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Estado de derecho

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México, estado por estado



En México hay un Estado de Derecho "débil generalizado" producto de las “situaciones de violencia, corrupción e impunidad” que afectan a millones de mexicanos, reporta el World Justice Project (WJP) en su primer informe a nivel local en la materia. Tal situación se acentúa en Guerrero, el estado más rezagado del país en orden y seguridad, contrapesos al gobierno estatal en turno, derechos humanos, justicia civil y penal.



Estado de derecho

Por: Manuel Espino

Según el informe, el promedio nacional de cumplimiento en el país de las normas que llevan a una organización efectiva de la sociedad y el gobierno, es de apenas 0.39, en una escala de 0 a 1, donde 1 indica el máximo apego al Estado de Derecho, entendido como un elemento fundamental para garantizar la paz, la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible.

Los rubros en los que el país resultó con los niveles de evaluación más bajos, son:


  • ausencia de corrupcion Ausencia de corrupción, con un puntaje de 0.35
  • Justicia civil Justicia civil, 0.36
  • Justicia penal Justicia penal, 0.38

Lo que significa que los principales retos a atender, son “la corrupción, la seguridad y la justicia”, considera Leslie Solís, integrante de WJP.

“Dentro de la justicia, lo que vemos más débil son la investigación de los delitos y las policías”, añade en entrevista con EL UNIVERSAL.

México estado de derecho

De los ocho indicadores analizados, Guerrero, que obtuvo una evaluación general de 0.29, ocupa el último lugar en el país, siendo orden y seguridad (0.28), límites al poder gubernamental (0.28), ausencia de corrupción (0.28), justicia civil, (0.28), donde presenta las mayores atrasos institucionales.

Le siguen Baja California Sur (0.35), Estado de México (0.36), Sonora (0.36), Puebla (0.36), Quintana Roo (0.36), Morelos (0.37), Ciudad de México (0.37).

Las entidades mejor evaluadas son Yucatán (0.45), Aguascalientes (0.44), Zacatecas (0.44), Campeche (0.43).

“Yucatán y Zacatecas salieron bien evaluados, pero destacan en el área de justicia penal y no es coincidencia porque junto con otros estados, estos fueron los primeros en implementar la reforma al sistema de justicia penal, son los que llevan más tiempo consolidando este sistema”, comenta por su parte, Jorge Morales, investigador de World Justicie Project.

El informe puntualiza que a pesar de que la distancia entre el primer lugar, (Yucatán 0.45), y el último, (Guerrero 0.29), es relativamente corta, hay “diferencias que son reflejo de distintas realidades, retos y éxitos de política pública”, y “muestran que México no es del todo homogéneo en materia de Estado de Derecho”.

Para la organización internacional, el fortalecimiento del Estado de Derecho en México sigue siendo un tema pendiente y recordó que el año pasado el país se posicionó en el lugar 92 del Índice de Estado de Derecho a nivel mundial.

Por lo que considera que “hoy, México se encuentra en una coyuntura única para orientar sus políticas públicas y consolidar sus instituciones, especialmente a nivel local”.

“México debe convertirse en un país donde impere la ley y donde todos la cumplan y la respeten. Su gente lo demanda y anhela”, afirma el jefe de investigación de WJP, Alejandro Ponce.

World Justice Project midió la percepción y experiencias sobre ocho indicadores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal, a través de encuestas aplicadas a 25 mil 600 personas en general y mil 500 especialistas, en zonas rurales y urbanas de los 32 estados.

Aclara que el Índice de Estado de Derecho en México 2018 emplea un marco conceptual y metodológico semejante al utilizado por el WJP para medir la adhesión al Estado de Derecho alrededor del mundo desde una perspectiva ciudadana. Sin embargo, el marco conceptual y metodológico se adaptó para reflejar el contexto nacional y la arquitectura institucional del país.

¿Qué es el Estado de Derecho?

Es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa, y eficiente. El Estado de Derecho es un principio rector que vincula a autoridades y ciudadanos mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros.*

Para el WJP, el Estado de Derecho se define a partir de los siguientes cuatro principios:

1. Rendición de cuentas:

El gobierno y los actores privados rinden cuentas ante la ley.

2. Leyes justas:

Las leyes son claras, públicas, estables, y justas. Además, se aplican de forma equitativa, y protegen los derechos fundamentales de toda la población.

3. Proceso justo:

Los procesos para promulgar, administrar y aplicar las leyes son accesibles, justos, y eficientes.

4. Mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas:

La justicia se aplica de forma oportuna por representantes competentes, éticos, independientes, y neutrales, que son accesibles, cuentan con recursos suficientes, y reflejan la pluralidad de sus comunidades.

* FUENTE: Índice de Estado de Derecho en México 2018. Perspectivas y experiencias en los 32 estados del país. World Justice Project. 2018.

Preguntamos a la población


La encuesta a población general del Índice de Estado de Derecho se aplicó a una muestra representativa de 800 adultos en cada estado del país, para un total de 25,600 encuestados. El cuestionario fue diseñado por el WJP e incluye preguntas de percepción y de experiencia en temas tales como derechos fundamentales, participación cívica, conocimiento de la ley, discriminación, contacto con la policía y fuerzas armadas, corrupción, seguridad, desempeño institucional, justicia ordinaria, y elecciones.
La encuesta fue aplicada, de forma coordinada, por cinco compañías líderes de opinión pública en México durante el otoño de 2017. Las entrevistas fueron realizadas cara a cara utilizando tabletas y teléfonos inteligentes. Para garantizar la calidad de los datos, se aplicaron técnicas de supervisión tradicionales in-situ por parte de los responsables de campo, y técnicas de supervisión remota en tiempo real por parte de una sexta compañía encuestadora supervisora.