“AQUÍ NO SE HACEN ABORTOS”

Tras más de 30 años siendo católica y acudiendo a misa cada 15 días, uno de los argumentos que usó el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE para negarle a Guadalupe la interrupción Legal del Embarazo (ILE) después de ser víctima de una violación fue Dios. Los hechos ocurrieron en Jalisco, el tercer estado con más población católica en México, de acuerdo con las cifras más recientes del Inegi.

Un fuerte dolor estomacal “más intenso que un cólico” hizo que Guadalupe pidiera permiso en el comercio donde trabajaba para ir al médico de urgencias. La joven viajó sola en taxi durante 45 minutos. Al llegar a la institución de salud en el municipio de Zapopan y, antes de que le tomaran los signos vitales, ella se desmayó. Al recobrar el conocimiento, le preguntaron la fecha de su último periodo.

Ella revisó la aplicación de su celular en donde lleva su registro y se percató que llevaba 20 días de retraso, pero esos cambios eran normales para Guadalupe debido a la medicación que toma por la hipertensión que padece. Sin embargo, los médicos le realizaron varios exámenes de laboratorio, entre ellos, una prueba de embarazo que resultó positiva.

“Me dicen está embarazada y yo dije: ¿no se equivocaron?”, recordó Guadalupe, en entrevista, desde la sala de su casa situada en la periferia de la capital de Jalisco. Ella no podía creerlo y el médico le preguntó si había tenido relaciones sexuales. La mujer contó la agresión sexual que sufrió semanas antes. “¿No tuvo otra con alguien más?”, le insistieron. No, reiteró la mujer.

“Me trataron como si estuviera mintiendo, yo en ese momento estaba llorando porque es revivir todo más lo que te está pasando. Estaba en shock, estaba así de no, no es cierto. No puede estar pasándome esto y todavía [me dijo] no puedo creer que no se haya dado cuenta”. Después le hicieron un ultrasonido y le mostraron un monitor en donde se veía la imagen de un feto y le dijeron: “ahí está y tiene vida”.

El resumen clínico del hospital, al que este diario tuvo acceso, registró que el servicio médico dijo que “no la podían valorar por lo manifestado por la paciente y hasta que fuera valorada y tomara conocimiento el agente del Ministerio Público”. Guadalupe le suplicó al ginecólogo: “Por favor haga algo o dígame qué hago, a donde ir o qué hacer. Aquí no se hacen [abortos], vaya y levante su denuncia o haga lo que tenga que hacer”, le sentenció el especialista.

En vez de explicarle a Guadalupe que tenía derecho a la ILE, por ser víctima de una agresión sexual, de acuerdo a lo establecido en la NOM 046, decidieron enviarla a una consulta urgente con psiquiatría, ya que en el diagnóstico también mencionaron que padecía una crisis de ansiedad y que tenía 7.5 semanas de gestación por una probable agresión física.

El psiquiatra trató de convencerla para seguir con el curso del embarazo porque le dijo que era “su designio” e incluso una trabajadora social también le mencionó “te lo manda Dios y es una vida”. La mujer narró que “[los violadores] te maltratan, te ultrajan, te hacen como se les da su gana y todavía quieren que diga ah qué bendición tan más hermosa me mandó dios y dije no, esto no puede ser justo”.

Cuando se les niega el servicio a las mujeres se les revictimiza y se les están violando sus derechos humanos, sobre todo el de acceso a los servicios de salud, explicó María Fernanda Díaz de León Ballesteros gerente del programa de incidencia y de acceso comunitario de Ipas una de las organizaciones especializadas en el tema del aborto.

Añadió que los servicios de Interrupción Legal del Embarazo tras una violación se deben considerar una atención de urgencia y las instituciones de salud deben de obrar bajo el principio de buena fe.

Guadalupe le marcó a una amiga que vivía en la Ciudad de México, quien le contó sobre la existencia de la NOM 046. Le mandó un link que ella abrió en su celular y enseguida mostró el texto a los médicos. “Pero me dijeron que no se hacía eso, que no existía, que no era un derecho y que no lo iban a hacer”, contó.

