A golpe de frustraciones, Marisela se estaba convirtiendo, sin habérselo propuesto, en una feroz activista de Ciudad Juárez contra los feminicidios y la violencia de género, dispuesta a visibilizar la tragedia de las jóvenes “desaparecidas”.
Patricia González, la entonces procuradora de Chihuahua, le había asegurado a Marisela que había girado órdenes de aprehensión en varios estados del país para que Barraza cumpliera su pena en prisión. “Pero mi mamá no le creía”, escribió Juan Manuel Fraire en su diario. La desconfianza en las autoridades mexicanas está tan arraigada en este país como la devoción por la Virgen de Guadalupe.
Al viaje de unos 1,800 kilómetros desde Ciudad Juárez hasta la capital del país irían un total de 11 personas en dos camionetas, entre familiares de Marisela y de Brenda Castillo, otra chica “desaparecida” de Ciudad Juárez.
Juan Manuel Fraire anotó en su diario: “Días antes de salir mi mamá presionó al gobierno de Chihuahua para que ofreciera una recompensa por información que llevara a la captura de Sergio, y que a la vez proporcionara posters a colores con su foto y datos. Después de pasar días en los pasillos del Palacio de Gobierno de Chihuahua (…) y de que la prensa mostrara su apoyo a mi madre se logró que el gobierno ofreciera una recompensa de 250,000 pesos (…); pero se le negó el apoyo económico para hacer el viaje, obligándola a tomar sus ahorros y el dinero de su jubilación, ya que ella trabajó más de 30 años como enfermera para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y solo tenía unos meses de haberse retirado (…) Así que los gastos de comida, gasolina y hospedaje corrieron por su cuenta, ya que ni el municipio de Juárez, ni el gobierno del estado quisieron apoyarla económicamente”.
La idea era llegar a cada pueblo o ciudad en las camionetas con los carteles de la recompensa y la fotografía de Sergio Barraza. En cada localidad marcharían para llamar la atención de la prensa, y preguntar a la gente del lugar si lo habían visto.
El 5 de julio de 2010 iniciaron el viaje en municipios dentro de Chihuahua, la entidad más extensa de México. Como parte de su recorrido, la familia se presentaba también en las oficinas locales de procuración de justicia y muy pronto se dieron cuenta que en ellas nadie tenía idea del caso.
Juan Manuel Fraire lo consignó también en su diario: “Eso le hizo sospechar a mi madre que el comunicado que supuestamente la procuradora (Patricia González) había enviado a cada estado de México nunca fue enviado (…), y esto fue comprobado al pasar por diferentes ciudades de Durango y Zacatecas”.
Nadie estaba buscando a Sergio Barraza. Después de más de 1,000 kilómetros recorridos, las familias Escobedo y Castillo llegaron el 13 de julio a Fresnillo, Zacatecas, la ciudad en la que pensaron podría estar escondido: ahí se había refugiado y había sido aprehendido un año atrás.
Fueron directo al domicilio de su anterior arresto y ahí supieron que Barraza vivía en la ciudad, pero en otra casa. Cuando llegaron al lugar pidieron apoyo de la Policía Ministerial de Zacatecas, pero se presentaron solo cuatro policías, quienes vieron el póster con la foto de Sergio y la recompensa por su captura.
Así lo contó Juan Manuel Fraire en su diario: “No quisieron pedir apoyo y decidieron actuar solos. (Los policías) entraron a la casa, y Manuel (tío de Brenda) y yo fuimos por la parte de atrás. Pude ver cómo Sergio salía por la ventana y subía por las azoteas corriendo a través de ellas; mientras tanto los policías, sin darse cuenta de lo que sucedía, se mantenían dentro de la casa. Sergio, al vernos en la parte de atrás, entró a otra casa por una ventana. Cuando los policías vieron que la situación se salía de control, pidieron apoyo a diferentes corporaciones y en 10 minutos había en el lugar aproximadamente entre 70 y 80 elementos entre policías municipales, judiciales, federales, y soldados”. Pero era demasiado tarde, Sergio Barraza había escapado.
La noticia llegó hasta Chihuahua, en donde la procuradora Patricia González fue puesta en evidencia por la prensa local. Una mujer sin mayores recursos había encontrado, por segunda ocasión, al feminicida de su hija y las autoridades lo dejaron escapar nuevamente.
Marisela y su familia se quedaron en Fresnillo, Zacatecas, para seguir buscando a Sergio. Recorrieron casas abandonadas, ranchos y campos de labor. Los Escobedo se empezaron a dar cuenta que esa zona estaba dominada por el Cártel de Los Zetas, un grupo criminal conformado por exmilitares de élite. Los Zetas nacieron en 1999 como brazo armado del Cártel del Golfo. Unos años después, fracturada esa relación, Los Zetas llegaron a tener presencia en 23 de los 32 estados del país.
