Para obtener los resultados del grado de impunidad el IGI-MEX 2016 -bajo la coordinación de los investigadores Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara-, se seleccionaron 17 variables de los sistemas de seguridad y justicia, excepto la dimensión de las garantías individuales “pues se encontraron vacíos en los reportes de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos”.
De acuerdo con el diagnóstico, 13 estados están en un grado de impunidad muy alta o elevada:
- Quintana Roo con 76.61 puntos;
- Estado de México 76.48,
- Baja California 74.42;
- Durango 73.97 puntos;
- Tamaulipas 73.38;
- Guerrero 73.19;
- Coahuila 72.93;
- Yucatán 72.80;
- Veracruz 72.38;
- Querétaro 72.24;
- Nuevo León 71.63;
- Oaxaca 71.63
- y Baja California Sur 70.74.
Las 11 entidades con un grado de impunidad alta son:
- Morelos con 69.37 puntos;
- Sinaloa 69.34;
- Puebla 69.19;
- Tabasco 69.10;
- Aguascalientes 68.37;
- Hidalgo 67.90;
- Tlaxcala 67.69;
- Jalisco 67.45;
- Colima 67.01;
- Zacatecas con 66 puntos
- y Guanajuato con 65.15.
En el documento se clasificó a Michoacán en el grado de impunidad atípica, con 67.71 puntos, que está por encima de la media nacional, “considerando la situación de violencia, delincuencia organizada y restructuración que ha sufrido en los últimos años, el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado”.
En el documento se emiten 16 recomendaciones claves para revertir este fenómeno, como implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local.
Pero además advierte que el nuevo sistema de justicia penal puede fracasar si los elementos operativos y administrativos de seguridad locales no están debidamente capacitados.
Otros puntos importantes que propone el IGI-MEX 2016 es revisar la autonomía, capacidades y funcionamiento de las instituciones de justicia de los estados; garantizar la autonomía de las fiscalías; evaluar las capacidades y funcionamiento del actual sistema penitenciario, así como la autonomía de las Comisiones de Derechos Humanos de cada entidad.
