podría ser reutilizada para otras cosas.
Aunque fueron varios los personajes políticos que solicitaron un castigo ejemplar para los responsables de esta obra, aún no hay procedimiento administrativo judicial alguno
Una monumental asta que se quedó sin bandera, un majestuoso hospital planeado para dar servicio de alta especialidad a cuatro estados y que funciona como hospital general, además de una “supercarretera” —considerada la obra más costosa en la última década—, que continuamente tiene tramos cerrados por reparación, son obras que por mala planeación no cumplieron con las expectativas, a pesar de que elevaron su costo y tiempo de ejecución.
El gobierno estatal invirtió 17 millones de pesos en el asta bandera monumental, la más grande de América Latina. La estructura de acero se montó en la cima del cerro La Virgen, a una altura de 220 metros respecto al centro de la ciudad, que sumado a los 125 metros del asta, supera los 350 metros de altura. La bandera mide 61 metros de ancho por 34.85 metros de largo y su precio fue de 300 mil pesos.
Inaugurada el pasado 25 de febrero, perdió su brillo dos meses después, cuando la fuerza del viento la rasgó; se cambió y a los pocos días el incidente se repitió. En septiembre volvió a desgarrarse, aunque ya se había decidió que sólo se izaría sábados y domingos. Actualmente luce una Bandera más chica que la original, prestada por la Décima Zona Militar.
La obra se planeó para acrecentar el turismo en esta capital, para ello se construyó una plaza cívica y un mirador en la base del asta. Lo que no se contempló fue la fuerza del viento y las lluvias. El presidente del Consejo Estatal Ciudadano, Pedro Valencia Nevares, reconoció que la bandera se va a desagarrar y a romper permanentemente, “pues no existe un material que resista las condiciones máximas por su magnitud”.
La monumental obra no se ha visto reflejada en el turismo, aunque el 1 de mayo fue noticia a través de un vídeo que circuló en redes sociales. Se trata de la ceremonia de izamiento donde el rifle de un soldado se atora en la bandera y en su despegue levanta al militar cerca de 14 metros, quien al caer se rompió una pierna.
En 2005 inició la construcción del Hospital Regional de Altas Especialidades en Durango, con un costo de 816 millones de pesos, fue presumida como una de las más importantes obras que se realizarían durante la administración del ex gobernador Ismael Hernández Deras (2004-2010) y del ex presidente Vicente Fox.
Se planeó para dar servicio a la población carente de seguridad social de la Región Lagunera de Coahuila y Durango, así como a ciudadanos de Chihuahua y Zacatecas.
La obra se concluiría en 2007 y en 2008 se llevaría a cabo su equipamiento. Pero fue hasta la segunda quincena de junio de 2014 cuando comenzó a operar al 100% en todas sus áreas. El proyecto tuvo una inversión total de mil 500 millones de pesos.
El 17 de marzo de 2010 el hospital abrió sus puertas, aunque solamente como escenario para que Hernández Deras presentara su quinto informe de gobierno, a pesar de que en seis meses terminaba su gestión.
En el evento se insertó un video donde la secretaria de Salud, Patricia Herrera, revelaba que en el edificio se habían invertido 816 millones de pesos, pero aún faltaban 300 millones de pesos para equiparlo. En un recorrido por el lugar se constató que había áreas sin terminar, con todo esto, Hernández Deras presumió que a mediados de año ya estaría en servicio.
Un mes después comenzó el periodo de prueba de los aparatos del área de imagenología, además se realizaron diversas resonancias, tomografías y fluoroscopías.
Entonces se descubrieron errores en el diseño del hospital y en la instalación de tomas de electricidad adecuadas para el funcionamiento, lo que provocó un gasto de 5 millones de pesos extras, incluidos cambios en el sistema de aire acondicionado.
En septiembre de 2010 inicia la administración del gobernador Jorge Herrera, quien encuentra al hospital sin equipamiento y algunas áreas en obra negra. En mayo de 2011 se informó que el gobierno federal destinaría 180 millones de pesos más para la obra y que ese mismo año se pondría en operación la primera etapa.
En febrero de 2013 se inaugura la primera etapa del Hospital de Altas Especialidades y se anuncia el cambió de nombre a Hospital General 450, en conmemoración de los 450 años de la fundación de esta ciudad.
El hospital tiene capacidad para 238 camas hospitalarias, 16 para atención de urgencias, 25 módulos de consulta externa, nueve clínicas de especialidades, terapia intensiva, banco de sangre, auditorio, jardín terapéutico, así como un centro anti-alacránico.
En este nosocomio se va a dar atención en: cardiología, nefrología, neurología, hemodinamia, trasplantes, y se contaría con investigación de punta de tercer nivel.
Duró 11 años la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán. Sin embargo, tan sólo un mes después de su inauguración, el 17 de octubre de 2013, tuvo que ser cerrada en algunos tramos, al no resistir los embates de la tormenta tropical Sonia.
Las lluvias traen consigo un presagio del destino de esta vía, pues con cada fenómeno meteorológico sufre daños. En septiembre pasado, las precipitaciones provocaron un deslizamiento de tierra y roca que ocasionaron afectaciones en el túnel Pánuco.
La obra que une las ciudades de Durango y Mazatlán, atravesando la Sierra Madre Occidental, tuvo una inversión de 28 mil 600 millones de pesos, aunque inicialmente se calculó que sería de 8 mil millones de pesos.
El gobernador Jorge Herrera Caldera dijo que con la vía, Durango se abría al mundo para aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo, destacó que se ahorrarían tres horas y media en el tiempo de traslado de la ciudad de Durango a Mazatlán, Sinaloa.
De acuerdo con el proyecto técnico, la longitud total de la carretera es de 230 kilómetros, de los cuales 222 constan de dos carriles y ocho kilómetros de cuatro vías.
Consta además de 61 túneles que suman una extensión de 19.3 kilómetros, mientras que las 115 estructuras —pasos, puentes y viaductos— acumulan 12.5 kilómetros.
Nueve de esos túneles cuentan con tecnología de iluminación, ventilación, equipo para detectar y combatir incendios, y un túnel paralelo a utilizarse en caso de emergencia.
A cinco años de su nacimiento, ni un árbol quedó en pie en el Bosque de las Naciones. “Hasta la piedra con la placa, se volaron”, platica María, propietaria de una tienda de la comunidad de Malagana, en León, cuyo vaso de captación sería transformado en un parque ecosistémico con un lago.
De 7 mil 800 árboles plantados por jóvenes que asistieron a la Conferencia Mundial de la Juventud el 26 agosto de 2010, ni ramas secas existen; sólo queda la tierra removida por las excavadoras que le darían un desnivel al vaso de captación, así como montones de escombro, basura y yerba seca.
“Aquí se reunieron jóvenes de todo el mundo para plantar esperanza, paz y vida en nuestro planeta”, consignaba la placa simbólica con el dibujo de un árbol y la leyenda “Bosque de las Naciones”.
El entonces gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y el alcalde de León, Ricardo Sheffield (ahora diputado federal electo), pusieron la primera piedra y una placa conmemorativa, sembraron un árbol y anunciaron el Bosque de las Naciones en una superficie de 53 hectáreas, donadas por ejidatarios.
Oliva y Sheffield nunca más regresaron y tampoco hubo seguimiento al proyecto por parte del gobernador Miguel Márquez Márquez ni la alcaldesa Bárbara Botello, que sustituyeron a los iniciadores.
A tres años de haber sido concluido, el centro de atención integral para el tratamiento de adicciones en León, sigue sin brindar servicios. En el inmueble sólo hay guardias de seguridad y un equipo de videograbación debido a que en 2014 sujetos irrumpieron y se apoderaron del cableado eléctrico.
La obra con recursos estatales y federales se proyectó con una inversión inicial aproximada a los 35 millones de pesos en un terreno de cinco hectáreas, para el internamiento de personas farmacodependientes en camas y atención ambulatoria.
Esta unidad, ubicada en el sur de la ciudad de León, en el kilómetro 2 de la carretera Santa Rosa Plan de Ayala-San José de la Calera, a unos 400 metros antes del Hospital Psiquiátrico de León San Pedro del Monte, tendría 40 camas y la función de prevención, tratamiento y control de las adicciones.
En septiembre se cumplirán siete años de que comenzó la construcción del nuevo edificio del Congreso local que debió estar en servicio en 2010. Empero, aún no hay fecha para terminar la obra que costará más de 600 millones de pesos, cuando en su proyecto original se fijó un presupuesto de 170 millones de pesos.
“El futuro Palacio Legislativo, ubicado en Guanajuato capital, tiene un avance del 75% en obra negra y enlas siguientes semanas comenzarán los detalles finos: acabados, enjarres, colocación de pisos, cableados”, dijo el secretario General del Congreso Local, Jorge Espadas.
“Va bien, no sabemos si se va a terminar (antes de septiembre), los contratos siguen desarrollándose con normalidad, pero no es prioridad de la Legislatura inaugurarla”, señaló.
Decenas de tinacos de plástico y materiales de construcción pasaron semanas tirados en predios y caminos vecinales por el retraso en la construcción de 212 baños para viviendas rurales a los que el ayuntamiento de León destinó 12 millones 557 mil pesos.Los baños debieron estar concluidos en marzo pasado, sin que hasta la fecha eso haya ocurrido.
Ante las denuncias públicas por presuntas irregularidades, la Contraloría Municipal realiza una investigación por el retraso en la construcción, el proceso de adjudicación de la obra e incumplimiento en los plazos de entrega.
En mayo pasado, ante la instancia fiscalizadora se denunció el tiradero de más de 20 tinacos y materiales de construcción en predios de lascomunidades El Huizache y Cerro Alto, así como la construcción de baños en lugares que carecen de energía eléctrica y sin infraestructura para que se traslade agua a las viviendas para el servicio de los sanitarios.
El contralor municipal Alberto Padilla informó que la edificación de los baños sigue adelante, al igual que la auditoría con la expectativa de que serán terminados aunque sea “a destiempo”.
La construcción ubicada en la costera Miguel Alemán, entre las calles Diego Hurtado de Mendoza y Vasco Núñez de Balboa, albergaría 37 dependencias estatales, para lo que hubo un presupuesto inicial de 700 millones de pesos; sin embargo, a la fecha, la obra se frenó.
Hace cinco años el gobierno del estado informó que la empresa Ten Arquitectos ganó la licitación que, según el presidente del Colegio Guerrerense de Arquitectos, Cozovi Ocampo Guzmán, no tuvo la participación de firmas locales; este despacho, de Enrique Norten, cobró entonces 10 millones de pesos sólo por hacer el proyecto. Desde ese tiempo hasta ahora, criticó, el problema ha sido todo lo que se ha invertido, además de que ya se superó el dinero presupuestado para esa obra.
Zeferino Torreblanca contrató, bajo licitación “a modo”, a uno de los arquitectos más prestigiados del país para un proyecto en el que se incumplió con el Plan Director de Desarrollo Urbano Metropolitano (PDDUM), que prohíbe cualquier edificación de oficinas en la Costera.
Las críticas fueron hechas por diversas agrupaciones de arquitectos, como el Consejo de Urbanismo de Acapulco, que el gobierno del estado atajó justificando que se paga por la renta de oficinas 780 mil 209 pesos al mes.
Ten Arquitectos diseñó el edificio en una superficie de 15 mil 544 metros, terrenos que en su mayoría fueron vendidos por los 150 locatarios del mercado de artesanías Noa Noa, instalado 34 años antes.
Los comerciantes denunciaron que fueron engañados con la compra del terreno, pues mientras a ellos les pagaron entre 100 mil y 150 mil pesos, tenían información de que el gobierno de Torreblanca había “adquirido legalmente” hasta en 114 mil pesos el metro cuadrado.
El ex gobernador Ángel Aguirre suspendió la obra en agosto de 2011, luego la retomó en 2012 y se frenó de nueva cuenta en 2013. Invirtió, según dijo, más de 200 millones de pesos en su conclusión, además de señalar que era “un ejemplo de corrupción”.
La Contraloría General del Estado señaló que tras una auditoría a la obra en 2012, resolvieron iniciar procesos administrativos contra Torreblanca, su ex secretario de Finanzas, Ricardo Cabrera Morín, y el ex subsecretario de Administración, José Antonio Bajos Valverde, entre otros, por la falta de comprobación de más de mil 38 millones de pesos, por la construcción del Cedac.
El entonces contralor general del estado, Julio César Hernández, precisó que para la obra se aprobaron mil 308 millones 869 mil 181 pesos, y se detectaron pagos excesivos por reparación, así como trabajos hechos sin soporte documental. Mas por estos hechos, no hay ningún consignado.
El ex presidente del Colegio de Arquitectos Urbanistas del Estado de Guerrero, Domitilo Soto González, señaló, como observador externo, que la obra lleva 80% de avance, pero sigue con fallas de origen.
A la fecha, INDI —constructora que ha sido señalada por las fallas en el Senado de la República— trabaja en la obra, pero sólo con reparaciones, pues las estructuras metálicas se deterioraron y tuvieron que ser cambiadas, se están supliendo también algunos paneles solares dañados; además, dijo, hay obras subterráneas, todo a cargo del gobierno del estado.
El ex presidente del Consejo Ciudadano, Humberto Díaz, hasta hace unos días encargado de revisar que la obra se ejecutara, admitió que en esta administración el edificio no se concluirá. La vigencia de construcción que expide el ayuntamiento de Acapulco está vencida. En breve entrevista, aseguró que el gobierno que encabeza Héctor Astudillo determinará el futuro del edificio inteligente.
