En doce años la Sedena realizó 851 obras civiles y militares en las que ejerció 33 mil 681.7 millones de pesos mediante un modelo de contratación llamado administración directa, que evade la licitación pública con altos niveles de opacidad y que es el mismo con el que se construye el aeropuerto internacional en Santa Lucía.

En los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto diversas dependencias federales, gobiernos de los estados y el Poder Judicial, firmaron convenios de colaboración con la Sedena donde quedó estipulado el monto que aportaría cada una de ellas a la milicia para la realización de cada una de las obras.

Además, una vez que las entidades transfirieron los recursos a la Sedena para las obras, ésta contrató mediante adjudicación directa o invitación a tres personas a cientos de empresas que fungieron como proveedores de bienes y servicios en los proyectos mediante un proceso opaco y de desaseo en los contratos.

La Secretaría de la Defensa dijo a El Universal que se encuentran analizando la información publicada en la primera parte y que en su momento tomará las medidas conducentes.

La administración directa es una modalidad que contempla la Ley de Obras Públicas para que las dependencias y entidades puedan realizar trabajos entre dependencias tras la firma de un convenio sin recurrir a contratos con particulares por medio de licitaciones.

En la mayoría de las obras realizadas bajo este esquema, la Sedena no ha tenido que difundir en su portal de obligaciones de transparencia los convenios firmados con las dependencias y tampoco los contratos que realiza con los proveedores al argumentar que los recursos utilizados no son parte de su ejercicio presupuestario.

Esto ha permitido que en las 851 obras ejecutadas por la Sedena en doce años por administración directa, la dependencia tampoco haya tenido que transparentar en su portal electrónico los nombres de los participantes, los dictámenes y fallos de participación, así como los informes de avance físico y financiero de las obras.

Para este reportaje se solicitó información respecto a un centenar de obras, pero sólo se pudo conseguir documentación respecto a 17 porque la Sedena y las dependencias que otorgaron obras por administración directa a la instancia militar se deslindaban de la obligación de contar con la información de los procedimientos de contratación.

Pese a los obstáculos en materia de transparencia, se pudo acceder a 17 convenios. Al revisarlos se encontró un acuerdo de confidencialidad, donde justificaban seguridad nacional para no entregar información en el caso de las obras militares, mientras que en las obras civiles se estipula que la información relacionada a las mismas recaía en la dependencia o en el gobierno estatal que solicitó la obra a Sedena.

Al solicitarle a las entidades que firmaron el convenio con Sedena, un listado de los proveedores contratados en cada una de las obras, argumentaron que ellos no contaban con esa información porque solo se limitaron a transferir los recursos y la forma en que el dinero se ejercía le competía a la Sedena.

Al solicitar la información a la Sedena, ésta se negó en un principio a brindar el listado de proveedores contratados, pero en 17 casos tuvo que ceder ante las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que le ordenó brindar la documentación contable y administrativa de las obras.

Tras revisar la información contable de 17 obras, se pudo constatar que una vez que las dependencias le entregaron los recursos a la Sedena, ésta firmó 160 contratos por adjudicación directa e invitación a tres personas con los proveedores de los insumos que le ayudaron a desarrollar los trabajos, sujetándose a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Hubo cuatro estados, Durango, Baja California Sur, Nuevo León y Quintana Roo que ni siquiera entregaron el convenio de colaboración y declararon toda la información como reservada porque divulgarla podría poner en riesgo la “seguridad nacional”.

En el caso de Quintana Roo, la Secretaría de Gobierno dijo que la donación de los terrenos y los recursos para la construcción de una brigada militar que tuvo un costo de 600 millones de pesos se entregaron sin que existiera obligación de la Sedena de comprobar cómo se ejerció el dinero. “Fue una donación lisa y llana”.

En los contratos firmados por la Sedena con los proveedores que usó en 17 obras por administración directa, se encontró que gran parte de ellos son personas físicas, cuyos nombres se niega a transparentar argumentando que son datos personales.

