El aborto legal en México tras una violación es un camino tortuoso

CABO SAN LUCAS.- La vida de Fabiola y su hija cambió para siempre en un consultorio del Doctor Simi de Cabo San Lucas el 27 de julio de 2019. En ese pequeño cuarto se enteró que su hija de 11 años, quien acababa de terminar la primaria, tenía un embarazo de 13 semanas, consecuencia de violaciones sexuales cometidas por su padrastro.

Hasta ese día, la mujer de 33 años supo que las víctimas de abuso sexual en México tienen derecho a un aborto legal sin importar la legislación estatal. Fue una doctora quien le contó de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM) y, en vez de darle una receta médica, le pasó el teléfono del ministerio público para que denunciara el crimen. Una vez con la orden de las autoridades en la mano llegó al Hospital General de San Lucas pero se topó con un ginecólogo que dijo ser objetor de conciencia. Es decir, por su religión se negó a realizarle un aborto a una niña embarazada.

Desde el comedor de su casa, ubicada en la periferia de San Lucas, lejos de los restaurantes lujosos, los enormes campos de golf y los hoteles exclusivos por los que esta zona del país es famosa a nivel mundial, Fabiola recordó que el día que llegó al hospital a pedir ayuda para su hija, descubrió la revictimización. El personal médico la culpó por lo ocurrido a la menor, y sembró en ella la creencia de que las mujeres mueren desangradas durante los abortos.

Semanas antes ya había vivido la negligencia del mismo hospital. Cuando su hija comenzó a presentar malestares físicos la llevó a consulta, pero ese mismo personal le dijo que se trataba de una gastroenteritis derivada de comer sopas instantáneas. Cuando pidió la opinión de un especialista, la enviaron a una fila de espera de cuatro meses. Al tratarse de una emergencia, Fabiola llevó a la niña al Doctor Simi, donde le practicaron exámenes de sangre y un ultrasonido. Hasta el día que la doctora leyó los resultados, la niña pudo contarle la verdad a su mamá.

Debido al estado avanzado del embarazo, Fabiola se enfocó en resolver la situación cuanto antes.

“Ella (mi hija) en todo momento exclamó que no quería un bebé, ni siquiera sabía que estaba embarazada, con la mano en la cintura el doctor me dijo ‘pues te voy a dar el alta y te la vas a llevar’ le contesté ‘ni me va a dar el alta y ni me la voy a llevar, porque traigo una orden donde usted le tiene que practicar el legrado a la niña’”, contó.

La objeción de conciencia es un derecho de los médicos en México. Pero también el aborto legal, gratuito y seguro para las víctimas de violación sin importar la legislación estatal. En la NOM 046 se explica que en casos como el que vivió Fabiola y su hija, el Estado tiene la responsabilidad de contar con más personal médico debidamente entrenado en la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Fabiola enfrentó una traba más cuando otro ginecólogo del mismo hospital le aseguró que él sí le practicaría el aborto a la menor, pero no había anestesiólogo disponible. “Me dijo ‘no me niego, pero no tenemos el personal que la atienda en caso de una hemorragia, yo la induzco y me voy y ¿quién se queda a cargo?’, me dijeron que iban a buscar un anestesiólogo del IMSS pero que no estaba. No quisieron hacerlo”, explicó la mujer, quien emigró del sur del país hace 15 años a Los Cabos en busca de una oportunidad laboral.

Las autoridades sanitarias locales y federales intervinieron en el caso gracias a la mediación de tres mujeres: la trabajadora social, la psicóloga del hospital y una agente del ministerio público. Fabiola aseguró que el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, pidió que resolvieran el caso en favor de la menor. El Universal corroboró este dato con la psicóloga del hospital que solicitó el apoyo de Alcocer.

“Me encierran otra vez en un cuarto y me dicen ‘mira, la vamos a mandar a La Paz’. Yo con mi hija internada, mis tres hijos acá, uno que sabía todo y se tuvo que quedar callado y aguantar la presencia de... (el agresor). El señor todo este tiempo seguía en la casa, nunca se imaginó que nosotras estábamos en esta situación, le dijimos que la teníamos internada por gastroenteritis”, contó. En la actualidad, el agresor de su hija se encuentra preso y espera una sentencia.

Fabiola y su hija llegaron en una ambulancia de San Lucas al Hospital General de La Paz, donde una ginecóloga interrumpió el embarazo sin ningún contratiempo. Hasta que de nuevo, un empleado del hospital, le preguntó si quería llevarse al producto para darle “santa sepultura o donarlo para no sé qué”.

“Son personas que no tienen el tacto independientemente de la profesión que tengan, ni siquiera sentimientos, con mi hija encamada ¿cómo se atreve a decirme eso?”, contó.

El día que Fabiola y su hija volvieron del hospital, detuvieron al agresor y desde entonces enfrenta, un juicio por violación equiparada. Sin embargo, la negación de la NOM046 en un inicio, derivó que la mujer emprendiera una lucha en voz alta que, a su vez, hizo que se enteraran sus vecinos y compañeros de trabajo, quienes ahora la continúan revictimizando, al grado de que ha considerado irse de la ciudad con sus hijos.

