Obras públicas

Las empresas fantasma y con prestanombres de la Sedena

Entre las empresas subcontratadas por la Sedena hay 2 que han sido declaradas por el SAT como simuladoras de operaciones y otras tres donde sus dueños o apoderados legales también han sido señalados.

Una de ellas es Grubernova, que en 2015 vendió insumos para la construcción de una escuela en el campo militar de San Miguel de los Jagueyes, en el Estado de México. En la dirección fiscal que reportó la empresa hay un negocio de barbacoa llamado el Hidalguense que opera desde mayo de 2017 y anteriormente, según los vecinos, había una empresa de bienes raíces llamada Birsa.

El 1 de agosto de 2017 la compañía apareció en el SAT como presunta empresa que expide comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y el 16 de abril de 2018 las autoridades hacendarias la colocaron en el listado de definitivas.

Además hay otras ocho empresas o dueños de éstas que fueron reportados por el SAT como no localizados, como Francisco Javier López Rodríguez, de Servicios Integrales de Construcción e Ingeniería Ideal, que apareció en los listados del fisco en enero de 2014. Al acudir al domicilio reportado en Puebla, este medio tampoco pudo localizarlo porque el número de la vivienda (203) no existe. Al hacer un recorrido por la avenida 33 Poniente la numeración salta del 125 al 300.

También se buscó a Héctor González Baez, otro de los dueños, pero en el domicilio no quisieron brindar información. Una de las vecinas dijo que González Baez se dedicaba a vender tacos. Al hablar al teléfono que reportó la empresa en un padrón de proveedores de Puebla, contestó la administradora de otra empresa que brinda asesoría en temas ecológicos y dijo que no conocía a la compañía.

Nueve proveedores aparecen actualmente en los listados del SAT con créditos (adeudos) fiscales firmes, y cinco de ellos ya estaban en este supuesto cuando Sedena los contrató, por lo que no debieron recibir recursos. El Código Fiscal de la Federación prohíbe a los gobiernos y dependencias contratar o adquirir servicios con contribuyentes que hayan incumplido una obligación.

Una de ellas es Comercializadora de Madera para la Construcción del Centro que estaba ubicada en un edificio en la colonia La Paz en Puebla, donde el encargado dijo que eran las “oficinas virtuales” de varias compañías, un espacio donde una persona se encarga de recibir llamadas y correspondencia.

Tres firmas fueron sancionadas por la Función Pública y una más, Constayma, fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación por haber simulado operaciones con beneficiarios de subsidios otorgados por Sagarpa al ser parte de una red que “facturó servicios que no fueron realizados, los equipos o infraestructuras facturados ya existían y, en otros casos, no fueron localizados”.

Esta empresa se encuentra ubicada en la colonia La Paz, en Puebla, donde también está instalada Concretos Luaya, constituida el 20 de junio de 2016 por el notario Mario Marín y la cual firmó un contrato con Sedena por 1.3 millones de pesos en 2018 para venderle concreto en la construcción de un Centro Aeroespacial en Zacatecas.

Una de las socias de esta empresa es Rubí Esmeralda Costeño, que en el acta notarial dijo ser “vendedora especializada”, y quien aparece en un padrón de beneficiadas con techos de lámina de un programa de la entonces Secretaría de Desarrollo Social.

En el acta constitutiva la joven aportó una dirección incorrecta, ya que la calle no corresponde con la colonia. “Con domicilio en calle Tlacaelel, manzana letra a, lote quince, colonia Joyas del Sur, Puebla, Puebla”, manifestó.

Además de Luaya, hay otras dos empresas con irregularidades donde el exgobernador de Puebla también fungió como fedatario. Nacional Maderera Pucte, por ejemplo, fue creada el 11 de febrero de 2016 y ocho meses después ya estaba firmando un contrato con Sedena para venderle madera en la construcción de un camino rural en Guerrero.

Fue constituida por José López Cruz, que entonces tenía 19 años y que reportó como domicilio una vivienda en Puebla a medio despintar y dañada por la humedad. Al visitar el lugar donde vivía con sus hermanas, éstas contaron que actualmente trabaja de mesero y anteriormente despachaba en una tortillería.

En entrevista el joven aceptó haber firmado unos documentos, pero nunca supo donde estaban ubicadas las oficinas de la empresa y tampoco recibió ningún peso de la misma. “Nomás hice lo legal y ya de lo demás no me enteré”, afirmó.

La tercera compañía avalada por Mario Marín es Islort Construcciones y Concretos. Uno de los dueños es Telésforo García Baleón, que declaró ser comerciante y vivir en la unidad habitacional San Miguel, en una zona popular en Puebla.

Al acudir al domicilio, la hermana de Telésforo contó que desde hace una década él ya no vivía ahí y que actualmente se dedicaba a cargar muebles en una empresa de mudanzas. Anteriormente se dedicaba a repartir correspondencia.

En los antecedentes notariales de Islort aparece como apoderada Elva Eugenia Torres, que a su vez es socia de Concretos Luaya, otra empresa que también pasó por la notaría de Mario Marín, y que fue creada diez días después que Islort.