Otra obra que debió entregarse ya es el Hospital General de Especialidades de Chilapa, que se construye desde 2011, y que Lázaro Mazón, ex secretario de Salud en el periodo de Ángel Aguirre, se comprometió a entregar en 2012 y actualmente es sólo un montón de estructuras de cemento y varillas.
A pesar de que es un inmueble que se inició en diciembre de 2011 y que beneficiaría a 132 mil 960 habitantes, esencialmente indígenas de cinco municipios de La Montaña, su construcción quedó en 80%, según declaró el superintendente de JICA —empresa que construía la obra—, Octavio Rodríguez. Ya no hubo recursos.
La obra tendría una inversión de 142 millones de pesos y contaría con 30 camas con crecimiento a 60, ofrecería servicio de consulta externa y de diversas especialidades médicas.
Desde su construcción, en 2008, habitantes de la comunidad indígena de Atliaca, del municipio de Tixtla, que alberga a 9 mil personas, han solicitado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Comisión de Agua y Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) hacer funcionar la red de drenaje y la planta tratadora de aguas residuales para su beneficio, sin que al momento eso haya sido una realidad para esa población.
En 2008, el entonces alcalde de Guerrero, Alfonso Petersen, cedió terrenos del municipio valuados en más de 600 millones de pesos a la empresa española Mecano, para construir un complejo urbanístico llamado Puerta Guerrero, y aunque el proyecto nunca fraguó, el municipio no ha recuperado ese territorio.
El proyecto original contaba con varios edificios de departamentos, dos torres para oficinas, un museo, la rehabilitación del planetario, áreas públicas, un teatro, una escuela, una nueva sede para la Cruz Roja y más de 680 millones de pesos en obras de para la zona, ubicadas al borde de la Barranca de Huentitán; el costo total del desarrollo en los más de 136 mil metros cuadrados entregados por el municipio se estimaba en 7 mil millones de pesos y el propio Cano Forrat aseguraba que estaría terminado en 2012.
En ese año, sin piedra levantada en el predio, la firma española sin notificar al ayuntamiento tapatío vendió parte de las acciones al grupo de inversionistas Operadora Hotelera Salamanca y se cambió el nombre del proyecto a Iconia; han pasado dos administraciones municipales y ninguna ha iniciado el proceso para recuperar los predios o para obligar a la empresa a cumplir sus compromisos y penalizarla por los retrasos.
Enemistades personales y políticas entre los ex presidentes municipales de Tezontepec de Aldama llevaron a parar dos de las obras más importantes para el desarrollo económico y turístico de la demarcación.
El perredista Moisés Cornejo Barrera fue alcalde de Tezontepec de Aldama en el periodo 2006-2009 y asegura que las obras beneficiarían a los 50 mil habitantes de este municipio enclavado en la zona sur del estado, pero las administraciones que le sucedieron (la del priísta Clemente Cornejo y posteriormente del panista Asael Hernández) no continuaron los proyectos y perdieron unos 110 millones de pesos.
EL UNIVERSAL constató que la carretera planeada de 18 kilómetros para conectar al Arco Norte sólo tiene un avance de 9 kilómetros y termina en las faldas del cerro El Xicuco.
El proyecto marcaba una inversión de 80 millones de pesos y ya se habían invertido 40 de éstos aportados por los gobiernos federal y estatal.
Guillermo Medina Paredes, director general de Auditoría Municipios y Obra Pública de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), asegura que las obras están en alguna etapa de su construcción, pero no en el abandono.
Más aún, la Secretaría de Obras Públicas informó a la ASEH que la carretera El Mogote se encuentra terminada al 100%.
En el recorrido que realizó este periódico se observó que los primeros kilómetros de la carretera se encuentran asfaltados, sin embargo, hay partes donde el deterioro es evidente y faltan hasta 20 metros de pavimento; en su lugar hay profundos hoyos.
La autorización de los recursos de esta obra se dio en 2009, pero la erogación se reflejó en la cuenta pública de 2015 y se llevará a cabo una inspección física hasta 2016 en tanto no hay observación que pueda realizarse, destacó el director general de Auditoría, Guillermo Medina.
“Las auditorías se realizan de manera desfasada y no se puede intervenir si no se reflejan en las cuentas las erogaciones”, advierte.
Durante la administración del alcalde Moisés Cornejo también se impulsó la creación del balneario El Ensueño en el municipio de Tezontepec de Aldama para aprovechar las aguas termales y el río que atraviesa la región.
Para el proyecto se adquirieron 13 hectáreas de terreno con recursos autorizados por el entonces presidente de México Felipe Calderón.
En la compra del terreno, la construcción de un par de albercas y la maquinaria para olas se invirtieron 70 millones de pesos. La obra quedó a 70% de su terminación.
En este caso, la Auditoría tiene reporte de que el gasto para la obra ascendió a sólo 50 millones de pesos de recursos federales y por lo tanto, deberán de ser las instancias federales las que hagan una investigación, pues con el paso del tiempo la obra se deterioró y está inservible.
“Los recursos que llegan a presidencias municipales vienen de diferentes orígenes; hay participaciones municipales, estatales o transferidas y hay recursos federales que ellos gestionan directamente y que de no ser por su reflejo en la cuenta pública, nosotros no tenemos conocimiento de esta situación. Hoy la Federación incluye algunos recursos en el presupuesto de egresos que antes no hacía, incluso hay algunos fondos que quedan abiertos”, dijo Medina.
Entre los fondos que la Auditoría estatal no puede auditar se encuentra los del ramo 23, sin embargo, ahora el presupuesto de egresos de la Federación los obliga a incluirlos en la cuenta pública, asevera el funcionario.
Tras la cancelación del balneario, la administración panista determinó, hace un par de años, que los terrenos fueran cedidos para una universidad, hecho que no fue bien recibido por los iniciadores del proyecto, quienes buscan retomarlo y comprar nuevos terrenos para el centro educativo.
La construcción del cuartel general de la Secretaría de Seguridad de Hidalgo, que inició en 2009, es otra obra en el abandono.
En 2010 la edificación fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al no contar con los estudios de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo.
El inmueble se levanta en el Cerro Redondo, área protegida y considerada como reserva natural.
La clausura se dio ante la presión que ejercieron grupos ambientalistas que señalaron la falta de los estudios y manifiestos ambientales.
A 70% de terminarse, el cuartel permanecía clausurado hasta hace unas semanas. De acuerdo con el proyecto, esta obra tenía que haber sido concluida hace cinco años.
En este caso las autoridades de la Auditoría especifican que la obra tuvo autorizaciones de recursos desde 2009; a la fecha se concluyeron cinco etapas, en este proyecto tampoco se tienen reflejadas las erogaciones de la cuenta pública.
“No se tiene la aplicación de recursos, queremos pensar que es por la falta del documento, es decir, hay una normatividad, la ley de obra pública dice, antes de que se pueda reflejar erogaciones, tienes que tener toda la documentación que marca la normatividad”, señala Medina Paredes.
En este caso falta el estudio de impacto ambiental, uno de los primeros documentos que se deben presentar para autorizar una obra.
La inversión de estas cinco etapas alcanzó 53 millones de pesos, pero las autoridades sólo tienen auditado un anticipo de 2 millones 859 mil pesos, que quedaron asentados en la cuenta pública de 2011.
“A la fecha lo único que nosotros hemos revisado es lo que aparece en cuenta pública, sabemos de esta situación y sí la tenemos como algo que pudiera generar cierta problemática, pero no podemos revisarla”, comenta el funcionario.
En estos meses fueron retomados nuevamente los trabajos y se puede apreciar una manta que señala que en el lugar se lleva cabo una etapa más de esta obra, hay algunos veladores y aunque no se observan albañiles, sí hay movimiento y herramientas.
La mala planeación de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 provocó que la Villa Panamericana se construyera tarde y en un lugar inadecuado, lo que hoy la ha convertidos en un elefante blanco muy caro para el erario.
Terminada en octubre de 2011, este complejo de 650 apartamentos y 6.5 hectáreas de jardines que pretendía comercializarse como vivienda de lujo para recuperar la inversión, fue ubicado en una zona de recarga acuífera en El Bajío, a un costado del Bosque La Primavera, por lo que al terminar el evento deportivo el ayuntamiento de Zapopan decidió no entregar el permiso de habitabilidad.
Desde noviembre de 2011 el complejo está vacío y su mantenimiento y seguridad, cuyo costo es de aproximadamente un millón de pesos al mes, corre a cargo del erario público estatal.
La construcción de la Villa Panamericana costó aproximadamente mil 400 millones de pesos, 340 de los cuales fueron aportados por el Instituto de Pensiones del Estado tomando un préstamo del ahorro de los trabajadores que no ha sido pagado; en tanto, el gobierno estatal aportó 587 millones de pesos a través de la entonces Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe).
Desde que se construyó este complejo han pasado tres administraciones municipales en Zapopan que no han podido autorizar su habitabilidad debido a los distintos litigios iniciados por organizaciones civiles y vecinos de la zona que se han visto afectados por este desarrollo, que afecta una importante zona de recarga acuífera y de mantos freáticos.
Hoy, hay un juicio en tribunales federales que impide al ayuntamiento otorgar cualquier permiso de construcción y urbanización en la zona; además hay varios litigios ante el Tribunal Administrativo del Estado que prácticamente tienen congeladas la cosas.
A fin de darle un uso que no impacte tanto la zona de amortiguamiento del bosque La Primavera se han hecho diversas propuestas, que van desde convertirla en un albergue para personas de la tercera edad o en un complejo de oficinas gubernamentales o para brindar sevicios de salud, hasta utilizarlas para dar albergue para refugiados de la guerra en Siria.
Aunque la presente administración ha manifestado su intención de utilizar esta construcción para un centro de salud, no ha determinado no ha tomado una decisión concreta, por lo que incluso existe la posibilidad de que, como lo han exigido varias organizaciones, sea demolida.
En 2010, argumentando que las instalaciones del Congreso de Jalisco sobre la calle Hidalgo no eran suficientes, la 58 Legislatura del estado adquirió el edificio marcado con el número 237 de la avenida Juárez de Guadalajara; se pagaron 50 millones de pesos a una institución bancaria que tuvo ahí una sede por varios años.
Sin embargo, hoy el edificio luce descuidado a pesar de que se ha tenido que invertir en reparar baños, elevadores y el sistema de aire acondicionado; la mayoría de las oficinas están subutilizadas y, según datos del Congreso, ahí deberían de laborar más de 135 personas.
El edificio de seis pisos cuenta con espacio para albergar el trabajo de más de 200 funcionarios, pero desde que fue adquirido nunca ha sido utilizado del todo; incluso, cuando la actual Legislatura comenzó a hacer un análisis de la nómina del Congreso, se detectó que muchos de los aviadores estaban asignados ahí.
En los cinco años siguientes desde que se adquirió el inmueble se han erogado otros 50 millones de pesos para el presunto mantenimiento y para este año los diputados contemplaron un gasto de 3.8 millones de pesos en él.
Cuando los actuales diputados buscaban opciones para pagar las deudas del Poder Legislativo de Jalisco —que llegaron a superar los 600 millones de pesos— se propuso poner en venta el edificio, iniciativa que no prosperó.
En 2012, la pasada administración del ayuntamiento de Zapopan derribó el conocido Mercado Bola de la colonia Constitución para edificar ahí un centro cultural y algunas oficinas administrativas.
Aunque se dijo que se invertirían 75 millones de pesos en la construcción del nuevo espacio público y que durante la presente administración se podrían utilizar algunos lugares de este recinto, la falta de dinero provocó que desde octubre de 2013 las obras estén detenidas.
El proyecto, que se desarrollaría en 12 mil metros cuadrados, incluye un edificio de cuatro niveles, espacios para talleres, un foro para teatro y conciertos, oficinas administrativas y estacionamiento para más de 150 vehículos.
En 2014 el actual alcalde, Héctor Robles, indicó que antes de terminar su gestión se habrían invertido 40 millones de pesos en la construcción de este centro; sin embargo, todo está como se dejó desde 2013 y no hay un solo espacio que pueda ser utilizado.
En 2008, el entonces alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen, cedió terrenos del municipio valuados en más de 600 millones de pesos a la empresa española Mecano, para construir un complejo urbanístico llamado Puerta Guadalajara, y aunque el proyecto nunca fraguó, el municipio no ha recuperado ese territorio.
El proyecto original contaba con varios edificios de departamentos, dos torres para oficinas, un museo, la rehabilitación del planetario, áreas públicas, un teatro, una escuela, una nueva sede para la Cruz Roja y más de 680 millones de pesos en obras de para la zona, ubicadas al borde de la Barranca de Huentitán; el costo total del desarrollo en los más de 136 mil metros cuadrados entregados por el municipio se estimaba en 7 mil millones de pesos y el propio Cano Forrat aseguraba que estaría terminado en 2012.
En ese año, sin piedra levantada en el predio, la firma española sin notificar al ayuntamiento tapatío vendió parte de las acciones al grupo de inversionistas Operadora Hotelera Salamanca y se cambió el nombre del proyecto a Iconia; han pasado dos administraciones municipales y ninguna ha iniciado el proceso para recuperar los predios o para obligar a la empresa a cumplir sus compromisos y penalizarla por los retrasos.
Con cinco años de retraso, millones de pesos invertidos e irregularidades, el proyecto Teatro Mariano Matamoros de Morelia se ha convertido en uno de los principales elefantes blancos en Michoacán.
Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL al interior de la obra, se apreció que ésta sólo es un galerón oscuro, humedecido por el tiempo y que alberga el equipamiento que se había adquirido, y que, a decir de los encargados, no se tiene la certeza de que esté en buenas condiciones.