“Puede ser cualquier hombre común, las características de un depredador son las de un angelito, pero es el vivo demonio, y no te das cuenta, te ciegan, me queda claro que debemos estar más alertas como madres y mujeres”, dijo.

Hace 12 años, el Gobierno mexicano se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a tomar medidas para la no repetición y a la eliminación de los obstáculos que impidan a las mujeres a ejercer sus derechos reproductivos. Derivado del caso emblemático de 1999 de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, una mujer de Mexicali, a la que le fue negado el derecho a abortar tras una violación, y cuya historia fue litigada por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) hasta las últimas instancias internacionales. Fue la primera vez en la historia de México que la CIDH se pronunció sobre un tema de derechos reproductivos. De hecho, el rostro de Paulina, se utilizó en un spot de televisión a favor de la legalización del aborto en la Ciudad de México en 2007.

Para medir el acceso que las mujeres han tenido a este derecho, El Universal solicitó por transparencia a los 32 estados el número de mujeres que ha ejercido la NOM046, en la numeral 6.4.2.7; es decir, la ILE por violación en un hospital público del IMSS, ISSSTE o de la Secretaría de Salud, desde 2012 a 2019. Así como el número de veces que se ha negado, todas las ocasiones en que la negación se consideró una violación a los derechos humanos y la cantidad de médicos objetores de conciencia que tiene cada entidad.

Se registraron 442 abortos legales por violación a nivel nacional. La mayoría de las víctimas que ejercieron su derecho a la NOM 046 fueron niñas de 10 a 15 años, como en el caso de la hija de Fabiola. Resalta que el 54.5% de las mujeres llegó a pedir la ILE con un embarazo de menos de 12 semanas. Además, ninguno de los casos se registró en el IMSS. El 93% de las ILE por violación se concentran en los últimos tres años. Hay que considerar que después de la reforma de 2016, se descartó la necesidad de presentar una denuncia formal para que los hospitales accedieran a practicar un aborto. La modificación de la NOM 046 en el 2016 también añadió la edad mínima para solicitar su aplicación que son los 12 años. En caso de ser menor a esa edad, sólo se requerirá solicitud de la madre o tutor.

El Universal buscó a Pablo Antonio Kuri Morales para que hablara del contexto en el que firmó la reforma de la NOM 046 hace tres años cuando fue subsecretario de salud nacional. Pero indicó que “no es experto y no se sentía capacitado para la entrevista”.

Cifra negra

La falta de datos concretos y sistematizados hace que no se puedan considerar confiables, según Paloma Bonfil, coordinadora nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y una de las coautoras del informe para conocer los resultados de la aplicación de la NOM046 en Guerrero, Chiapas y Oaxca, presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2017.

“Sabemos que existe, pero el registro sistemático no está en las instituciones, en ese reporte fue muy llamativo que hospital de tercer nivel, metropolitano en la ciudad de Oaxaca no tuviera ni un solo caso de violencia registrado, dices ¿cómo el hospital más grande del estado no tuvo un solo caso de violencia contra las mujeres?

Para Bonfil, la cifra negra señala la posibilidad de que “las interrupciones del embarazo (por violación) se estén haciendo fuera del sistema, con grandes riesgos de infección y mortalidad” y señala a la falta de difusión como el principal problema para que las mujeres conozcan este derecho, el personal médico sepa cómo implementarlo y las autoridades procuren justicia. Así como el rol de la sociedad de estigmatizar a las mujeres que abortan.

“Lo que tenemos es un monstruo que se muerde la cola en un círculo vicioso. A pesar de que ha insumos, recursos para suministrar la pastilla del día siguiente y para la interrupción del embarazo, el personal médico no lo usa, y la gente no lo pide pero porque no saben que existe”.

Por ejemplo en los datos obtenidos por transparencia, Baja California Sur no reportó ningún médico objetor de conciencia, pese a que fue esa la razón por la que Fabiola se tuvo que trasladar a otra ciudad para que su hija abortara. A nivel nacional hay registrados apenas cinco médicos objetores de conciencia en temas de aborto.

Hubo 9 estados que dijeron no haber registrado ni un solo caso de ILE por violación. Tan sólo 15 quejas relacionadas al incumplimiento de la NOM 046 en Comisiones Estatales de Derechos Humanos, cinco de las cuales se concentran en la CDMX, y ni un solo caso registrado por la CNDH.

Pese a los compromisos asegurados a nivel internacional, San Luis Potosí aseguró que negar la ILE por agresión sexual no constituye una violación a los derechos humanos.

Karen Luna, coordinadora de investigación de GIRE señaló como otro obstáculo la falta de información legal, pues se ha detectado que a las mujeres se les sigue solicitando una denuncia previa para poder solicitar la NOM 046, cuando lo contrario está señalado en la Ley General deVíctimas.

Por su parte, Marta Lamas, antropóloga feminista y quien fue precursora de la NOM046, comentó que en México la norma no se ha difundido lo suficiente.

“No hay una tradición de reclamar la aplicación de la 046. Me parece que es una puerta de entrada para los casos en donde no se hizo la demanda legal pero sí hubo violación. Son medidas muy positivas, aunque sean insuficientes, creo que necesitamos ya una despenalización en 30 entidades restantes”, dijo en entrevista.