Durante esos días, y ante el reclamo de la opinión pública, la procuraduría de Chihuahua mandó a cinco agentes ministeriales a Zacatecas, pero después de dos días dijeron que se tenían que ir porque habían sido amenazados por los Zetas.
La familia Escobedo permaneció en Zacatecas por dos semanas más, pero al no encontrar a Sergio, decidieron continuar su marcha hacia Ciudad de México. Al llegar, el 30 de julio de 2010, la pequeña caravana fue directo al Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el presidente Felipe Calderón, y de ahí los mandaron a la residencia oficial de Los Pinos, desde donde despachaba el mandatario, quien se negó a recibir a Marisela.
Relato del diario de Juan Manuel Fraire sobre la marcha que realizaron en la CDMX
Sin embargo, ese mismo día ella pudo a hablar con otros funcionarios, “quienes le prometieron que el gobierno federal iba a tomar el caso en sus manos e iba a poner a agentes de la AFI (Agencia Federal de Investigación) para lograr la captura de Sergio Barraza; promesas que no se cumplieron”, escribió Juan Manuel en su diario.
Los dos días siguientes protestaron en el emblemático Hemiciclo a Juárez, en el centro de la capital. La caravana regresó a Ciudad Juárez en agosto, después de un mes de recorrido.
Juan Manuel Fraire escribió en su diario: “Después de haber gastado toda su jubilación en la marcha a Ciudad de México, fuimos al Palacio de Chihuahua para exigir que se regresara todo el dinero que (mi mamá) había gastado, ya que como les decía al gobierno y a la prensa: ella ponía la inteligencia y el trabajo, y que el gobierno pusiera los recursos económicos y la fuerza con la que nosotros no contábamos (policías para el arresto de Barraza)”.
El monto eran 70,000 pesos, pero el gobierno rechazó su petición. Marisela dijo que no aceptaría un “no” por respuesta. Les advirtió que se quedaría en los pasillos del Palacio de Gobierno y que, cuando el edificio fuera cerrado, se quedarían afuera hasta que dieran una respuesta positiva. Al día siguiente, al verla aún ahí, le entregaron el dinero en efectivo.
A mediados de agosto, Héctor Ricardo Escobedo, hermano de Marisela, se fue de vuelta a Fresnillo para seguir los pasos a Sergio, y se instaló en una casa ubicada en una calle llamada Rubí desde donde se podían observar los movimientos de la casa en la que vivía la pareja de Sergio y madre de sus gemelos. Durante septiembre y octubre, Marisela y Juan Manuel viajaban de Ciudad Juárez a Fresnillo para ayudar a Héctor Ricardo en las guardias, hasta que una madrugada de finales de octubre todos vieron a Sergio llegar.
Juan Manuel Fraire lo recuerda así en su diario: “Llegó en una Ford Lobo, doble cabina sin placas y de reciente modelo que estuvo parada afuera dos o tres minutos. Ella salió con los gemelos y decidimos seguirlos a distancia, pero ellos manejaban muy despacio, como a 10 km/h, para ver si alguien los seguía y tuvimos que desviarnos en varias ocasiones. No pudimos seguirlos más por temor. Estábamos casi seguros que (Sergio) trabajaba con Los Zetas y que estaba armado”.
Marisela decidió llamar a la AFI para ver qué había pasado con la ayuda de los agentes prometidos, y reclamar su falta de interés.
Relato del diario de Juan Manuel Fraire sobre la investigación que él y Marisela Escobedo realizaron en Río Grande, Zacatecas.
Juan Manuel Fraire intenta brincar una barda durante la búsqueda de Sergio Barraza Bocanegra.
A los dos días llegaron dos agentes, quienes revisaron las relaciones de teléfono de Sergio Barraza que Marisela había obtenido. Todos los indicios los llevaban a un pueblo llamado Río Grande. El 25 de octubre, Héctor y los dos agentes se trasladaron hacia allá. Un agente de la Procuraduría estatal los llevó por un recorrido. “Les hizo comentarios de que el pueblo estaba totalmente controlado por Los Zetas, que no los dejaban hacer nada y que recibían dinero de ellos. Y que, en algunas ocasiones, les permitían decomisar pequeñas cantidades de droga y hacer algunos arrestos, pero solo de personas que no eran importantes para la organización”, señala el diario de Juan Manuel Fraire.
Ese mismo día, gracias también al registro de llamadas de Sergio, dieron con otro domicilio en el pequeño poblado de Río Grande del que salió una joven, quien al ser interrogada reconoció que era novia de Sergio Barraza. Es decir, era otra de sus parejas.