La obra inició en 2009, durante el gobierno del perredista Leonel Godoy, con un presupuesto anunciado de 150 millones de pesos. Fue programada para ser inaugurada el 15 de septiembre de 2010, como la obra cumbre en el estado por los festejos del Bicentenario de la Independencia.
El 29 de abril se integró el Comité Técnico y se avisó que el presidente del fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros sería Cuauhtémoc Cárdenas Batel, socio del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), e hijo del ex gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas y hermano del también ex mandatario Lázaro Cárdenas.
Al mismo tiempo, se designó a Jorge Luis González Gómez como secretario técnico del fideicomiso, hermano del entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Alejandro González Gómez, e hijo de Eudoro González, también ex presidente del Poder Judicial en tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas como gobernador.
El Teatro Matamoros no se terminó en el tiempo previsto por autoridades. Hasta la fecha se ha requerido varios millones de pesos adicionales y los trabajos están paralizados desde 2013, aunque eventualmente se observa a trabajadores en la zona.
Por más de cinco años, Cárdenas Batel se negó a dar información sobre los motivos de los retrasos y dijo que no estaba obligado a informar porque sólo rendía cuentas al gobernador.
Incluso, los diputados de la Comisión de Cultura se quejaron de que las autoridades han impedido la vigilancia directa de su operación.
En 2009, Leonel Godoy anunció que la obra tendría un costo de 150 millones de pesos, pero el secretario del fideicomiso, Jorge Flores, dijo que los recursos suman 190 millones de pesos.
Los diputados también denunciaron que hubo subejercicios, ya que el monto de recursos públicos en la obra alcanza los 225 millones 300 mil 733 pesos, cifra que contrasta con los 365 millones que desde 2009 a 2015 se le han presupuestado en las distintas administraciones estatales.
En 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en el segundo semestre de 2011 hubo violaciones a la Ley de Obra Pública en ocho contratos por un monto de 138 millones de pesos que el gobierno de Godoy Rangel metió como comprobantes de gastos federales, pese a que no hubo inversión federal en la obra.
Para el historiador Ramón Sánchez, la construcción es un ejemplo de tráfico de influencias desde que se puso a la cabeza del proyecto a Cuauhtémoc Cárdenas hijo, por la relación que el entonces partido en el poder (PRD) tenía con su familia.
“No va a ser un espacio para realizar actividades culturales para la población, sino para beneficiar al Festival Internacional de Cine de Morelia”, dijo.
El proyecto de la vieja Central de Autobuses de Morelia, que solucionaría el problema de vialidades en el Centro Histórico, no es nuevo. El entonces gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, dijo desde 2007 que esa obra ordenada por su administración iniciaría en su primera etapa.
El monto de inversión programada fue de entre 276 y 290 millones de pesos en la primera etapa, para el área de estacionamiento —de 700 cajones—, el centro artesanal y el gastronómico que se inaugurarían en 2008.
El nuevo estacionamiento y complejo urbano era casi de ensueño; buscaba “dignificar la zona centro”. Actualmente, el viejo edificio, que por más de tres décadas fue el punto de llegada y partida de cerca de 50 mil pasajeros diarios, está en el abandono.
Es ahora un escondite de plagas y vagabundos y una zona roja disfrazada de comedores de 24 horas. Lo único que existe hoy es el estacionamiento sin utilizar y mantenido por el gobierno municipal con una aportación temporal de 20 millones de pesos al año.
Casi 10 años y 200 millones de pesos después, el Congreso estatal aprobó la desincorporación del inmueble y otro terreno aledaño en favor del ayuntamiento de Morelia, a condición de que ahí construya oficinas administrativas, un área comercial y gastronómica.
Con una inversión de 500 millones de pesos y beneficios para más de 750 mil habitantes, el nuevo libramiento norte de Morelia se anunció como uno de los puntos medulares del extinto Plan Michoacán, y así se presumió; 10 meses después de su fecha de conclusión, la administración municipal sigue en espera de que se lo entreguen. La moderna obra vial debió inaugurarse en diciembre del año pasado; a la vista presenta en su superficie de rodamiento fracturas e irregularidades. El proyecto fue ejecutado por cuatro empresas; tres de ellas de Toluca. En diciembre de 2012, Raúl Murrieta, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que el proyecto tendría un “final de fotografía”, es decir, que se concluiría en tiempo y forma. Pero la obra dejó hace meses su vestido de fiesta y ninguna autoridad quiere ya hablar sobre ella; 300 días después aún hay constantes trabajos de corrección con cuadrillas de obreros parchando las deficiencias.
De su derribo y destrucción nadie se percató hasta que su cuerpo cercenado lo descubrió personal de Capufe en diciembre de 2012. Una investigadora de arte dice que el ataque a la escultura ecuestre del Generalísimo José María Morelos y Pavón ocurrió el 6 de diciembre de aquel año, cuando delincuentes armados con soldadura autógena y seguetas, amputaron patas, cortaron su base, desmontaron al general y decapitaron al animal de bronce.
Sólo el tronco del brioso equino quedó tirado en el pasto frío que bordea la autopista México-Cuernavaca y así lo encontró personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
La última vez que lo vieron fue en una bodega gubernamental en el municipio de Jiutepec, hasta donde acudió el gobernador Graco Ramírez, en enero de 2013, para supervisar el daño causado al guardián del estado.
El diagnóstico que ofreció el gobernador fue lapidario, porque dijo que la reconstrucción tardaría dos años ya que las acciones vandálicas lo dañaron en 50%, al cercenar el cuerpo y dejar prácticamente aislado el tronco del animal, elaborado en bronce, cuyo material, al parecer, pretendían robar para su comercialización.
Pero ya pasaron 34 meses y la escultura ecuestre sigue encerrada en el mismo lugar en espera de que sus escultores le regresen patas, cabeza y a su jinete, el Siervo de la Nación.
Fiel custodio del estado que lleva su nombre, José María Morelos y Pavón mantuvo su posición heráldica en ese lugar desde 1954, aunque inicialmente sin caballo, según el cronista e historiador Valentín López G. Aranda.
Dice el cronista que en 1953 el presidente Ruiz Cortines donó al gobierno de Morelos un predio en el kilómetro 46.9 de la autopista México-Cuernavaca, en los límites con el Distrito Federal, donde se colocó un grandioso monumento de piedra dedicado a Morelos y Pavón, obra del escultor potosino Everardo Hernández, quien radicó por muchos años en Cuernavaca.
Fue un coloso que medía 7 metros de alto en la que el prócer con su brazo derecho y su dedo índice extendidos, señalaba a la entidad. La obra fue inaugurada en septiembre de 1954 por el entonces Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines y el gobernador del estado, Rodolfo López de Nava.
“Posteriormente fue demolida y sustituida, en 1986, por una escultura ecuestre de Morelos, realizada en bronce por los artistas Ernesto Tamariz, Artemio Silva y Eduardo Tamariz. La obra fue develada por el presidente de la República, Miguel de la Madrid, y es la misma que en diciembre de 2012 fue mutilada por unos delincuentes que pretendían comerciar con el metal”, escribió López G. Aranda.
María Helena Noval, investigadora y crítica de arte, encontró que la pieza del Siervo de la Nación vandalizada fue trabajada por encargo del gobernador Lauro Ortega Martínez (1982-1988) junto con otras siete obras, en junio de 1985. El costo del trabajo ascendió a 31 millones de pesos, más nueve millones por concepto de la fundición a la cera perdida en el Taller Escultura y Fundición Maldonado.
En febrero de 2011 los habitantes de La Oriental, del municipio de Amacuzac, limítrofe con Guerrero, estaban eufóricos.
El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA), Fernando Bahena, visitó el lugar para supervisar y prometer que el nuevo pozo en construcción sería terminado lo más pronto posible.
Era el penúltimo año del gobernador panista Marco Adame Castillo. Meses después fue concluida la obra, pero a la fecha, el pozo es inoperante porque no cuenta con suministro de energía eléctrica y tampoco fue conectado.
“Teníamos prácticamente 44 años solicitando un sistema de agua potable. Gracias al esfuerzo que el gobernador Marco Adame ya contamos con el vital líquido”, dijo Petra Rebolledo, del Comité de Obra, al recibir a los colaboradores del gobernador panista.
A cuatro años, varios comités de obra han pasado pero ninguno ha logrado que el gobierno estatal realice una inspección al pozo, cuya infraestructura es nueva, pero con el abandono no se ha puesto en funcionamiento porque la última fase no se concretó: dotarlo de una red de suministro, denunciaron los habitantes del lugar.
El pozo se ubica a las orillas de la comunidad, a un costado de la barranca. Existe una bomba ya descompuesta y luminarias que nunca fueron encendidas. En el otro extremo de la barranca se encuentra el viejo “cárcamo”, el viejo pozo de agua, que abastece con un mínimo de agua potable a la comunidad de aproximadamente 300 habitantes.
La Oriental está situada a 950 metros de altitud y la relación mujeres/hombres es de mil 329 y el porcentaje de analfabetismo entre los adultos es de 18.18% (22.35% en los hombres y 15.04% en las mujeres), mientras que el grado de escolaridad es de 5.62 (5.31 en hombres y 5.84 en mujeres), según datos oficiales.
La comunidad celebra su fiesta patronal el 15 de mayo con bailes, ferias y misas en honor a San Isidro Labrador, santo patrono de los agricultores en la religión católica.
Leticia Cervantes Orduño, actual ayudante municipal de La Oriental, recuerda muy bien ese día cuando llegó el titular de la CEAMA, actualmente denominada Comisión Estatal de Agua (CEA), Fernando Bahena.
El funcionario fue acompañado del entonces edil Alfonso Miranda Gallegos y de Javier Aranda, representante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Los tres supervisaron los avances del Sistema de Agua Potable de la comunidad “La Oriental y ahí Bahena precisó que al iniciar el gobierno de Marco Adame, 87% de cada 100 habitantes contaban con agua, pero con el trabajo coordinado alcanzaban 94% en ese año; su expectativa era cerrar el sexenio con el 97% de abastecimiento”.
Y prometió: Las obras se entregarán en seis y ocho semanas pero ya van cuatro años y en el caso de La Oriental siguen esperando el pozo de agua.
“Lo más importante de estas obras es satisfacer las necesidades de las familias que por mucho tiempo esperaban contar con el servicio y gracias al trabajo coordinado que hemos realizado entre autoridades y sociedad, daremos atención oportuna a cientos de familias”, declaró Bahena a la prensa.
“Nos dejaron con un vestido nuevo en vitrina que no podemos tocar ni usar”, ironiza Cervantes Orduño, ayudante municipal de la comunidad de El Oriental. Sus vecinos recuerdan que cuando el gobierno estatal, a través de Fernando Bahena, realizó el anuncio del nuevo pozo era edil Alfonso Miranda Gallegos y en el trienio siguiente lo hizo Noé Reynoso Nava.
Hasta ahora ese lugar ofrece un cuadro de contraste. De un lado se encuentra el pozo nuevo sin funcionar y de frente la infraestructura del viejo pozo olvidada, con ferretería oxidada, que bombea agua a cuenta gotas para toda la población.
El 30 de agosto de 2011 el ex gobernador Ney González inauguró la llamada Ciudad de las Artes, en Tepic, en un predio de 42 mil metros cuadrados y donde un año antes se erigían los estadios de futbol y beisbol de la ciudad.
El proyecto, avalado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), contaría con salas de lectura, una extensión de la Cineteca Nacional, espacios para talleres de pintura, escultura, fotografía, poesía y un lago artificial, entre otras cosas.
“La cuestión es ser depositarios de un conjunto de esculturas de gran formato hechas por importantes artistas no solamente mexicanos, sino también extranjeros, que dejarán precedente de la cultura del siglo XX y XXI en este encuentro de la cultura con la naturaleza; un espacio que nos permita reunirnos con las familias nayaritas”, decía en 2010 Sergio Eugenio García, entonces director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.
Aunque se anunció que la obra arrancaría con una inversión pública de 50 millones de pesos, el gobierno estatal nunca transparentó la totalidad de recursos invertidos en este espacio que hoy está prácticamente en el abandono.
El lago artificial, rodeado de maleza abundante, está sucio y además de un riesgo sanitario representa un peligro real: en abril pasado un menor cayó a las aguas estancadas y murió ahogado; las obras de la escuela superior de música se encuentran inconclusas y el foro público al aire libre es prácticamente un espacio inutilizado.
Muchos consideran que la razón de este abandono es que se trata de un proyecto impulsado por el anterior gobernador con el que el actual mandatario, Roberto Sandoval, mantiene una disputa política. Ante esta situación, el actual alcalde de Tepic, Leopoldo Domínguez, de extracción panista, solicitó al gobierno del estado dar una vocación real a este espacio público para darle utilidad.
Otro de los proyectos de la administración del ex gobernador Ney González que se ha dejado en el olvido es la llamada Ciudad del Conocimiento, espacio de 37 hectáreas en las que se proyectó —supuestamente imitando el trazo de la isla de Mexcaltitán, a la que se le vincula con la mítica Aztlán— un complejo de instituciones de investigación en alimentos y biotecnología agroalimentaria; recursos naturales, agua, cambio climático, educación, salud y turismo especializado, desarrollo regional, tecnologías de información, telecomunicaciones y minería.
Según el plan maestro de este proyecto (primera etapa), la segunda etapa se desarrollaría en 10 hectáreas con la instalación de seis instituciones residentes: el museo interactivo de ciencia y tecnología con pantalla Imax; un jardín botánico, un centro articulador de investigación en alimentos, una subsede de algún centro público de investigación del Conacyt, y el instituto de investigaciones educativas.
