Después de ser detenido y trasladado a Chihuahua, Sergio Barraza presentó el acta de nacimiento que señala que es el padre de la niña, por lo cual el delito de sustracción de menores no procedió. Ya localizado e interrogado, la Fiscalía pudo armar rápidamente la carpeta para detenerlo formalmente por el crimen de Rubí.
De esta manera, el 20 de junio del año 2009, Barraza fue imputado por el delito de “homicidio agravado contra una menor de edad”, ya que en el Código Penal de Chihuahua, uno de los estados con más feminicidios de todo el país, la tipificación de feminicidio fue aprobada en 2017.
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Ese día el agente encargado de la aprehensión, Luis Raúl Arreola Robledo —según declaró en el juicio oral—, se identificó plenamente como agente de la Policía Ministerial y le hizo saber que estaba siendo aprehendido por el homicidio de Rubí Fraire. En el trayecto rumbo a la Procuraduría de Justicia, Sergio “de manera voluntaria” le dijo al agente que estaba consciente de lo que había hecho, y que aceptaba su responsabilidad.
Sin embargo, tres factores arruinaron esta tercera confesión: otra vez no se formalizó ante el Ministero Público, no se hizo frente a su defensor y finalmente, cuando Joel Meneses, el abogado defensor de Sergio Barraza, interrogó al agente en el juicio oral, él dijo no recordar exactamente lo que le dijo Sergio.
Sergio fue enviado a prisión, en donde permaneció 10 meses, hasta que comenzó su juicio oral.
“Mi madre no tenía confianza en los jueces que llevarían el caso, ya que en Juárez es muy común que dejen en libertad a los feminicidas”, escribió Juan Manuel en su diario. Para presionar, Marisela y su familia hicieron marchas previas al juicio para pedir la pena máxima para Sergio Barraza.
Del 26 al 29 de abril de 2010 se llevó a cabo el juicio oral bajo el nuevo sistema penal acusatorio, que se estaba estrenando en Chihuahua. Durante esos cuatro días, y ante los tres jueces asignados al caso, testificaron al menos 16 personas entre policías, peritos, Ángel Gabriel (el menor, testigo protegido), y las familias y vecinos de Rubí y Sergio.
Barraza fue el último en tomar la palabra: “Dirigido a la señora Marisela: yo sé que es un daño grande, al igual nadie lo va a poder reparar. Como ella lo ha manifestado, no me perdona; de antemano te pido perdón Marisela, porque sé que es un daño muy grande. Es cierto, como tú decías, ¿dónde estaba Dios? Desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo, y hoy me ha dado la oportunidad de conocerlo dentro de un penal. No tengo palabras. Es todo”.
Después de esa cuarta y última confesión, los tres jueces deliberaron. Después de 45 minutos Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, dieron a conocer su decisión: Sergio Barraza quedó “absuelto por unanimidad”.
El grito desgarrador de Marisela Escobedo lo inundó todo. Marisela sintió morir otra vez.
Joel Meneses tiene 68 años, un deterioro visible por la enfermedad de Parkinson y dificultad para hablar. Él fue el hábil defensor público de Sergio Barraza, y es un hombre clave para entender por qué fue absuelto y liberado en el juicio de abril de 2010.
Ha pasado ya una década de aquel polémico proceso, y Joel Meneses nos recibe en un despacho de Ciudad Juárez.
Meneses era un abogado “respetado y recto”, nos cuenta Patricia Mayorga, una periodista local de larga trayectoria. Pero el prólogo de su libro La verdad sobre el caso Rubí (2011), refleja su mentalidad tradicional y patriarcal: “Es de destacarse que el caso Rubí, conocido así a nivel internacional, por el que tanto escándalo se ha hecho, nada tiene que ver con la delincuencia organizada, ni con los crímenes de mujeres, y fue utilizado (...) para desviar la atención sobre los verdaderos problemas como son las múltiples ejecuciones diarias, secuestros, robo de vehículos (...)”.