Empresas operan en red

En la rehabilitación de un trébol vial en Puebla que conecta con la unidad habitacional militar El Chamizal, la Sedena firmó tres contratos para la adquisición de materiales con tres proveedores que están relacionados entre sí y presentaron errores en los contratos.

El 18 de mayo de 2017 firmó un contrato para la “adquisición de agregados” con Blanca Aurora Landa Lara por poco más de un millón de pesos. Landa Lara, que aparece como beneficiaria de un programa social de vivienda, es a su vez accionista de Rad Empresarial, una compañía que también firmó un contrato con Sedena el mismo día y que no tenía antecedentes comerciales con ninguna dependencia.

Rad Empresarial reportó su domicilio fiscal en el barrio Xicotzingo, en Cholula, Puebla, que es el mismo reportado por Pemsa Iluminación, otra proveedora en la misma obra. Ambas, según los contratos revisados, proporcionaron el mismo teléfono de contacto.

Rad se constituyó en el 2010 para prestar servicios de consultoría y asesoría, pero en marzo de 2016 modificó el objeto social para incluir la venta de maderas. Un mes y medio después, la compañía firmó un contrato con Sedena para venderle maderas.

Al acudir a la maderera en Puebla, el local donde operó tiene un letrero de venta. “Era una bodega y funcionó como un año, pero luego la pusieron en renta”, contó un vecino. Al marcar al teléfono que aparece en su web y preguntar por los dueños que aparecen en el acta constitutiva, la persona que contestó la llamada colgó inmediatamente.

También, en Puebla hay otra red de seis empresas que comparten accionistas, apoderados y administradores. Dos de ellas son Productos ERN y Zeni Industrial, que arrendaron equipo y vendieron “agregados” a la Sedena para la construcción del eje metropolitano del rincón en Guanajuato.

Ambas empresas se crearon el 7 de mayo de 2018 con un notario de Tlaxcala. Al siguiente día el mismo notario avaló la constitución de Brener, que habría de sumarse como proveedora en la misma edificación.

Las empresas tenían menos de dos meses de haberse constituido cuando la Sedena las contrató. Pese a su nula experiencia y haber competido con Cemex (la cementera mexicana que vende en 50 países) en el proceso de invitación restringida, las tres obtuvieron contratos por 30 millones de pesos.

En el acta notarial de Zeni Industrial aparece como comisario Feliciano Aguilar Corona, que ostenta el mismo cargo en ERN Productos, y también aparece como accionista María Luz Martínez Sosa, que también es socia en Lizte Empresarial.

Luis López Carreón es socio de Shedar Soluciones y de ERN Productos. Su hermano Juan es socio Brener y Shedar. Esta última tiene el mismo domicilio de Comercializadora Jicolapa, una empresa que se constituyó en enero de 2016 y se disolvió tres años después.

En el domicilio fiscal reportado por Shedar y Jicolapa en Puebla actualmente opera otra empresa. Los vecinos contaron que ese domicilio es usado por compañías que llegan a instalarse unos meses y luego son desmanteladas. “Solo contratan a alguien para que haga el aseo y reciba la correspondencia”, contó una comerciante de la zona.

En Oaxaca hay otra red de empresas que fueron contratadas en la construcción de un centro educativo en Juchitán y que comparten apoderados, accionistas, dirección fiscal y fecha de constitución.

Una de ellas es Construcciones Infraestructuras y Materiales DNK, a quien Sedena la adquirió servicios de aplicación de yeso y pisos, y Furzi Maquirrenta y Venta, a quien le rentó excavadoras. Ambas fueron constituidas el 30 de octubre de 2015 ante el mismo notario.

A los cuatro días, el mismo fedatario registró a Bienes y Servicios Comercializados E&I, constituida por Josué Israel López Cruz, quien a su vez es accionista de Furzi. El apoderado legal de E&I es Vicente Pérez Jiménez, quien ostenta el mismo cargo en Distribuidora de Materiales para la Construcción, Pétreos y Agregados la Crucesita.

Otra coincidencia entre E&I y la Crucesita es que reportaron la misma dirección fiscal y en sus actas notariales Viridiana Méndez Avendaño aparece en la primera compañía como accionista y en la segunda como apoderada. Al visitar el domicilio fiscal no había ningún comercio u oficina, sólo un local abandonado.

En esta red de cuatro empresas hay otra coincidencia: Virginia Magdalena Hernández aparece como socia en tres compañías y reporta residir en San Lorenzo Cacaotepec con un domicilio que no existe: “con domicilio en la casa sin número de la primera privada de la raya”.

El modelo de contratación por administración directa, que dio pie a estas irregularidades, es el mismo que usó la Sedena en la construcción de la barda y camino perimetral de acceso en el cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM) y es el mismo esquema que está usando en Santa Lucía.

"Se buscó la postura de Sedena con una semana de anticipación y hasta el cierre de esta edición no habían terminando de integrar la respuesta."