La tercera y última fase del proyecto sería el desarrollo de 25 hectáreas con diferentes instituciones educativas y empresas. Sin embargo, a cinco años de su anuncio, actualmente funciona en el lugar el Museo Interactivo de Ciencias, proyecto que da servicio aún inconcluso y cuya inversión alcanzó casi 90 millones de pesos.
También el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de Nayarit, un sitio en el que se dictan conferencias, pero que actualmente sólo ofrece un diplomado con duración de tres meses, y una Unidad de Gestión Tecnológica del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo del gobierno federal. En febrero de este año se inauguró una Unidad de Transferencia Tecnológica del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE).
Quienes critican el poco interés de la administración en este proyecto señalan que estos sitios han logrado funcionar gracias al impulso de instancias federales como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
“Nayarit será una sucursal de China”, dijo en mayo de 2014 el gobernador Roberto Sandoval cuando anunció el proyecto Puerto Nayarit, estructura de altura y cabotaje que se construiría en el municipio de San Blas y para el que se requieren al menos 47 mil millones de pesos (casi tres veces el presupuesto del estado).
El día en que se hizo el anuncio, el mandatario indicó que la inversión por parte de empresarios chinos estaba garantizada, por lo que su construcción iniciaría en 2015, sin embargo, a menos de tres meses de concluir el año, no hay ninguna obra iniciada.
Este puerto, según el proyecto planteado iniciamente por el mandatario, tendría capacidad para mover hasta tres millones de contenedores cada año y recibir a los barcos cargueros más grandes del mundo, lo que lo convertiría en el puerto más importante de Latino América.
Aunque Sandoval ha buscado el financiamiento de inversionistas chinos como Merchant Group, aún no ha conseguido nada en firme.
Los críticos de esta “obra faraónica” señalan que eso se debe a que Nayarit no tiene una producción propia suficiente como para cambiar los flujos de las importaciones y exportaciones, además de que su posición geográfica no es estratégica en el país, como sí lo son los puertos de Manzanillo, en el estado de Colima, y de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
En Doctor González, Nuevo León, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inició hace seis años la construcción de un puente elevado para evitar accidentes viales en un cruce de la carretera que va de la capital nuevoleonesa a Ciudad Mier, Tamaulipas; la obra quedó inconclusa y los percances aumentaron al restar visibilidad a los conductores, que deben cruzar la vía.
Es mediodía. Transcurre una hora y sólo seis vehículos han pasado por el tramo polvoriento de 300 metros de la carretera intermunicipal Cadereyta-Doctor González, antes y después de cruzar la moderna carretera Monterrey-Ciudad Mier.
A pesar de la escasa circulación de vehículos por la vía, en 2009 arrancó la construcción del puente de casi 100 metros de largo y siete de altura.
El paso elevado se diseñó sobre la carretera federal 54 para evitar accidentes mortales entre vehículos que transitan veloces en dirección hacia Monterrey o en sentido contrario con rumbo a Ciudad Mier, así como los que deben cruzar la mencionada vía, desplazándose por la carretera intermunicipal Cadereyta-Doctor González, municipios que cuentan con 90 mil y 5 mil pobladores, respectivamente.
El proyecto a cargo de la SCT inició junto con otras obras de infraestructura, para impulsar un corredor que detonaría industrialmente a los municipios de Salinas Victoria, Marín, Pesquería y Doctor González, explicó Elba Lely González Garza, directora de Desarrollo Económico del último ayuntamiento, en el trienio 2012-2015.
Por la misma razón, detalló la funcionaria municipal, a lo largo de los más de 40 kilómetros de la solitaria carretera intermunicipal Cadereyta-Doctor González —entre aisladas casas de descanso y pequeñas rancherías que se divisan a la distancia—, destacan imponentes torres de alta tensión, para la futura industrialización de toda esa comarca semiárida.
Además, el actual gobierno federal, con su programa Mover a México, inició en junio de 2014 la ampliación de un tramo de la citada vía desde el kilómetro 30+25 al 35+125, que registra un mínimo avance; mientras el resto de la carretera intermunicipal es de sólo un carril en cada sentido, con escasos acotamientos, y múltiples baches.
La punta de lanza para el desarrollo proyectado ha sido Pesquería, con la instalación de la acerera Ternium en 2009, que representó una inversión de mil 100 millones de dólares y de la armadora Kia Motors en 2015, que llevará consigo a más de 50 empresas proveedoras, y una inversión global de 2 mil 500 millones de dólares.
La infraestructura carretera y de redes eléctricas, que corre por cuenta del gobierno federal, además de generosos apoyos por más de 4 mil millones de pesos, otorgados por el gobierno de Rodrigo Medina a Kia Motors, para la adquisición de un terreno de 800 hectáreas y la construcción de su planta armadora, ha detonado otras inversiones que permanecen fallidas.
Don Genaro Martínez, un campesino que tiene su casa junto al puente en construcción, reconoce que hay vías asfaltadas con más tráfico que ese tramo de la Cadereyta-Doctor González, y es impensable que puedan contar con un puente con las dimensiones y costos del que se construye por este camino que pasa por Hualiches, donde tienen propiedades familiares del ex gobernador Rodrigo Medina, adquiridas al mencionado ejido.
Comentó que con la instalación de las nuevas industrias en Pesquería, se va a beneficiar mucha gente, principalmente los que tienen dinero; “desde hace mucho acaparan todo lo que pueden, ellos ya sabían, si no agarran el hueso de oquis, lo vienen haciendo desde que nacieron los güeyes, ya lo traen de herencia”.
Al reconocer que solamente pasaron tres vehículos en media hora, y que de no ser por las nuevas empresas y proyectos inmobiliarios en marcha, a nadie se le ocurriría construir un puente elevado, dice don Genaro, “pues la verdad son maniobras centaveras y no me escondo al decirlo”.
Sin embargo, se queja porque no han podido terminar la obra, no obstante que ya hace más de cuatro años que empezaron y ha tenido que soportar “el terregal”, pues vive a poco más de 10 metros del puente en construcción.
Si lo hubieran hecho paso deprimido ya estaría terminado, “pero querían hacer algo grande para poder sacar algo, pues en cada obra sacan su tajada”, dice el recio campesino de 76 años.
Desde octubre de 2008 el entonces gobernador de Nuevo León, José Natividad González, planteaba la urgencia de un nuevo penal de máxima seguridad y fue hasta el 14 de julio de 2011, con Rodrigo Medina en el Poder Ejecutivo estatal, que se dio el banderazo para la construcción del reclusorio, proyectado para dos mil 300 internos.
Sin embargo, el pasado 25 de junio, antes de cumplirse cuatro años del inicio de las obras, el entonces tesorero estatal, Rodolfo Gómez Acosta, anunció la cancelación del proyecto, al descartar la federación hacerse cargo del mismo, por los ajustes presupuestales ante la caída en los precios del petróleo.
Los trabajos se habían suspendido hace dos años por falta de recursos económicos, habiéndose invertido solamente 400 de los 3 mil millones de pesos previstos inicialmente, para un proyecto que pretendía aliviar el problema de sobrepoblación penitenciaria que rebasa 50% en promedio en los penales de Apodaca, Cadereyta y Topo chico.
Empero ya para ese momento, el costo andaría en los 5 mil 200 millones de pesos, estimó Gómez Acosta.
Solamente se avanzó en el desmonte y nivelación del terreno, además de la construcción de la barda perimetral, no obstante el ex tesorero expuso que no podría anticipar cuál será el destino final del proyecto, pues la federación estará evaluando periódicamente y quizá se retome en algún momento.
El penal suspendido se edificaría en un terreno de 359 hectáreas, a la altura del kilómetro 45 de la carretera Monterrey-Monclova.
En una primera etapa, se contempló un cerco perimetral de 10 mil 702 metros lineales, así como una barda perimetral con 10 metros de altura y 40 centímetros de espesor para el fallido centro penitenciario.
Después de seis años, aún se mantiene en pie un oxidado letrero a orillas de la carretera Transístmica La Ventosa-Acayucan , a medio kilómetro de la ciudad ferrocarrilera de Matías Romero, en la zona norte del Istmo de Tehuantepec. El anuncio no ha cambiado desde 2009: “Construyen Magna Obra: Hospital de especialidades”.
La primera piedra de la obra la colocó en 2008 Ulises Ruiz y se le anunció con una inversión de 69. 5 millones de pesos, que beneficiaría a 110 mil personas de la zona norte del Istmo de Tehuantepec.
Se construyó en una superficie de cuatro mil 322 metros cuadrados y fue diseñado como un hospital moderno que tendría áreas de Rayos X, ultrasonido, laboratorio, traumatología, cardiología, oftalmología, otorrinolaringología, así como hospitalización con 30 camas.
Hoy está cerrado, deteriorándose.
En los siete municipios y más de 40 comunidades indígenas que integran la zona norte del Istmo, no se cuenta con clínicas ni hospitales para dar atención de calidad y calidez. La activista solicitó a la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) el rescate del lugar, pero sólo han recibido promesas, además de que el Hospital de Especialidades bajó de categoría, ahora se llama Hospital de la Comunidad.
El mercado José Murat se ubica a unas cuadras del centro de la ciudad. Con letras blancas cinceladas en lo alto de un muro color óxido, el nombre del ex gobernador de Oaxaca se hace resaltar imponente.
El alcalde priísta David Antonio lo mandó construir y lo bautizó con el nombre de su benefactor hace más de 10 años. Hoy está sucio, abandonado e inconcluso en los detalles, el tiempo se encargó de destruirlo.
El terreno se adquirió por 300 mil pesos y se terminó la obra con 280 locales comerciales, que fueron vendidos, algunos en 25 mil pesos, otros otorgados a amigos, familiares e incondicionales del presidente de manera gratuita.
Actualmente sólo 10 locales externos funcionan, los del interior tienen dueños, aunque no están ocupados.
El Circuito Periférico de Juchitán de Zaragoza está ubicado precisamente en la parte norte de Juchitán, sobre el Periférico. Luce terminado y seminuevo. Sólo este puente costó 30 millones 4999 mil pesos y estuvo a cargo de la empresa Socton Construcciones, SA de CV.
La carpeta asfáltica se prolonga sólo unos 10 metros adelante, de allí el pavimento negro se desvanece con la tierra. No hay más camino asfaltado. El automovilista se topa con un rancho.
El Periférico facilitaría la comunicación de todos los accesos de esta ciudad y transformaría el rostro de la región. Nada de eso pasó.
El segundo corte del Periférico es en la parte sur, después del camino viejo que lleva a Playa Vicente, rodeando las colonias populares de la Séptima Sección.
Después de pasar varios kilómetros de carretera en mal estado, alumbrados inservibles, baches, escombros y tramos de tierra y encharcados con agua de drenaje, se llega a un segundo puente, rodeado de basureros clandestinos.
El barandal de este puente está oxidado por el abandono, la carpeta está carcomida en casi todo lo largo. Aquí no existe una bajada de cemento, sólo de tierra, no hay después un trazado de carretera alguna, sólo dos caminitos marcados por carretas, rodeados de monte, las cuales sacan a Santa María Xadani.
El Circuito Periférico se proyectó con una inversión de más de 270 millones de pesos en una longitud total de 15.4 kilómetros. Se planeó para una circulación de hasta 4 mil automóviles diarios, aunque su capacidad total sería de 9 mil vehículos. Hoy no circulan ni 10%.
La proyección era para beneficiar a más de 60 mil habitantes de la zona, contaría con camellón central de hasta un metro donde el derecho de vía lo permite, además de banqueta de concreto simple de 1.50 metros de ancho, superficie de rodamiento de carpeta asfáltica y tendría siete entronques carreteros.
Actualmente, los automóviles pasan con cuidado para no sufrir afectaciones por los baches. Los dos puentes vehiculares de 84 y 83 metros de longitud, que ayudarían a la vialidad, los utilizan los campesinos con sus carretas y carretoneros de basura.
Además del Periférico, Juchitán tiene inconclusa la Central Camionera, que se construyó en 2010 también por Ulises Ruiz Ortiz en una superficie de 33 mil metros cuadrados a un costado de la avenida Periférico. Cinco años después la obra sigue igual como lo entregó el gobierno, sin ser utilizada.
También existen dos mercados públicos que no fueron ocupados por inconclusos desde hace 10 años: Mercado Che Gómez y Mercado de Mariscos.
En Salina Cruz, la zona portuaria del Istmo, está el mercado Manuel J. Clouthier. El inmueble abandonado está ubicado a un costado de la carretera y nunca fue utilizado por los 246 locatarios.
Fue construido en la administración del alcalde panista Víctor Rafael González Manríquez (2002- 2004), supuestamente con recursos otorgados por Pemex; el objetivo era descentralizar gran parte del ambulantaje en las principales calles del centro de la ciudad y de los mercados públicos, además de reactivar la economía de la zona.
Este mercado no ha recibido atención, pero los archivos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Oaxaca dicen lo contrario.
El viento hace crujir las estructuras que chillan por el abandono que sufren. Las paredes de concreto y los techos de lámina con diseño arquitectónico lucen en buenas condiciones, pero sin mantenimiento.
Se trata del Nodo Logístico Intermodal La Célula, uno de los proyectos emblemáticos del entonces gobernador priísta de Puebla, Mario Marín, y que hoy resiste los embates del sol, viento y polvo de esta región ubicada en los límites con Veracruz.
Los accesos de concreto hidráulico de la terminal interior o puerto seco, con servicios de transferencia de transporte ferroviario y carretero, siguen a la espera de inversionistas o que las autoridades estatales volteen a verlos.
