La vida tiene precio:

El pasado 6 de diciembre, cuando la onda expansiva del caso Lava jato golpeaba a toda América Latina, uno de los últimos episodios de la guerra que enfrenta a las farmacéuticas con los Estados y los pacientes pasó inadvertido en el auditorio de un lujoso hotel de la ciudad de Panamá. Después de dos años de gestiones, delegados de una coalición de organizaciones civiles de seis países consiguieron un espacio en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar un problema por el que está en riesgo la vida de millones de personas: el actual sistema de patentes como principal obstáculo para el acceso a medicamentos contra enfermedades graves como el virus del Sida, el cáncer y la hepatitis C. Fue la primera vez que un grupo de oradores de Perú, Colombia, Argentina, Guatemala, México y Brasil expuso ante este foro que las reglas de propiedad intelectual permiten a los grandes laboratorios condiciones de monopolio para disparar los precios de las medicinas.

“Las multinacionales farmacéuticas tienen el control de un sistema que impide extender los medicamentos a todos los que los necesitan.”, dice Germán Holguín, director de Misión Salud, la fundación colombiana que tomó la iniciativa de solicitar la audiencia. “Más de 700 mil personas mueren al año en la región por causas que pudieron evitarse”, precisa este abogado y economista caleño que estudia desde hace quince años el comportamiento de la industria farmacéutica.

Holguín está convencido de que existen todas las condiciones para calificar la conducta de los laboratorios que bloquean el acceso a las medicinas genéricas como un crimen de lesa humanidad juzgable por la Corte Penal Internacional.

“Estamos frente a un drama de gigantescas proporciones”, advierte.

Su preocupación coincide con las conclusiones del panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos de las Naciones Unidas, que en su último reporte del 2016 ubica como un problema central: “las incoherencias entre las reglas de comercio y de propiedad intelectual con los objetivos de la salud pública y los derechos humanos”.

En este contexto, Ojo-publico.com ha realizado una investigación en alianza con periodistas de Argentina, Colombia, Guatemala, México y Venezuela, que revela las presiones de las compañías farmacéuticas sobre los Estados para prolongar sus monopolios mediante lobbies diplomáticos, acciones judiciales, vínculos cuestionables con funcionarios que representan conflictos de interés, la multiplicación de patentes a través de modificaciones menores a las medicinas para alargar su exclusividad y hasta denuncias por colusión entre farmacéuticas con el fin de bloquear la venta de fármacos similares de menor costo. El resultado ofrece un panorama de prácticas cuestionadas que explica las dificultades del acceso a las medicinas costosas para personas vulnerables a lo largo de América Latina.

Uno de los más visibles detractores del comportamiento de las grandes farmacéuticas es el ex presidente colombiano Ernesto Samper. En 1989, tras sufrir un atentado que casi le cuesta la vida, Samper fue sometido a una trasfusión de sangre que le contagió la hepatitis C. Durante un año y medio, se sometió al tratamiento convencional, tan agresivo como una quimioterapia, sin éxito. La cura solo llegó tiempo después por medio del sofosbuvir, un fármaco del laboratorio estadounidense Gilead Sciences, que salió al mercado en el 2014 con la marca Sovaldi, y por el que su seguro médico pagó 84 mil dólares. La experiencia le hizo descubrir en carne propia el drama de los pacientes que requieren medicinas de alto costo.

Precios tan altos como el fijado a Sovaldi son impuestos al amparo de patentes de veinte años, que a menudo se justifican con la presunta necesidad de cubrir los costos de investigación y desarrollo. Sin embargo, Gilead Sciences, la titular de las patentes de sofosbuvir, no inventó este medicamento: lo compró. Para ser más precisos, adquirió la compañía que lo había creado: Pharmasset, una pequeña firma biotecnológica con base en New Jersey. Y por si eso fuera poco, ahora se sabe que el precio de venta de sofosbuvir supera, en promedio, más de 800 veces el costo de su producción: un estudio de la Universidad de Liverpool concluyó que el tratamiento de 12 semanas con esta pastilla puede fabricarse a un costo que oscila entre 68 y 136 dólares.

El problema está en que pocos gobiernos ponen contrapeso a los abusos de las farmacéuticas a través de un recurso legal que tienen a su disposición para proteger la salud pública: las licencias obligatorias. Se trata de autorizaciones, concedidas a algún laboratorio, para elaborar productos que de ordinario no podría fabricar por estar protegidos con patentes. Este mecanismo está reconocido en el propio Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, vigente desde 1995, y la Declaración de Doha, suscrita en el 2001 por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Una base de datos de las licencias obligatorias, elaborada como parte de la investigación de The Big Pharma Project, revela que entre 1960 y 2016 solo catorce países recurrieron a este mecanismo que en 44 casos llevó a la reducción de precios de medicamentos bajo monopolio de doce farmacéuticas. Estos casos involucraron productos de GlaxoSmithKline, Abbott, Merck Sharp & Dohme, Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences y Pfizer. La amplia mayoría de fármacos liberados de patente corresponde a antirretrovirales, tratamiento indispensable para mantener con vida a los pacientes con VIH, pero también hubo licencias para medicinas contra el cáncer, la artritis reumatoide, la hepatitis B, la diabetes y otras enfermedades.

En la lista de países que otorgaron licencias obligatorias aparecen solamente dos latinoamericanos: Brasil y Ecuador. El primero, que cuenta con una sólida industria farmacéutica nacional, usó este recurso en el 2001 para abaratar el costo del antirretroviral Efavirenz, que estaba bajo el control monopólico de Merck Sharp & Dohme. El segundo ha concedido diez licencias obligatorias y ha apostado por robustecer su industria farmacéutica al fundar la compañía pública Enfarma, orientada a la producción de genéricos. De hecho, en el 2009, el mismo año en que se creó Enfarma, el Gobierno de Ecuador emitió el decreto ejecutivo que declara de interés público el acceso a los medicamentos empleados para el tratamiento de las enfermedades que afectan a la población del país.

Ecuador comparte con Indonesia el récord de licencias obligatorias en el mundo. El gobierno de Rafael Correa liberó de patentes seis antirretrovirales que estaban en manos de los laboratorios Abbott y GlaxoSmithKline; dos medicamentos contra la artritis, que monopolizaban Merck Sharp & Dohme y UCB Pharma; un oncológico de Pfizer y un fármaco usado en trasplantes renales fabricado por Syntex.

Para sorpresa de muchos, la lista incluye a Estados Unidos, que en 1960 fue el primer país que concedió una licencia obligatoria. Ahora se opone a su uso en América Latina para proteger los intereses comerciales de las farmacéuticas de capitales estadounidenses. Las licencias obligatorias también han sido otorgadas por Italia (en tres ocasiones), Eritrea, Ghana, India, Malasia, Mozambique, Tailandia, Zambia y Zimbabue.

Lo que ha quedado claro es que en ninguno de estos casos se cumplieron las apocalípticas advertencias de los representantes diplomáticos de Estados Unidos y de las multinacionales farmacéuticas sobre inminentes sanciones comerciales o políticas para los países que aplicaran la medida. No obstante esa evidencia, el lobby diplomático y político que mueve esta industria acaba de frenar estos procesos en Colombia y Perú con los mismos argumentos.