Ella comparte que no le pareció justo que la quisieran callar por aspectos religiosos o porque los médicos se dijeron objetores de conciencia. “Si [los médicos] no estuvieron cuando me pasaron estas cosas [la violación], entonces déjenme a mí tomar las decisiones de mis ´consecuencias´”, dijo.

Luchar por acceder a un derecho

En México, existe el registro de 442 casos de aplicaciones de ILE tras una violación sexual de 2012 a 2019. Jalisco se posicionó como el tercer estado con más procedimientos realizados con 35, pero el caso de Guadalupe mostró la serie de obstáculos a los que se enfrentan las mujeres al solicitar el procedimiento en alguna de las instituciones de salud pública del estado.

Al segundo día de estar internada, Guadalupe contactó a la organización Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), quienes le confirmaron que solicitar el aborto por violación era su derecho. Tras la negativa del ISSSTE de realizar la ILE, su mamá y una mujer de la ong pidieron su alta voluntaria para que pudiera ir a otro centro de salud, pero no querían dársela porque decían que no estaba estable su presión arterial.

Después de que la joven diera dos entrevistas a medios locales y su caso se difundiera en redes sociales terminaron por aceptar. Sin embargo, no querían otorgarle el reporte de ginecología. Su médico familiar fue quien se lo entregó y así ella se dio cuenta de que ni él sabía que se podía hacer en esos casos.

Al siguiente día, fue al Hospital General de Occidente Zoquipan ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco en donde le mandaron hacer varias pruebas, entre ellas, algunas para detectar enfermedades de transmisión sexual, que en el ISSSTE no le realizaron. El médico que la atendió le comentó que es el único que hace abortos en ese centro de salud.

“Ahí me di cuenta que existe toda una defensa para ti, pero está calladito. Es un secreto a voces, nada más alguien más o menos lo sabe”, explicó la mujer. Un médico, una psicóloga y un abogado de la Secretaría de Igualdad del estado hablaron con ella y le explicaron que en cualquier momento podía denunciar la violación, si ella así lo decidía.

El ginecólogo le indicó “no creas que es un asesinato porque todavía no hay nada como tal entonces es para evitar que siga pegado a ti, por así decirlo”. La mamá de Guadalupe la acompañó en todo momento. Por la mañana, le pusieron suero y le dieron una primera pastilla, alrededor de las 14:00 horas le dieron el resto. En total, tomó 7 dosis de medicamento del cual no recuerda el nombre. Poco a poco, comenzó a sentir dolor y su presión se elevó, luego llegaron las contracciones.

“Me llevaron al quirófano, me hicieron un legrado”, rememoró. Todos los documentos que firmó para pedir la ILE se quedaron en el hospital.

En los acompañamientos que ha hecho Dddser Jalisco han detectado que antes de que el misoprostol -pastillas para abortar- haga efecto les hacen un legrado y no dejan actuar el medicamento en los términos que le propio programa de interrupción legal del embarazo establece, explicó la coordinadora de Ddser Jalisco Patricia Ortega Medellín.

“Creemos que de alguna manera le quieren cobrar a las víctimas la decisión que están tomando”, dijo.

El agresor sexual de Guadalupe es un hombre que la ha acosado durante dos años a través de llamadas y mensajes con comentarios sobre su cuerpo y amenazas de muerte.

Al principio, no sabía que era él porque le marcaba de varios números desconocidos, pero tras el ataque, se percató que era alguien cercano. Guadalupe denunció con anterioridad en la Fiscalía General de Justicia de Jalisco el acoso y las amenazas, que hasta ese entonces eran anónimas, pero fue ignorada por las autoridades, luego vino la violación.

Sin embargo, ahora su preocupación es saber qué sigue después de la aplicación de la NOM 046 porque su violador está libre y sigue acosándola, pero tiene miedo de denunciarlo y que él tome represalias en su contra.