La obra que originalmente tenía un costo de 180 millones de pesos —inversión que ascendió a 450 millones— se mantiene en pie gracias a la honestidad de los residentes de la región, pues carece de vigilancia y se puede ingresar hasta su corazón sin problema.
El entonces secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) estatal, José Antonio López Malo, justificó el incremento en los costos y la falta de inversionistas a la caída de bolsas de 2008. “La crisis económica retrasa la llegada de inversiones. Las empresas no nos han dicho que no, pero quieren ver la evolución del mercado, de la economía, para tomar una decisión”, dijo.
Siete años después, todos los cristales se encuentran intactos y la señalética del lugar está en buenas condiciones, así como las casetas de ingreso, aunque desde enero de 2009, cuando fue inaugurado formalmente, sigue en espera de que alguien lo quiera.
La Célula, como es conocido popularmente el puerto seco, buscaba ser un punto de concentración del tránsito para consolidar el corredor Ciudad de México-Veracruz y alentar el comercio de la zona sur-sureste de México.
Entre las cinco rutas comerciales que se planeaban captar por La Célula estaban los corredores Puebla-Progreso, Puebla-Ciudad Hidalgo, Acapulco-Tuxpan, Acapulco-Veracruz, y la del Altiplano-Arco Norte.
La obra del marinismo se efectúo en diversas etapas que contemplaron la construcción de la terminal intermodal de 13.5 hectáreas, la urbanización de la zona de actividades logísticas, el recinto fiscal, servicios de agua, telefonía y accesos carreteros.
La administración estatal debió utilizar tierras de mil 219 ejidatarios con la compraventa de 600 hectáreas; sin embargo, a la fecha siguen quejas de la falta de pagos oficiales de inconformes por los bajos costos que pretendían pagar por los terrenos.
Cada campesino recibió poco menos de 5 mil pesos correspondientes a la parte proporcional por la venta de las 600 hectáreas de uso común, pero muchos se negaron a aceptarlos por considerar que era irrisorio.
Hubo promesas de inversiones. El entonces secretario de Finanzas, Gerardo Pérez, dijo que una de las empresasinteresadas era Chiclet’s Adams.
En las últimas semanas se vislumbró que el puerto seco podría funcionarle a la empresa Audi, que lleva a cabo inversiones millonarias en el municipio de San José Chiapa, a 30 kilómetros de Oriental, donde se ubica La Célula, pero hasta ahora no hay nada firme.
Dos enormes estructuras forman parte de la imagen urbana y de la cotidianidad de toda una población. Se encuentran en el camellón central del concurrido Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla, pero llevan tantos años ahí que son considerados como parte del escenario y no como una obra abandonada.
Se trata de dos enormes estructuras de concreto, enormes brazos que conectarían a colonias de la zona con dicha avenida edificada en el sexenio de Manuel Bartlett Díaz (1993-1999).
De acuerdo con los relatos periodísticos de la época, los dos puentes formarían parte de un distribuidor vial para conectar, en ese entonces, a las colonias Tres Cerritos, Las Carmelitas y la unidad habitacional San Miguel Mayorazgo, con el Periférico.
Las dos rampas de acceso de los puentes quedaron concluidas, pero solo unos cuantos metros adelante la obra quedó incompleta y ahora está llena de grafittis y maleza, que la hace confundirse con el camellón central.
El proyecto original consistía en 58 kilómetros con un ancho total de derecho de vía y bandas ecológicas de 100 metros, 11 distribuidores viales y 12 diamantes viales; vías radiales y ramales para 14 municipios conurbados.
El Anillo Periférico fue planeado con dos arroyos de circulación vehicular provistos de un acotamiento al lado izquierdo de un metro de ancho y tres carriles de tres y medio cada uno, como actualmente luce.
A pesar que en su época fue criticado, ahora es una de las vialidades más transitadas para librar el centro de la ciudad e incluso actualmente se utiliza como vía alterna para comunicar a la ciudad de México con Veracruz.
El distribuidor vial quedó incompleto para que las siguientes administraciones la concluyeran, pero a más de 15 años de distancia, sigue a medias.
A espaldas del Estadio Corregidora, en la ciudad de Querétaro, se localiza un elefante blanco que se encuentra en terapia intensiva: el Hospital del Niño Quemado, que por falta de recursos financieros dejó de prestar servicios médicos hace tres años. Actualmente sus instalaciones se usan únicamente como estacionamiento público.
El hospital fue construido hace más de 20 años con donativos públicos y privados, siendo uno de sus principales benefactores, el ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, quien en 1993 como titular de la Secretaría de Desarrollo Social aplicó 10 millones de pesos para la obra.
El Instituto para la Atención Integral del Niño Quemado (IAINQ), organización creada en 1985, que opera como Asociación Civil, fue la que desarrolló el proyecto, consiguió donativos para la construcción y operación del centro médico con muchas carencias, durante cerca de dos décadas.
Su cierre ocurrió en 2012 y como medida temporal para obtener algunos ingresos, los patios del hospital fueron rentados a una empresa que abrió ahí un estacionamiento público.
El encargado del estacionamiento es un joven de 25 años, identificado como “Beto”, quien detalló que en los patios se tienen 130 cajones, de los que se cobran 20 pesos por tiempo libre y abren de lunes a viernes.
Explicó que el estacionamiento, a pesar de que pocas veces se llena, cubre la alta demanda que se tiene en la zona, debido a que enfrente se ubican las oficinas de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (Usebeq).
“Como encargado del estacionamiento, además de atender a los clientes, mi obligación es limpiar el hospital por fuera, podar los jardines y los árboles para que no se vea que el lugar se encuentra abandonado”, dijo.
Abundó que los dueños del hospital viven en la ciudad de México, “ellos vienen cada dos o tres meses y son los únicos que entran para revisar su estado y además traen a un persona que limpia por dentro”.
Por su parte la presidenta de la junta directiva del IAINQ y fundadora del inmueble, Lilia Cisneros, detalló que el Hospital del Niño Quemado se construyó en un terreno donado en 1990 por el gobierno de Querétaro.
Refirió que el centro médico se asentó en un terreno de 7 mil 200 metros cuadrados, que tenía la capacidad para atender por año 2 mil consultas y a 580 menores hospitalizados, en condiciones de extrema pobreza, que presentaban algún tipo de quemadura.
El hospital, destacó, nunca recibió apoyo presupuestal y sobrevivieron por medio de donativos de instituciones públicas y empresas privadas.
Asimismo, el Hospital del Niño Quemado está compuesto por un edificio de dos plantas —actualmente cerrado— que cuenta con un helipuerto, dos quirófanos, un área de cuidados intensivos con 80 camas, salas con tinas especiales y climatizadas.
Cisneros refirió que antes de que se decidiera el cierre definitivo del hospital, se rentaban los quirófanos para otro tipo de cirugías, entre ellas estéticas, pero algunos médicos cometieron abusos con el fin de ganar más dinero y por otro lado, se dejó de realizar trabajo en beneficio de los niños.
En el hospital sólo quedan recuerdos de un proyecto ambicioso y con sentido social, que a pesar de que llegó a funcionar por algunos años, murió con Luis Donaldo Colosio, quien se cree que habría apoyado financieramente al centro médico, que durante los últimos tres sexenios estatales siempre tuvo cerrada la llave presupuestal.
Con un año de retraso, que se podría ir hasta dos, avanza la construcción del Libramiento Palmillas—Apaseo, obra con la que se pretende liberar a las ciudades de Querétaro y San Juan del Río del tráfico vehicular de largo itinerario.
La obra se proyectó con una inversión de 5 mil 200 millones de pesos y el compromiso inicial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) era terminarla en 2015, situación que no se cumplió.
La delegación de la SCT informó que la obra presenta un avance de 50% y se tiene previsto terminarla hasta el segundo semestre de 2016, aunque no descartan que pueda tardar más.
El delegado de la SCT, Juan Vázquez, comentó que la obra no se terminó según lo programado por problemas con la liberación del derecho de vía y porque la constructora ICA no cumplió algunos compromisos con particulares que vendieron sus tierras.
El presidente del Congreso, Roberto Carlos Cabrera y Mauricio Kuri, alcalde del municipio de Corregidora, dijeron que ya les avisaron a las autoridades de la SCT que se terminará hasta 2017.
A la fecha, asegura la SCT, que se han realizado los trabajos de terracerías a lo largo del tramo, la construcción de las obras de drenaje, el tendido de base estabilizada con cemento, así como la construcción de la superficie de rodamiento con pavimento hidráulico.
A lo largo del nuevo libramiento han sido levantadas 28 estructuras, con dos puentes especiales; dos pasos superiores sobre las vías de ferrocarril y la construcción de siete entronques.
La obra permitirá sacar a 15 mil unidades y pretende acortar los recorridos entre las zonas norte del país, sur del Bajío y la ciudad de México
La primera piedra y un letrero es lo único que hay de lo que debería ser la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) “El Morro”, licitada en 2009 para sanear las aguas negras de esta capital, de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.
En 2009 el gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga colocó la primera piedra para la planta de tratamiento en un predio del municipio de Soledad y presumió que se completaría el saneamiento del 100% de las aguas residuales en el ayuntamiento.
La obra ha sido impedida por trabas legales para el financiamiento, la oposición de ejidatarios que utilizan las aguas negras y una investigación de la Secretaría de la Función Pública derivada de presuntas inconsistencias en el proceso de adjudicación.
Para concretar la PTAR se requería el aval del Congreso local a efecto de que los ayuntamientos de Soledad y San Luis Potosí se asumieran como deudores solidarios, que se aprobó en 2012.
De los Santos terminó su mandato y llegó el gobernador priísta Fernando Toranzo Fernández (2009-2015), quien también concluyó su periodo sin que avanzara la obra; ahora toca al gobernador Juan Manuel Carreras López (PRI) hacer frente al proyecto, que involucra a la federación.
Además, están pendientes de concretarse los colectores que conducirán las aguas (excedentes del río Santiago y que se encuentran a cielo abierto) a la planta, para que sean saneadas.
La obra hidraulica más importante de la época, tampoco siguió porque la Secretaría de la Función Pública encontró inconsistencias en la licitación pública nacional, que se adjudicó a la constructora Fypasa, como consta en el oficio número CI-SFP-2017/2009.
En el decreto 563 del gobierno del estado, publicado el 27 de diciembre de 2008, se sientan las bases para la construcción de la planta, aunque desde el 6 diciembre de 1998 la Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento había firmado un convenio con usuarios de aguas negras de la zona norte para su tratamiento.
En su página web, de octubre de 2015, en el apartado de Proyectos Estratégicos, la Conagua describe que la planta tendrá una capacidad de procesamiento de 750 litros por segundo, con una inversión total de 395 millones de pesos y cita que la empresa ganadora de la obra es MARHNOS, en tanto que la Interapas (organismo regulador del agua intermunicipal) en enero pasado mencionó que el costo de la PTAR será de 450 millones de pesos.
La Comisión Estatal del Agua gestionó el financiamiento con Banobras a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI).
La ampliación del bulevar Río Santiago a cuatro carriles que conectará al municipio de Soledad de Graciano Sánchez con el Anillo Periférico, en la zona metropolitana de San Luis Potosí, quedó en el olvido. Hace cuatro años iniciaron las obras en el tramo de acceso Norte hasta el Periférico Oriente, en la zona metropolitana, pero éstas se quedaron detenidas. La obra está en manos del gobierno del estado.
En los trazos de las gasas por las que descenderán o ascenderán los vehículos para conectar con el Periférico Oriente sobresalen las varillas para lo que serán los muros de carga, a medio colar, y se observa tierra suelta.
La obra se planeó en 2009, con una inversión de 400 millones de pesos, con financiamiento del estado, federación y municipios.
También la construcción del puente elevado del Anillo Periférico y avenida Juárez, localizado en las inmediaciones de la Feria Nacional Potosina, quedó abandonada hace tres años.
La construcción se trabó por un conflicto legal de propiedad con ejidatarios de la comunidad de San Juan de Guadalupe, que afirman tener los derechos de una porción del terreno en donde se construyó el puente elevado y lograron un amparo judicial. La Junta Estatal de Caminos (JEC) abandonó la obra y ni siquiera regresó a retirar los materiales de construcción.
El puente está abierto a la circulación en la parte superior y en el tramo hasta antes de ingresar en las propiedades comunales.
Vecinos de la comunidad de San Juan de Guadalupe lo consideran “muy peligroso”, aseguran que por las condiciones en que se encuentra ha sido causa de accidentes vehiculares.
El informe final de auditoría de la Cuenta Pública 2012, establece que la obra “puente vehicular de avenida Juárez y bulevar Antonio Rocha Cordero” es ejecutada por la empresa Vialidades y Construcciones Torres SA de CV, con un plazo de ejecución de 19 de marzo al 15 de agosto de 2015, y una inversión de 56 millones de pesos del Ramo 23, de la federación. El puente se planeó para beneficiar a 120 mil personas.
La Junta Estatal de Caminos (JEC) argumenta que la obra está detenida por la suspensión que un juez otorgó a los comuneros, pero que siguen las negociaciones para continuarla.
El gobierno del estado no ha ejercido acciones ni existe evidencia de la planeación de la obra.
Por otra parte, la renovación de la Alameda Juan Sarabia, iniciada en septiembre de 2011 por la empresa Ediprosa, quedó a medias. La constructora enfrenta un proceso administrativo por el incumplimiento. También, las obras en la avenida Ricardo B. Anaya están abandonadas.
El edificio destinado para albergar a la administración municipal de Guasave se quedó en obra gris, sin ventanas ni puertas, debido a la escasez de dinero.