Un ejemplo de la opacidad se evidenció en la construcción del centro de salud en Paredón, en el municipio de Tonalá, en Chiapas. El 60% de los 28 contratos fueron realizados con personas físicas con actividad empresarial.

En los documentos entregados vía ley de transparencia, la dependencia tachó con plumón negro el nombre y la clave de RFC del proveedor.

Además ninguno de los 100 proveedores que fueron utilizados por la dependencia en las 17 obras analizadas para este reportaje, aparece en el padrón de proveedores y contratistas de la Sedena del periodo de 2014 a 2018.

Algunos de los contratos presentan errores. En la construcción del Hospital Especializado de la Mujer Oaxaqueña realizado durante 2018, la Sedena firmó 47 contratos, de los cuales 20 de ellos presentan folios y fechas repetidas en el registro de inscripción de las compañías al RFC.

Un ejemplo de esto es que once proveedores se inscribieron al RFC el 10 de julio de 2017 y con el mismo número de folio, según los contratos revisados. Esto sería técnicamente imposible, ya que para la inscripción o actualización del registro fiscal ante el SAT, se genera un folio único por cada empresa.

En la misma obra la Sedena firmó un contrato con la compañía Cosamed el 10 de septiembre de 2018, sin embargo en los antecedentes que brinda el proveedor en el mismo documento, se menciona que ésta se inscribió al RFC el 14 de septiembre de 2018.

En otro de los contratos, la empresa Comercializadora Real Oaxaca (constituida en Oaxaca, pero con un domicilio fiscal en Puebla donde hay una lavandería y un local abandonado) proveyó de bienes y servicios muy variados por un costo de 1.6 millones de pesos.

Pese a que su giro comercial reportado en diversos padrones de proveedores del Gobierno de Oaxaca es el de servicios de contabilidad y auditoría, en el hospital de la mujer arrendó una impresora con 13 mil hojas, vendió topes de hule y expendedores de jabón y hasta prestó los servicios de diez personas que se encargaron de la limpieza del hospital.

Este desaseo en los procedimientos de contratación ya ha sido alertado por los órganos internos de control de la Sedena.

En la adecuación del hangar presidencial, la Comisión auditora dejó asentado que no se le presentaron 11 contratos por adjudicación directa y que se detectaron pagos en efectivo, contraviniendo las condiciones establecidas.

Además, en el proceso de contratación de 16 proveedores mediante invitación a tres personas no se contó con la intervención del personal de la Contraloría General del Ejército, se lee en las observaciones. Tampoco se formalizó la conclusión laboral con los trabajadores civiles eventuales utilizados en la obra.

Al final del documento se recomendó a la Sedena impartir un curso en materia de adquisiciones y arrendamientos al personal encargado de realizar los contratos con los proveedores con la finalidad de que puedan adquirir los conocimientos necesarios para la elaboración de los mismos.

Estas fallas y el desaseo en algunos procesos de contratación se pueden deber a la urgencia que tiene la Sedena por concluir las obras, explica un proveedor de la dependencia que ha trabajo por más de diez años en los proyectos por administración directa y que pidió omitir su nombre.

Las obras bajo esta modalidad se le asignan a un ingeniero militar que debe concluir el trabajo en un tiempo récord y por ello se omiten las licitaciones públicas.

“A la persona designada se le da un presupuesto y tiene la posibilidad de hacer lo que se le pegue la gana para terminar la obra en tiempo”, menciona.

El empresario explica que muchos de los proveedores utilizados no están en el padrón porque son personas contratadas eventualmente para la obra: electricistas o plomeros que llegan a prestar sus servicios y ni siquiera estaban inscritos en Hacienda o propietarios de destartalados negocios que nunca le habían vendido al gobierno.

En su caso, contó, él comenzó a venderle a Sedena porque conoció a un ingeniero militar que tenía inscritos a sus hijos en el mismo colegio que él llevaba a los suyos.

“Yo en ese entonces tenía una fábrica de persianas y una vez platicando me dijo que necesitaba persianas y ahí empecé”.