Marisela Escobedo viajó a la CDMX en 2010 para solicitar una audiencia con el entonces presidente Felipe Calderón.
—Visto a 10 años, ¿cree que al caso Rubí le faltó perspectiva de género? —le preguntamos.
— No.
El letrado dedicó sus ratos libres a escribir La verdad del caso Rubí, un libro en el que expone paso a paso los fallos de la Fiscalía, y hace una férrea defensa de los tres jueces que absolvieron a Sergio Barraza, decisión que generó una gran polémica e indignación en el país.
Nadie entendía por qué después de haber confesado el homicidio de Rubí cuatro veces, y haber señalado el lugar exacto en el que arrojó su cuerpo, los jueces decidieron absolverlo. Pero el libro esclarece una cadena de errores y faltas al debido proceso en este caso, que a la vez son muy comunes en sistema de justicia mexicano.
Meneses explica que en 2008 comenzó en el país un nuevo sistema penal de corte acusatorio. Chihuahua fue la entidad pionera en implementarlo. Bajo este sistema, las audiencias orales comienzan a ser públicas —antes el juez decidía basado en expedientes— tal como en el caso Rubí.
En este sistema, la confesión del inculpado deja de ser la madre de todas las pruebas (la fabricación de culpables se suele dar con confesiones bajo tortura), y en cambio se busca el apego al debido proceso, así como las pruebas circunstanciales presentadas por ambas partes, y el respeto a los derechos humanos de las víctimas e imputados.
En el caso Rubí, a lo largo del juicio oral Meneses fue tirando algunos de los argumentos más importantes de la acusación contra Barraza.
"Mi mamá se la vivía en las oficinas del MP"
Dejó claro ante los jueces que ninguna de las confesiones de su acusado tenían valor probatorio: no se formalizaron ante un agente del Ministerio Público y en ninguna fue asistido por un defensor. Incluso su segunda confesión ante uno de los agentes que lo detuvo en Zacatecas, la hizo cuando estaba detenido ilegalmente por sustracción de menores.
“Por tanto, al haberlo traído (a Chihuahua) privándolo de su libertad sin que hubiera flagrancia respecto a un delito, las declaraciones que rindió frente a la autoridad investigadora no tienen validez alguna, por tratarse de una prueba ilícita al haber sido obtenidas bajo una violación a sus garantías fundamentales”, explica Joel Meneses en su libro.
Finalmente, cuando Sergio Barraza pide perdón a Marisela Escobedo al final del juicio oral, nunca menciona expresamente que mató a Rubí; y eso “de ninguna manera puede considerarse como una declaración en la que hubiera confesado, ya que una confesión de debe ser expresa, y no tácita”, argumenta Joel Meneses en su libro.
Aunado a todo ello, “las pruebas que los agentes desahogaron ante el Tribunal fueron insuficientes para acreditar la existencia del delito de homicidio”, agrega Meneses. Si bien los restos de Rubí fueron hallados quemados, lo que es un evidente signo de violencia, al haber pasado 10 meses en ese terreno repleto de fauna y a la intemperie, fue imposible saber con certeza la causa de su muerte.
Una década después, Joel Meneses nos dijo en la entrevista: “El Ministerio Público no tenía las pruebas suficientes. La carpeta no estaba bien construida (...), y por eso los jueces absolvieron a mi defendido”.
Los jueces posteriormente fueron destituidos y otro tribunal condenó a Barraza a 50 años de prisión, pero éste ya había huido, lo que añadió más leña al fuego.
“¿Y a mí de qué me sirve un papel?”, reclamó Marisela Escobedo ante la cámara de un noticiero local sobre la sentencia. Y entonces decidió seguir buscando justicia. El siguiente paso sería llegar hasta Los Pinos, la residencia del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), artífice de la “guerra contra el narcotráfico” que dejó al menos 120,000 muertos en el país.