En agosto de 2012, el entonces alcalde de Guasave, Ramón Barajas López, anunció la construcción de un nuevo palacio municipal, que tendría un costo aproximado de 80 millones de pesos y 10 millones se destinarían tan sólo para su primera etapa. Desde esa fecha, el edil aclaró que la obra no se terminaría en su periodo.
Pero hoy, cuando ya transcurrieron dos años de la administración que lo sucedió —encabezada por Armando Leyson Castro—, no hay todavía una fecha de término del nuevo edificio, el cual continúa en obra gris, sin ventanas, sin enjarres, pintura ni tampoco nada de mobiliario.
La razón para construir un recinto más grande era el dejar de pagar rentas de oficinas, pues en el viejo palacio municipal no cabían todos los trabajadores del ayuntamiento.
Asimismo, se beneficiaría a los 300 empleados sindicalizados y a los mil 700 trabajadores de confianza de la comuna, pues tendrían un lugar de trabajo más amplio y cómodo, mientras que los habitantes del municipio podrían hacer todos sus trámites en el mismo lugar.
Los recursos, declaró el ex alcalde, provendrían del gobierno estatal.
Fue el 19 de marzo de 2013 cuando Barajas López y el gobernador Mario López Valdez (Malova) dieron el banderazo de inicio de la obra del nuevo Palacio Municipal, en un terreno ubicado en el cruce de los bulevares Juan Millán y 20 de Noviembre, por la lateral de la carretera México 15.
El proyecto inicial de la obra consistía en la construcción de una superficie de mil 300 metros cuadrados, distribuida en dos niveles, donde se encontrarían las oficinas municipales de Desarrollo Económico, Tesorería, Salud, Bienes y Vía Pública.
Para agosto de 2014 se reportaba entre un 75% y 80% de avance en el nuevo complejo. Sin embargo, al parecer ahí se estancó y hasta el momento no presenta mayor avance.
En abril de 2015, el director general de Obras y Servicios Públicos de Guasave, Domingo Mexía Salomón, aseguró que la obra no estaba suspendida, pero reconoció que hacían falta recursos para continuar con la obra.
En otra situación se encuentra la planta potabilizadora, también de Guasave, la cual ya está completamente terminada, pero todavía no opera porque no cuenta con el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El 26 de junio de 2014 Malova, junto con el entonces director de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, y el actual alcalde de Guasave, Armando Leyson Castro, inauguró dicha planta, cuyo proceso de purificación permitiría a los pobladores hasta “beber agua directamente de la llave”, ya que contaría con un complejo de cloración de alta seguridad, con capacidad para purificar 500 litros por segundo, según dijo en su momento el propio gobierno estatal a través de un comunicado.
“La planta de Guasave está edificada en una superficie de 2.4 hectáreas, y tiene como abastecimiento las aguas del canal Valle de El Fuerte a través de un kilómetro de tubería a cárcamo de bombeo, mediante la operación de dos clarificadores de 250 litros por segundo cada uno”, detalló entonces el gobierno del estado.
La planta potabilizadora se empezó a construir en 2011, también bajo la administración de Ramón Barajas López, y la edificación tuvo un costo total de 144 millones de pesos.
El 60% de las aportaciones fueron del gobierno federal (86.4 millones de pesos), 20% del estatal y el otro 20% del municipal (28.8 mdp cada uno), e iba a beneficiar directamente en sus primeras etapas a 30 mil personas, y “garantizaría el abasto del líquido a los 77 mil habitantes de la ciudad hasta el año 2030”, declaró el propio ex alcalde Barajas a un medio local.
Y aunque en la inauguración se comentó que el complejo estaría en operaciones para agosto de 2014, en realidad no fue así.
En un inicio, se habló de que el problema residía en que se no se habían terminado los trabajos de interconexión. Medios locales daban cuenta en septiembre de 2014 que se necesitaban 19 kilómetros de tubería para que la planta entrara en funciones, y para esa fecha sólo se habían instalado 3.7 kilómetros. Incluso, el alcalde Leyson Castro llegó a decir que para terminar los trabajos de conexión se necesitarían 50 millones de pesos adicionales.
Para enero de 2015 se reportaban avances significativos en cuestión de tuberías, y en junio ya se habían concluido, pero entonces se dio a conocer que la planta no podía operar por no haber presentado un adecuado proyecto de impacto ambiental ante la Semarnat. Y por el momento, no hay claridad de cuándo empiece a funcionar la nueva planta potabilizadora.
La Unidad Hemato-Oncológica del Hospital Pediátrico de Sinaloa, ubicado en Culiacán, se encuentra terminada, pero sigue sin dar servicio a los pacientes, siendo que al momento de su inauguración se planeaba atender entre 80 y 100 menores diarios.
En mayo de 2013, el gobernador de Sinaloa y la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López, inauguraron dicha unidad hospitalaria, que había empezado a construirse en 2010. El costo: 122 millones de pesos.
En la Unidad Hemato-Oncológica, que aparenta estar habilitada, hay 24 camas, área de trasplante de médula ósea, unidad de cuidados intermedios, sala quirúrgica y aula hospitalaria.
En abril de este año, el secretario de Salud de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro, aseguró que se requerían 12 millones de pesos extras para que el complejo operara en su totalidad.
Trabajadores del hospital confirmaron que la unidad todavía no entra en operaciones, y no hay fecha específica para que ello ocurra.
En 2006, durante la administración de Eduardo Bours, las autoridades estatales construyeron en la bahía de Bacochibampo, en Guaymas, un delfinario con el propósito de ofrecer delfinoterapia a niños con problemas motrices y de autismo. Sin embargo, desde hace tres años no cuenta con estos cetáceos.
Este centro de rehabilitación tuvo un costo de 124 millones de pesos, y en esos últimos años, ha enfrentado un sinnúmero de dificultades para su operación que va desde adeudos superiores a los 300 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y muerte de delfines, hasta problemas legales por falta de pago a las arrendadoras de la especie marina por parte del gobierno del estado.
El delfinario se encuentra ubicado en el kilómetro 5.57 de la carretera San Carlos-Las Tinajas, frente al Mar de Cortés. Hoy luce solo, en estado de abandono y deterioro.
Entre estas obras de poca utilidad social se encuentra el proyecto Música Arte y Exposiciones (Musas), construida en un terreno de 34 mil 223 metros cuadrados. Son escasas las obras y los eventos que se realizan. Lejos quedó el propósito del corredor cultural con el que fue creado.
En el presupuesto de egresos de 2007 se aprobaron 228 millones 620 mil pesos para la construcción de este complejo cultural en el parque de Villa de Seris, en Hermosillo, donde se deforestaron 661 árboles de eucalipto; 90 de olivo negro; 89 de naranjo; 76 de palmera washingtona; 62 de mezquite; 61 de guaje; 60 de pingüica; 40 de guamúchil; 39 de amapa; 33 de jacaranda; 27 de palmera datilera; 17 de ceiba; 16 de pino; 9 de yucateco; nueve de palo verde; siete de tujas; siete de acacia; cinco de benjamina; cuatro de torote; tres de guayaba; dos de mora; dos de árbol de la botella; una carisa y un limón, además se destruyó una fuente.
Uno de los principales pulmones de la ciudad fue destruido por una obra sin visitantes.
En un contexto de confrontación con la tribu yaqui por la construcción del Acueducto Independencia, la administración del ex gobernador Guillermo Padrés tardó cuatro años para construir un parador turístico y una plaza, a la altura de la comunidad Loma de Guamúchil, a un costado de la carretera federal número 15. Sin embargo, estas obras nunca concluyeron.
El presupuesto inicial de este parador turísitico era de 37.5 millones de pesos, contaría con una espectacular escultura del danzante yaqui, de 32 metros de altura, la más alta de América Latina; todo para enaltecer los valores y la identidad de la etnia y de los sonorenses.
La obra se licitó por cuatro años consecutivos y tuvo un costo de 100 millones de pesos.
Marlon Balderrama Monge, escultor de la obra, compitió con tres empresas más para ganar el concurso, al final se eligió su figura al considerar que la posición, vestimenta y rasgos del yaqui daba la identidad.
No obstante, fue rechazada por los integrantes de esta etnia por no cumplir con las características de un danzante original.
Los yaquis realizaron duras críticas a este paradero y a la inversión que se destinó, sobre todo porque esta tribu tiene grandes necesidades básicas como carencias de agua potable, drenaje, pavimentación, centros de salud y escuelas dignas, principalmente.
Más tardó en erigirse que en descomponerse, el “reloj de Gastón”, que construyó el ex alcalde de Hermosillo Gastón González Guerra frente al gimnasio del estado y el bulevar Rodríguez.
Lo inauguró durante su último año de gestión, en 1997. Los hermosillenses le llaman “el monumento a la mediocridad”, el cual costó a los ciudadanos 2 millones de pesos.
La Dirección de Parques y Jardines de Hermosillo dio a conocer que repararlo cuesta al ayuntamiento un millón de pesos y representaría otro gasto inútil, por lo que no volvió a funcionar.
Como anunciar no empobrece pero da imagen, es común que se prometan obras en una franca apuesta a la falla de la memoria colectiva.
Un ejemplo de esto es el anuncio que se hizo el 22 de abril de 2014 cuando autoridades federales y estatales dieron a conocer la reconstrucción y modernización de lo que llamaron “el eje vertebral de la entidad”: la autopista que va de Estación Don (en Huatabampo) hasta la fronteriza Nogales y que con sus casi 500 kilómetros prácticamente atraviesa la entidad.
Con gran despliegue propagandístico se dijo en aquel entonces que la inversión sería de 15 mil millones de pesos y la obra requeriría tres años para dotarla de los elementos de alta especificación y concreto hidráulico.
Hoy, no obstante, pese a su alto costo de peaje hay un rezago en los trabajos de reconstrucción y modernización y la vía ya es conocida como “la carretera de la muerte”, pues es muy peligrosa para circular debido a la falta de señalización para prevenir accidentes.
Otro caso similar ocurrió meses antes, el 29 de enero de 2014, cuando el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, y el ex gobernador Guillermo Padrés Elías firmaron un acuerdo con el fin de ampliar y modernizar la operación de la actividad portuaria en Guaymas y Puerto Peñasco, con el compromiso de invertir ese año casi 2 mil millones de pesos. De acuerdo con datos con la construcción del home port de Puerto Peñasco, se estimó un mercado potencial de 1.9 millones de cruceristas nacionales y extranjeros, 65%, vía terrestre y 35% vía aérea.
Hasta se informó que se esperaba cubrir un rango de 60 millones de clientes potenciales por vía terrestre, con lo que incluso llegarían cruceristas de Arizona, Nevada, Nuevo México, Utah y California, en Estados Unidos.
De la misma forma, para 2018, se estimó un impacto regional del home port de 50 millones de dólares en abastecimiento y una cantidad similar para consumo anual de combustible en Guaymas.
Sin embargo, a casi dos años de ese acuerdo, las obras en Peñasco van lentas y en Guaymas únicamente quedaron en firma.
En 2010, en Agua Prieta, el ex alcalde Vicente Terán Uribe utilizó recursos municipales y federales para pavimentar con concreto hidráulico 183 mil metros cuadrados en una colonia que llamó Nuevo Sonora; construyó un camino de más de 6 kilómetros hacia un nuevo asentamiento cuando decenas de avenidas y calles de esa ciudad sufren contaminación por polvo, pues no están debidamente pavimentadas.
En su colonia modelo el ex edil también instaló tubería para agua, drenaje y se perforaron pozos donde no se encontró agua, todo con el propósito de construir una colonia “inteligente”. Decenas de viviendas en condiciones paupérrimas están asentadas en ese lugar. Para estas obras se invirtieron 151 millones de pesos.
Calificado como una unidad innovadora que vendría a darle mejores condiciones de vida a las personas de la tercera edad en Tabasco, el Centro Gerontológico de Villahermosa, que tuvo una inversión de 82 millones pesos, lleva dos años seis meses cerrado.
Inaugurado por el entonces gobernador del estado Andrés Granier Melo el 9 de noviembre de 2012 y puesto en marcha el 11 de diciembre de ese mismo año, este centro sólo estuvo en operaciones tres meses debido a que en la nueva administración que encabeza el perredista Arturo Núñez Jiménez, solicitó una revisión por especialistas de la Secretaría de Obras Públicas tras la que se decidió cerrarlo al público el 18 de febrero de 2013.
El inmueble fue construido sobre una superficie de 8 mil metros cuadrados en los que se prestarían servicios de casa de día y tendría capacidad para atender a 400 personas diarias en áreas de atención gerontológica, área médica con consultorios y laboratorios clínicos, área de reacondicionamiento funcional y de recreación, todo dentro de un ambiente ecológico donde predominaban las áreas verdes.
Durante su discurso de inauguración, el ex mandatario tabasqueño hoy recluido en una cárcel de la ciudad de México por defraudación fiscal, Andrés Granier Melo, presumió su máximo logro afirmando que esta construcción era única en el país. “Es innovador porque les entregamos un espacio único en el país, con servicios que les brindan todo lo que necesitan para tener una vejez plena y digna”, aseguró.
El diputado del PAN Francisco Castillo Ramírez, quien forma parte de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda que en 2013 revisó la cuenta pública de Andrés Granier y donde se hicieron observaciones a esta obra, lamenta que a más de dos años no se haya vuelto a poner en marcha el centro para las personas de la tercera edad.
Mientras este lugar se encuentra en completo abandono, en contra parte la Casa del Árbol, que es el refugio donde se atiende a las personas de la tercera edad, está a su máxima capacidad con 98 personas que actualmente viven en el lugar debido a que muchos fueron abandonados por sus familiares.
