Daniela Guazo
En la madrugada del 12 de julio, Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán, se convirtió en el narcotraficante más buscado del mundo. Por segunda vez burló a las autoridades y se escapó del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido popularmente como el “Penal del Altiplano,” ubicado en el Estado de México. El gobierno mexicano perdió al capo que, de acuerdo a los informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre 2007 y 2014 logró crear una red criminal de 95 empresas en todo México. De estas, 14 han tenido alguna relación con el gobierno federal mediante contratos o concesiones.
Desde 2007 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EU puso al descubierto el gran imperio financiero de “El Chapo.” Un total de 25 empresas fueron enlistadas por sus presuntas relaciones con el cártel sinaloense. Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, con tres concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Estancia infantil Niño Feliz, quien todavía presta servicios para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fueron señaladas como eslabones de la cadena criminal.
Las redes de “El Chapo” se han fortalecido en siete estados de la República, pero el norte del país fue el punto clave que le permitió incrementar su dominio y riqueza.
Sinaloa, lugar de origen de este criminal, encabeza la lista. Aquí se encuentran 35 empresas que presuntamente le han servido de fachada. Jalisco es su otro punto fuerte. Ahí radican 17 negocios que, según la información del gobierno norteamericano, han sido utilizados para lavar dinero del negocio de las drogas.
Su poder también se extiende hasta Baja California, Sonora, Estado de México, Morelos y el Distrito Federal. En estos lugares se pueden encontrar desde una hasta 12 empresas que supuestamente sirven a los intereses del capo mexicano de la droga.
En febrero de 2014 el gobierno mexicano logró recapturar al narcotraficante más buscado del país. Después de 13 años, Joaquín “El Chapo” Guzmán se convirtió en un reo más del Penal del Altiplano. Eric Holder, secretario de Justicia de EEUU, calificó el hecho como un “logro emblemático.” El gusto solo le duró 17 meses.
Ese mismo mes la OFAC publicaba un informe en el que detallaba los movimientos empresariales del capo desde 2007 y la forma en la que había creado todo un emporio. El Departamento del Tesoro tenía plenamente identificadas a las diferentes razones sociales que de algún u otro modo servían a la organización criminal.
De las 288 empresas que en ese momento fueron enlistadas, 95 son mexicanas y además 14 de estas han tenido, o aún tienen, algún tipo de relación con el gobierno federal.
La Estancia Infantil Niño Feliz, fue uno de los primeros negocios que la OFAC relacionó al cartel de Sinaloa en 2007. El principal motivo fue que María Teresa Zambada Niebla, hija del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, era una de las socias originales de la guardería, junto con otros cuatro miembros de la misma dinastía. Todos siguen en el acta constitutiva.
De acuerdo al portal de transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la estancia tiene dos fechas de inicio de operación, una fue en noviembre de 2001 y la otra en enero de 2004. Su último contrato lo obtuvo mediante adjudicación directa en los primeros días del año pasado.
En julio de 2009, Daniel Karam, entonces director del IMSS, afirmó que María Teresa Zambada estaba siendo investigada por la Procuraduría General de la República (PGR), como resultado de las acusaciones de EU de que la guardería era utilizada para lavar dinero.
La estancia atiende a 209 niños y recibe tres mil 42 pesos mensuales por cada uno, por lo que el Gobierno Federal le aporta casi ocho millones de pesos anuales.
Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, también fue enlistada desde el 17 de mayo de 2007 como parte de esta red de lavado, pero dos años antes consiguió un par de permisos del Organismo de la Cuenca del Pacífico Norte, una de las ramas de Conagua, para utilizar un pozo o canal abastecedor de agua para usos industriales. Estas concesiones vencen este año.
En Hermosillo, Sonora radica otra de las empresas, que a pesar de que las autoridades de Estados Unidos pusieron en duda su honorabilidad en México, continuaron con sus labores sin ningún problema. Bioesport, entró a la lista de la OFAC el 5 de agosto de 2008, pero tres meses antes obtuvo un contrato, por medio de adjudicación directa, con la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El documento muestra como objeto “Servicios Educativos y de Capacitación,” y tiene un monto de casi 24 mil pesos. Además, en 2011 aún seguía apareciendo como uno de los proveedores del gobierno federal. En marzo de ese año, a pesar de las advertencias del país ubicado en la frontera norte, la CFE le otorgó un nuevo contrato, esta vez por nueve mil pesos.
Y si una de las principales características de este grupo criminal es su nivel de distribución, que mejor que contar con permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para poder moverse sin problema.
Fletes y Transportes Gaxgar, y Aero Express Intercontinental, fueron señaladas desde 2008 y 2010 respectivamente. Una fue acusada de lavar dinero para el cártel de “El Chapo” y la otra de ayudar a la entrega y distribución de narcóticos. Pero de acuerdo al Portal de Transparencia del gobierno federal, ambas empresas cuentan con el permiso de la SCT para la operación y explotación del servicio de carga por tiempo indefinido.
El negocio de las gasolineras también se ha visto relacionado con este grupo criminal. Desde mayo de 2007 las autoridades de Estados Unidos han reportado que este sector es utilizado por los carteles de la droga.
Sinaloa es el centro de estos negocios. En el estado norteño se localizan las ocho estaciones de servicio que, de acuerdo a la OFAC, han servido para lavado de dinero. De estas, seis tienen franquicias con Petróleos Mexicanos (PEMEX) que en algunos de los casos finalizan dentro de diez años.
Urbanizadora Nueva Italia, ubicada en Jalisco y fichada por la OFAC en octubre de 2012, consiguió desde 2008 una concesión por parte de Conagua para abastecerse de la Cuenca Lerma-Santiago. Este permiso vence en 2018.
Cooperativa Avestruz Cuemir, empresa dedicada a la ganadería en la perla tapatía, también fue señalada por sus vínculos con el cártel en 2014, y desde dos años atrás se encuentraba inscrita en el Directorio de Establecimientos registrados en el Sistema de Tipo Inspección Federal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA).
Con toda esta red empresarial detrás “El Chapo” Guzmán, fue fácil que lograra desestabilizar al sistema penitenciario mexicano. En palabras de un ex funcionario federal, el gobierno no hizo nada por contener a un narcotraficante que cuenta, como ningún otro, con una “gran capacidad intelectual, logística y económica,” características que lo convirtieron en el más buscado del mundo.