Durante esta década le ha tocado ver empresas fantasmas y otras que han incumplido con los servicios contratados.

“Hay de todo: compañías que de repente aparecen, surten una vez y después ya nadie sabe dónde están, y otras que surtieron mal, no se hicieron cargo y no vuelven a ser contratadas”.

El artículo 70 de la Ley de Obras establece que en la ejecución de los trabajos por administración directa bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros como contratistas, sin embargo en muchos casos la Defensa Nacional ha incumplido esta norma.

En los contratos revisados se encontró que la Sedena ha subcontratado a empresas privadas para que ejecuten trabajos de ingeniería, planeación, diseño, control de calidad y estudios ambientales, y no solo como proveedores de bienes o insumos.

En la construcción del eje metropolitano del Rincón, en los municipios de León y Purísima, en Guanajuato, la Defensa Nacional contrató a Brener Puebla en agosto de 2018 para que le prestara el servicio de “trituración de roca natural” por 10.2 millones de pesos y a Shedar soluciones para la “adquisición de carpeta asfáltica”.

En otro contrato por 8.5 millones de pesos en los trabajos de construcción de un cinturón vial en Irapuato, Guanajuato, se contrató a una persona física para que suministrara y colocara malla metálica galvanizada, mientras que en la conservación del vivero Coyoacán pagaron cerca de medio millón de pesos para el retiro de escombro.

En otra obra en Guerrero la dependencia militar contrató a una empresa para que fabricara mezcla asfáltica, perforara y colocara pilotes para puentes, y para que prestara servicios de análisis y estudio ambiental a fin de que la Semarnat aprobara la apertura de brechas y la construcción de puentes.

También se encontró que la dependencia ha tenido que contratar a empresas que le renten maquinaria y a personal civil que funja como obrero, pese a que la ley establece que las dependencias que realicen trabajos por administración directa deben poseer la capacidad técnica y los elementos necesarios para ello (maquinaria, equipo de construcción y personal técnico).

En la modernización de un camino rural entre Ayutla y Colotlipa, en Guerrero, ejecutado en 2014 y que tuvo un costo de 169 millones 400 mil pesos, la Sedena realizó contrataciones con 16 empresas por cerca de 121 millones de pesos. De ese total, el 57 % de los recursos (69 millones 712 mil 520 pesos) se destinó tan sólo a renta de maquinaria.

En otra obra también encargada por la SCT en el mismo camino rural, pero realizada en 2016, la Sedena subcontrató a empresas para que le proveyeran de insumos y maquinaria por un monto cercano a los 150 millones de pesos. Tan sólo un proveedor, Ángel Velasco López, se le adjudicaron 70.7 millones de pesos a través de cinco contratos, es decir, el 47 por ciento de lo que se gastó en insumos se fue a un solo proveedor y a través adjudicación directa y por invitación a tres personas.

En otro proyecto en Guanajuato los arrendamientos fueron muy diversos: desde una oficina móvil hasta equipo de topografía, trituradoras, barredoras, retroexcavadoras, perforadoras, grúas, tractores, camiones de volteo, pipas y plantas eléctricas.

La Sedena tampoco cuenta con la capacidad del personal para realizar las obras y tiene que contratar a obreros externos y darlos de alta en el Seguro Social.

En 40 obras que realizó para el Poder Judicial de la Federación entre 2013 y 2015, como rehabilitación de instalaciones y edificación de nuevos juzgados, la dependencia solo desplegó un promedio de dos militares por proyecto, según respondió a varias solicitudes de información.

Un ejemplo de esto fue la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Oaxaca durante 2013 y 2014, donde la Sedena empleó a 3,557 trabajadores externos y solo a dos militares.

En la construcción de un camino rural en Guerrero realizado en 2016 y que tuvo un costo de 196 millones de pesos, la dependencia militar destinó 38.7 millones de pesos para cubrir los sueldos del personal eventual que participó en la obra.