El “imponente” Museo Elevado de Villahermosa, conocido como MUSEVI y construido sobre la avenida Paseo Tabasco, una de las más importantes de la capital del estado, es hoy una obra que en algunos casos sólo es utilizada como fondo para la foto del recuerdo de alguna quinceañera.
Fue construido durante la administración del presidente municipal de Centro Jesús Alí de la Torre e inaugurado el 24 de junio de 2011 en el marco de la celebración del 454 aniversario de la fundación de la ciudad de Villahermosa con una inversión de 60 millones de pesos, siendo idea original del arquitecto Enrique Norten.
“Esta noche entregamos una nueva obra, no es una obra más, sino la mejor obra arquitectónica de todos los tiempos, concebida, plasmada y realizada por el arquitecto Enrique Norte”, señaló Jesús Alí, en ese entonces alcalde la ciudad, y quien un año más tarde se convertiría en el candidato del PRI a la gubernatura que perdió ante el perredista Arturo Núñez Jiménez.
La obra, construida en plena zona hotelera de Villahermosa, serviría para exposiciones de obras de artes y tendría un café galería, siendo su atractivo más importante la vista a la Laguna de las Ilusiones, la que según limpiarían en menos de un año, pero que está más contaminada que antes.
El proyecto también formaría parte de un complejo turístico, debido a que el MUSEVI era el inició del recorrido de un visitante que tendría que visitar las “obras de arte” antes de pasar a las fuentes danzarinas, para posteriormente llegar al museo de la Tierra y Parque Museo La Venta, pero sólo quedó en una gran intención, porque está inoperante en estos momentos.
Como parte de los festejos por los 200 años de la Independencia de México, el gobierno de Tabasco construyó la llamada Plaza Bicentenario que fue inaugurada el mismo 15 de septiembre de 2010 y cuyo símbolo más importante es un obelisco, una estructura de acero en el abandono ubicada a un costado del Palacio de Gobierno.
La inversión fue de 65 millones de pesos porque además se le construyó una explanada especial, se remodeló la estatua de la Corregidora y se colocó un muro de honor con todo y fuente.
Hoy el obelisco, símbolo de la plaza inaugurada por el ex gobernador Andrés Granier, representa un alto grado de corrosión, algunas losetas están quebradas y tienen marcas de grafitis, las luces no funcionan y las leyendas con fechas históricas sobre el piso ya no se aprecian.
El secretario del ayuntamiento de Centro, Juan Antonio Ferrer Galguera, sin embargo, asegura que eso “es parte del atractivo” del lugar.
“El obelisco no representa ningún peligro, simplemente pasa por un proceso de oxidación que es parte de su atractivo, así fue concebido el monumento, no precisamente necesita mantenimiento”, refiere el funcionario
Cuatro obras de primer nivel construidas en Reynosa, Tamaulipas, con un costo superior a los 820 millones de pesos, se encuentran convertidas en elefantes blancos, unas por problemas financieros y otras por falta de personal para operarlas: la Clínica Regional de Alta Especialidad del IMSS, dos tanques elevados de agua de la Comapa, el estadio de futbol profesional y un rastro de Tipo Inspección Federal (TIF).
El rastro TIF, que tuvo un costo de 25 millones de pesos, está abandonado desde el año 2005, ya que por conflictos entre partidos políticos, la edificación no fue inaugurada.
Los ganaderos que simpatizan con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se opusieron a que fuera inaugurada por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien ganó la alcaldía para el trienio 2005-2007.
Los ganaderos formaron un patronato denominado Integradora Ganadera del Norte de Tamaulipas, que al paso de los años entró en crisis por conflictos internos. Eso mantiene cerrado hasta este 2015 el rastro TIF que está ubicado sobre la carretera a San Fernando.
A unos metros del rastro, a finales de 2010 inició la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS, con un costo de 600 millones de pesos, y su inauguración se pactó para el año 2012.
El inmueble ya está concluido, sin embargo, sigue sin operar y, a decir del delegado del IMSS en Tamaulipas, José Manuel Assad, es por la falta de médicos especialistas.
El Hospital Regional cuenta con 26 especialidades médicas, 216 camas, y atenderá a una población de más de 450 mil derechohabientes.
Actualmente tiene un avance de 85% en materia de equipamiento y de 99% en los trabajos. Una vez que la obra esté concluida por completo se procederá a la contratación de personal médico, enfermería y de apoyo técnico. A su máxima capacidad contará con 166 plazas.
José Manuel Assad asegura que será hasta marzo de 2016 cuando se pondrá en marcha y operará con toda normalidad el Hospital Regional de Especialidades.
Fue en la administración del ex gobernador Eugenio Hernández Flores cuando se inició la construcción de dos tanques elevados de agua que solucionarían el desabasto de agua en varias zonas del municipio que comparte frontera con Hidalgo, Texas.
Los tanques elevados tienen una capacidad de 4 mil metros cúbicos cada uno; están ubicados, uno en la planta Loma Linda; y el segundo en la planta de la colonia Voluntad y Trabajo. La inversión fue de alrededor de 75 millones de pesos.
La puesta en marcha de los tanques elevados sería el parteaguas para mejorar el servicio del agua potable, pero nadie quiere hablar del retraso para su interconexión.
En 2010 el gobierno municipal anunció la modernización y ampliación del estadio de futbol ubicado en la Unidad Deportiva Solidaridad, para albergar al equipo de futbol de la Segunda División Profesional, Reynosa FC.
En su momento se presentó una maqueta en la que se mostraba un estadio de primer nivel que costaría 120 millones de pesos, y calificaría para estar en el Ascenso MX.
La obra lucía impactante, pues tendría pista de atletismo, 97 palcos de lujo, alumbrado y una capacidad para 20 mil aficionados. Quedaría tan funcional que además albergaría conciertos musicales masivos.
Sin embargo, el 27 de septiembre de 2014, el estadio fue inaugurado sin haber concluido las obras, todo estaba en 85% o 90%.
Las gradas sin concluir, la pista olímpica destruida, y sin los lujosos palcos que lucía la maqueta que se exhibía en un conocido y concurrido centro comercial.
A más de un año y medio, el estadio sigue igual, aunque, autoridades municipales afirman que estará concluido el 10 de enero de 2016.
En el corazón del estado se yergue altivo, encumbra su torre y comparte orgullo arquitectónico con una cúpula estilo árabe. Su imagen externa es portentosa, aunque sus entrañas estén derruidas por el abandono y la displicencia oficial.
Muchos recuerdan la última vez que la Plaza Bicentenario lució su cara iluminada para el sexto informe de gobierno de Héctor Israel Ortiz Ortiz, (2005-2011), creador de este edificio.
La mayoría se quedó con esa imagen porque desde entonces, dicen, fue condenado al abandono por el gobernador Mariano González Zarur (2011-2016), aunque una auditoria de 2012 practicada por la actual administración, exhibe presuntas irregularidade aplicables del ex gobernador Ortiz.
La rivalidad entre González y Ortiz se acentuó y, según el segundo, nunca platicaron sobre las obras relevantes como la Plaza Bicentenario, aunque el gobernador saliente asegura que entregó toda la documentación de la obra.
En marzo de 2014, durante la inauguración de la 33 Feria Internacional del Libro, Mariano González dijo que su administración no tenía recursos para poner en funcionamiento la plaza y de paso reforzó su desdén por el edificio. “Ya hubiera yo visto cómo arreglamos este edificio que no tiene una traza muy tlaxcalteca, ni de la Colonia, ni ese tipo de cosas”, declaró a la prensa.
Héctor Ortiz explica ahora que los trazos arquitectónicos de la Plaza del Bicentenario son expresiones del arte mudéjar, de origen árabe, como los que tiene la capilla abierta de Tlaxcala y el Convento Franciscano en una de sus techumbres.
En el último año de su gobierno, Héctor Ortiz logró que el presidente Felipe Calderón le diera recursos por los excedentes del petróleo para la construcción de la plaza en una superficie de casi 10 mil metros cuadrados. En ese lugar había una escuela primaria que fue demolida porque, según el ex gobernador, estaba “a punto de caerse”.
La edificación de la plaza se realizó en aproximadamente siete meses y según el programa, tendría un teatro con capacidad para mil 500 espectadores, una plaza pública, estacionamiento cubierto para 300 autos, museo, salas para exposiciones, para danza y un ágora como los teatros griegos.
El responsable de la obra fue José Luis Ezquerra, experto en arquitectura mudéjar, reconocido por construcciones como el complejo turístico Las Hadas, en Colima. Por su diseño cobró al menos 5 millones de pesos, dice el ex gobernador Héctor Ortiz.
“No tengo los números exactos del costo de la obra, pero fue asignada con los procedimientos de la Auditoría Superior de la Federación, por ser recursos de ese rubro. Se justificó todo conforme a la Ley, de modo que no ha habido ningún motivo para que exijan responsabilidad alguna”, dijo Ortiz.
Sin embargo, el gobierno estatal practicó una auditoria en 2012 a través de la Contraloría del Ejecutivo, y encontró que el presupuesto para la Plaza Bicentenario inconclusa fue de alrededor de 400 millones de pesos.
En un reporte oficial se subraya que el gobierno de Ortiz Ortiz pagó obras no ejecutadas por un monto de 118 millones 320 mil 840 pesos, mientras que los estudios y proyectos cubiertos a las empresas Tada Arquitectos S.C., por un importe de 2 millones 337 mil 372 pesos, y a Ezquerra y Asociados S.C., por 11 millones 505 mil 652 pesos, no fueron concluidos.
“De entre las deficiencias en la ejecución de la obra destacan: concreto insuficiente, conexiones típicas en la estructura metálica inaceptables, deficientes ligas en contra trabes, juntas constructivas indefinidas, adaptación de proyecto en campo que provoca torsiones, y faltantes de trabes de liga”, afirma el gobierno de González.
En julio pasado el Contralor del Ejecutivo, Hugo René Temoltzin Carreto, también enumeró otras “irregularidades” como la adjudicación de obras por “invitación” y la falta de planos de diversas instalaciones básicas del edificio. Hasta ahora se desconoce algún procedimiento en contra de los ex servidores del periodo 2005-2011.
Ortiz Ortiz afirma que la obra sigue fuerte y ha resistido los embates de los sismos, pero el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Tlaxcala, Delfino Chamorro Macías, afirma que hasta en tanto no se tenga una certeza sobre su seguridad estructural, la plaza no debe ser abierta al público.
Sobre la superficie otrora cicatrizada por patines y patinetas en competencias estatales y nacionales, nada queda. Ahora esa cancha, construida especialmente para la Olimpiada Nacional 2006, parece un gran charco de agua, y sobre sus muros se leen los nombres de las pandillas que tienen el control del espacio.
Es el patinódromo que visitó el ex director de la Conade, Nelsón Vargas, en febrero de 2006 cuando firmó con el gobernador Héctor Ortiz un convenio de colaboración para ser anfitriones de las competencias de patinaje en el complejo “Emilio Sánchez Piedras”, de Apizaco, donde se encuentra la pista.
En mayo de ese año arrancó la olimpiada y terminó el 4 de junio y siguió alojando a los deportistas hasta marzo de 2014, cuando los representantes del Instituto del Deporte de Tlaxcala anunciaron que la pista sería sede de encuentros interestatales rumbo a la Olimpiada Nacional. Desde entonces la superficie de concreto esta abandonada y, según el edil de Apizaco, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, no hay planes para invertir en su mantenimiento.
“Pues realmente el patinódromo no es el ancla del área (del complejo deportivo), lo que ahí es trascendental es la plaza de toros, el auditorio, el complejo deportivo de la parte de arriba”.
Indicó que por el momento no hay planes para echarlo a andar nuevamente: “Viene un gran presupuesto para mejorar esta área y hay dineros que se le invertirán al ‘bueno’; a éste [patinódromo] sería imprudente y un gasto innecesario”, afirma el edil.
Sobre la autopista Xalapa-Veracruz se divisa una imponente estructura en forma de semilla. La imagen es bella, espectacular… instalada en medio de la nada, en un enorme terreno.
En la imponente infraestructura aparece un letrero donde se advierte que el área es propiedad de la empresa china Fotón, a pesar que originalmente fue creada para analizar la problemática del campo y generar oportunidades de negocios.
Con una inversión pública de 97 millones de pesos, el agrocentro Siglo XXI, mejor conocido como El Armadillo, fue construido en el gobierno de Miguel Alemán Velasco (1999-2004) como un centro de intercambio, negociación y mejoramiento de semillas.
En 220 mil metros de terreno, la “semilla” se construyó en 160 mil metros cuadrados con un centro de negocios, salas de exposiciones, parcelas demostrativas de cultivo, sistemas de riego, vialidades interiores, iluminación y subestación eléctrica.
“El agrocentro se creó para que los trabajadores del campo tuvieran una idea clara de cuáles son los mercados y los precios de sus productos y dónde venderlos y dónde exhibirlos”, explicó en 2009 el ex mandatario Alemán al ver abandonado su proyecto.
El inmueble aún sigue en pie, pero ocasionalmente es ocupado sólo como estacionamiento de la planta armadora número 23 de la compañía china Fotón, a quien el gobierno de Fidel Herrera supuestamente vendió en 200 millones de pesos.
La instalación cuenta con drenajes pluvial y sanitario, con planta de tratamiento, dos helipuertos y estacionamiento para 400 vehículos.
En la administración de Fidel Herrera, ante el desuso en que cayó el agrocentro, se decidió entregarlo al sector privado que invertiría 2 mil millones de dólares.
Con el impulso del mandatario, los diputados locales aprobaron entregarlo al Proyecto de Desarrollo Industrial Automotriz, con lo cual la empresa china Fotón impulsaría la instalación definitiva de dos plantas para el ensamble de maquinaria agrícola.
La promesa oficial era que a cambio los chinos generarían cerca de 300 empleos directos y más de mil 500 indirectos, así como un programa de cadena de valor de suministros y desarrollo de proveedores locales. Pero además, el proyecto contemplaba la creación de un amplio desarrollo industrial automotriz para producir 50 mil unidades por año y que generaría mil 888 empleos directos a su plena capacidad y aproximadamente 10 mil empleos indirectos.
A la fecha no hay obreros, sólo el vigilante y eso a veces, coinciden los vecinos. Todo fue un engaño.
Al entregar las instalaciones a directivos de la empresa, el 16 de noviembre de 2010, Fidel Herrera aseguró que ahora sería dedicada a un bien productivo vinculado con el objetivo de impulsar el desarrollo agropecuario.
El presidente del Consejo de Fotón Motors en México, Rafael Anaya Huerta, reveló que en el puerto de Coatzacoalcos, donde tienen la primera planta instalada, se han generado 300 empleos directos.
El 5 de agosto de 2014 fue inaugurado el Libramiento de Coatepec, asentado en la zona conurbada con Xalapa.
La obra, impulsada por el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza, se presentó como una opción para reducir de siete a dos horas y media el traslado de mercancías y personas del centro de Veracruz hacia el norte. Para ello, el gobierno federal requirió de una inversión de 324 millones de pesos, lo que —dijeron— generó 970 empleos directos y tres mil indirectos.
En realidad es un libramiento de 3.5 kilómetros de carretera de 12 metros de ancho, con dos pequeños entronques a desnivel y un puente sobre el río Pixquiac; un puente peatonal para los pobladores de San Alfonso y de La Orduña. No reduce tiempos de traslado hacia Xalapa, la capital de Veracruz, ni a ningún otro punto del estado.
La obra sólo permite librar un tramo de dos kilómetros de una vieja carretera a dos carriles con 17 topes que se encuentra a la salida de Coatepec, conurbado a la capital del estado.
Al concluir el libramiento, realizado con recursos federales e impulsado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se entronca a la misma vieja carretera que conduce al norte de Xalapa con un tiempo de recorrido de al menos 25 minutos, cuando existen otras opciones para llegar a esa parte de la ciudad en menor tiempo.
El presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso del estado, Carlos Fuentes Urrutia, lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto haya venido a Veracruz a inaugurar el Libramiento de Coatepec que en nada beneficia la población.
El diputado consideró que al Ejecutivo de la nación lo mal informaron sobre los supuestos beneficios de dicha obra, la cual fue inaugurada sólo con la terminación de la primera de tres etapas del proyecto original.
Por ahora, pocos vehículos circulan por la obra, que se encuentra completamente subutiliza.
Sobre la autopista Veracruz-Xalapa se divisa un puente que atraviesa la rúa. La estructura de concreto tiene unos enormes pilares que la hacen ver sólida… A medida que se le ve más cerca es cuando se descubre su verdadera realidad. El puente, que forma parte del llamado Libramiento de Cardel, se encuentra mutilado, sin dos de sus brazos y abandonado.
Desde hace más de cinco años, el puente carece de accesos y por tanto, la mitad del libramiento, cuyo costo fue de 174 millones, se encuentra sin ser utilizado. De los cuatro carriles, sólo dos están habilitados para el paso de vehículos.
Los vehículos que circulan de Veracruz hacia Xalapa y el norte de Veracruz pueden acceder al libramiento que pasa alrededor de Ciudad Cardel; pero a aquellos que quieren dirigirse al puerto de Veracruz les es imposible utilizar la carretera de siete kilómetros.
Fue el gobierno de Fidel Herrera quien inició la construcción de la carretera en el 2008, pero la dejó abandonada a su suerte. A pesar de ello, el 7 de agosto de 2010 inauguró el libramiento, una vía rápida que comunica la autopista de Veracruz a la carretera a Tuxpan-Poza Rica.
A cinco años, el puente sigue sin accesos, abandonado y deteriorándose. Mientras que dos carriles jamás han sido abiertos a la circulación.
El Hospital General de Tekax, cuya planeación se dio a conocer hace 10 años y la construcción inició en 2006.
Hasta el momento, se han invertido en esta construcción arriba de 100 millones de pesos, sin considerar los costos de mobiliario y de equipo médico.
Incluso, el abandono parcial de las instalaciones en Tekax ha sido motivo de enfrentamientos políticos entre los ex gobernadores Patricio Patrón Laviada, del PAN, e Ivonne Ortega Pacheco, del PRI.
El panista asegura que dejó dinero suficiente en 2007 —cuando concluyó su gestión— para continuar la obra y acusa al gobierno priísta de malversar esos fondos económicos; en respuesta, la ex mandataria afirma que la obra “fue mal planeada y con deficiencias”, por lo que la Secretaría de Salud federal del saliente gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, no le autorizó el presupuesto necesario para concluirla.
En tanto, la semana pasada el actual gobernador, Rolando Zapata Bello, anunció que la construcción continuará y se tiene prevista la inauguración para el próximo año.
En 2007 se informó que la obra costaría, en su primera etapa, 19.8 millones de pesos, aunque en la actualidad el costo supera los 100 millones de pesos, pues para concluirla se requieren alrededor de 80 millones de pesos más.
En el caso del Hospital de Ticul —municipio al sur de Yucatán—, la construcción se inició en 2012 bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), pero se interrumpió por falta de recursos. Se informó que contaría con 90 camas y costaría mil 173 millones de pesos
El gobierno de Yucatán anunció que las obras se reanudarán; sin embargo, se hará una nueva licitación, pues se rescindió el contrato original con la empresa constructora por no entregar los trabajos a tiempo.
En este municipio, la población ha protestado por el paro de la obra, porque consideran que “la salud es lo más importante”.
La señora Elóida María Uicab Pérez relata que tienen muchos años esperando que se termine el centro hospitalario, pues le cuesta mucho trabajo acudir a otros municipios para recibir atención médica.
“Ya no sabemos a quién creerle, porque dicen que siempre sí, pero el caso es que no vemos que avance mucho la obra”, expresa.
En Yaxcabá, al oriente del estado, el llamado Palacio de la Civilización Maya quedó inconcluso. La primera piedra de esa obra se colocó el 21 de diciembre de 2009, en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
Según el proyecto, en 2014 el Palacio tendría un avance de 60%, pero se ha mantenido sin mayores cambios, por lo que prácticamente se encuentra en obra negra.
El inmueble, concebido en un principio como la primera pieza de un “Disneylandia maya”, quedó abandonado y arrumbado desde de 2012, cuando concluyó el gobierno de Ortega.
Los 13 mil metros cuadrados ya construidos en el complejo, fueron invadidos por maleza y charcos en varias secciones.
La constructora Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México se retiró del sitio y dejó el proyecto en manos del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur). El complejo se levantaría junto a un cenote
La inversión para este proyecto —planeado en tres fases— era de 450 millones de pesos, estaba prevista su conclusión en 2014.
Acerca de esta obra, el director del Patronato Cultur, dependencia responsable de las zonas mayas, Enrique Magadán Villamil, precisó que la actual administración estatal no tiene intención de que se convierta en un “elefante blanco”, por lo que buscarán reactivarla.
Sin embargo, aclaró que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) retomaría la obra, por lo que se encuentran en estudios para saber cuánto se requiere invertir
Durante dos sexenios se invirtieron sumas millonarias para posicionar a Zacatecas en la industria del agave y del mezcal, sin embargo, de las 22 plantas mezcaleras que se instalaron con recursos públicos hace más de cinco años, actualmente 80% están paradas.
Varios productores afirman que, incluso, muchas de esas plantas se han convertido en elefantes blancos, al considerar que con los cambios de visión de los actuales gobiernos (estatal y federal), ya no se dio continuidad a los proyectos de esta industria.
Zacatecas comparte la “denominación de origen” para la exclusividad en la producción del mezcal con estados como Oaxaca, Durango, San Luis Potosí, Guerrero, Tamaulipas y Guanajuato. En la entidad hay dos regiones productoras de maguey–mezcal. Una está integrada por los municipios de Pinos, Villa Hidalgo y Noria de Ángeles y la segunda por los municipios de García de la Cadena, Mezquital del Oro, Tlaltenango, Teúl de González Ortega, Moyahua, Juchipila, Jalpa, Apozol, Tabasco, Huanusco y Nochistlán, de la región de los cañones.
Este sector se comenzó a posicionar en el sexenio del entonces perredista Ricardo Monreal Ávila, cuando en el periodo 2000-2002 una plaga causó siniestros totales en las plantaciones de agave azul en la zona tequilera de Jalisco. Entonces las grandes empresas de este ramo voltearon a comprar las producciones del agave azul de Zacatecas.
Al ver que el agave podría ser una especie de “oro azul”, el gobierno monrealista comenzó las grandes inversiones en la capacitación, asistencia técnica, tecnologías y así nacieron las empresas integradoras de agaveros.
Comenzaron las plantaciones por doquier en diversos municipios del cañón de Juchipila y Tlaltenango, regiones colindantes con el estado de Jalisco. Aunque la vulnerabilidad de este sector siempre existió, pues pese a ser un cultivo perenne, las cosechas se obtienen de manera escalonada, porque la maduración del agave azul puede tardar hasta siete años.
En 2007-2008, durante la administración de la perredista Amalia García Medina, surgió un nuevo problema, ya que se reportaban pudriciones en las parcelas de agave y la caída del precio de la planta, debido a que Jalisco había superado la crisis de las plagas.
La administración amalista en ese entonces culpó a la administración monrealista, por lo que se anunciaron inversiones para convertir a los agaveros en mezcaleros, al destinar recursos estatales y federales.
Incluso, el sexenio de Amalia García alardeó la inyección de más de 72 millones de pesos a esta agroindustria con la instalación de 22 empresas mezcaleras que producían un promedio 5 millones de litros anuales y beneficiaban a más de mil familias en toda la entidad. Hasta se presumían los incrementos de la producción, de tener 2 mil 565 litros certificados en 2008, aumentó a 587 mil en 2010.
Se anunció en ese entonces hasta la creación de una marca colectiva de mezcal y la certificación para el mercado internacional.
El boom de la instalación de plantas mezcaleras ocurrió gracias a que las figuras jurídicas de cooperativas de productores o sociedades de producción rural podían acceder a los recursos públicos. Hoy, esos mismos productores y migrantes lamentan que sus plantas estén sin producir “ni una sola gota de mezcal”.
Las plantas que siguen operando son las más grandes que son herencia familiar como Huitzila, Caxcán, El Zacatecano y Don Aurelio, entre otras. También hay otras importantes mezcaleras como Real de Jalpa, que tiene la capacidad de producir hasta 10 mil litros al día, pero que se ha visto obligada a parar su producción, pues sólo se ha concentrado en sacar al mercado el stock que mantiene en sus bodegas desde hace varios años.
Dentro de los escenarios más drásticos está la cooperativa Diamante del Desierto, integrada por 26 socios, de los cuales 40% son migrantes, la cual ni siquiera inició operaciones. En 2006 recibió los primeros apoyos económicos para instalar la planta, pero hasta 2008 comenzó con su primera producción de prueba, sin embargo, ésta se quedó en tanques y jamás logró ser envasada ni comercializada.
La Sociedad de Producción Rural Piñón Gigante es una de las pioneras que consiguió instalar su planta mezcalera. Logró producir, comercializar y hasta distribuir su marca denominada Juchipilo, pero debido a la violencia generada entre 2009-2010, la producción de su planta también se paralizó.
Por su parte, Villedo Lamas López, de la mezcalera Huitizla, quien también preside el Consejo para el Desarrollo Integral del Maguey en el estado de Zacatecas, coincide en que hace falta mayor impulso a la industria mezcalera en cuanto a comercialización y promoción del mezcal, pero también mayor apoyo para nuevos cultivos de agave azul, ya que por fin se ha logrado un inventario de las plantaciones y se necesita incrementarlo para evitar que decaiga la industria del “oro azul”.
En el trienio 2001-2004, las autoridades municipales de Guadalupe buscaron tener un referente turístico para posicionarlo como un lugar emblemático, similar al Cerro de La Bufa, en la capital.
Fue entonces que en esa administración surgió la idea de elegir al Cerro de San Simón, ubicado en la colonia Tierra y Libertad, una de las más conflictivas del municipio.
Por medio del programa migrante 3X1, un programa de la Sedesol, se obtuvieron aproximadamente 800 mil pesos para arrancar el proyecto de turismo artesanal.
Como emblema se acondicionó un gran mirador y en el centro de éste se colocó la imagen de metal de la Virgen de Guadalupe, la cual que se pretendía iluminar todas las noches. Pese a esa inversión, en más de 10 años no se ha podido arrancar el proyecto.
Otra de las grandes obras del gobierno federal y estatal emprendidas hace 10 años fue la instalación de plantas beneficiadoras de frijol en la zona industrial del municipio de Calera, las cuales fueron equipadas con una inversión millonaria.
La finalidad era limpiar y clasificar el frijol, ya que Zacatecas es el primer productor a nivel nacional (35%), pero desde su arranque ha trabajado por debajo de la capacidad de las procesadoras.
En los años siguientes, el argumento de las autoridades del sector fue que los productores no acudían con sus cosechas debido a los estragos de la sequía. Actualmente, las grandes instalaciones son subutilizadas y se usan principalmente como bodegas.
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