Juan Manuel Fraire lo recuerda así en su diario: “Ella dijo que Sergio era sicario de Los Zetas. Nos dio el nombre de su jefe inmediato, del jefe del pueblo, ubicación de casas de seguridad donde tenían gente secuestrada, bodegas de drogas etc. y el nombre del motel donde vivía Sergio. En este punto notamos que los agentes de la AFI tenían miedo. Nos dijeron que como estaba la situación en esos momentos ellos no podían hacer nada, y que si intentaban hacer algo en ese momento no saldríamos vivos del pueblo, que tenían que ir a la Ciudad de México a reportar todo lo que estaba sucediendo y a pedir apoyo, ya que en Zacatecas no lo tenían. Nosotros sabíamos que con esta información nuestra vida corría peligro y también los agentes lo sabían, sin embargo nos dijeron que siguiéramos vigilando la casa de su pareja en Fresnillo. Todavía no salíamos del pueblo, ellos en su carro y nosotros en el nuestro, cuando los perdimos de vista, y nos dimos cuenta que estábamos solos una vez más”.
Marisela, quien hasta ese momento había cooperado e informado a la autoridad de cada uno de sus hallazgos, dejó de hacerlo por desconfianza. Arturo Nahle, procurador de Zacatecas en ese entonces y oriundo de Río Grande, narra en entrevista que ella dejó de ir a su oficina y que no le entregó toda información: “Si ella hubiera acudido conmigo, el mismo operativo (para atrapar a Sergio) que se hizo en Fresnillo, lo podía haber montado en Río Grande; y con más facilidad repito, por el conocimiento que yo tengo de esa población (...) además de que ahí, en ese entonces no había presencia de Los Zetas”.
Para entonces, Barraza ya se hacía llamar ‘Comandante Bambino’ y presumía que trabajaba para el “Z-50”, un líder zeta identificado como Iván Velázquez Caballero, quien fue detenido más adelante, en 2012. En uno de los expedientes existe un CD de canciones cuyas letras narran sus vivencias a ritmo de reggaetón:
Yo soy ‘el Bambino’ escoltando al señor 50, cuando es necesario hace que suenen las baretas. Si se viene la muerte sin ningún temor la enfrenta, si Dios así lo quiso pues entonces que así sea… si los contras entran siempre está listo para reventarlos y después destazarlos, uno por uno, en pedacitos los dejamos. Si son lengua larga en el basurero los tiramos, pero si son contras entonces los cocinamos. Desde Ciudad Juárez hasta Nuevo Laredo ya lo anda buscando el puto gobierno y no les miento ya hasta ofrecieron dinero para el bastardo que diga su paradero. El que piense traicionarlo se muere primero, muere degollado con millones de agujeros (...)
Sergio Barraza en su faceta de DJ, se hacía llamar "Bambino"
En noviembre de 2010, cansados de que ninguna autoridad cumpliera con la ayuda prometida, Marisela, su hermano Héctor y su hijo Juan Manuel regresaron a Ciudad de México.
Fueron a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Tuvieron una junta con un comandante, en la cual “se nos dijo que no podían arrestar a Sergio Barraza en Río Grande porque necesitaban permiso para entrar a ese pueblo”, según el diario de Juan Manuel Fraire.
Les dijeron que tenían que esperar a que Sergio fuera a Fresnillo y ahí arrestarlo. Para ello trasladarían a seis agentes de la AFI y colocarían cámaras de vigilancia frente a la casa de su pareja. “Ninguna de esas cosas se cumplió ya que mi mamá y mi tío Héctor siguieron vigilando, y nunca llegó nadie de la AFI”, agregó Fraire.
En diciembre, al ver que no había respuesta ni del gobierno federal, de Chihuahua o Zacatecas, Marisela tomó otra decisión: hacer un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, y no moverse de ahí hasta que se arrestara a Sergio Barraza. Esto significaba permanecer ahí día y noche, sin importar la llegada de Navidad y Año Nuevo.
El 8 de diciembre, ya durante el plantón, Marisela y su hermano supieron que el gobernador César Duarte —quien apenas llevaba dos meses de mandato— iba a acudir a un acto en la Universidad de Chihuahua, al otro lado de la plaza del Palacio, y decidieron acudir.
Continuación del relato del diario de Juan Manuel Fraire sobre la investigación que él y Marisela Escobedo realizaron en Río Grande, Zacatecas.
Mientras un funcionario hablaba sobre cómo se combatía la violencia en Chihuahua, Marisela y su hermano extendieron una manta en la cual se leía “Justicia, privilegio de gobernantes y ¿qué de Rubí?”. Era en referencia al caso de un sobrino del gobernador que había sido secuestrado y en el que los delincuentes habían sido arrestados y encarcelados en menos de un mes. También al caso del hermano de la exprocuradora Patricia González, quien fue secuestrado y asesinado, y sus asesinos arrestados en menos de dos semanas.
Al terminar el evento, Marisela se paró frente a Duarte con una manta amarrada al cuerpo, que la cubría hasta las rodillas, con la foto de Rubí. Al ver eso, la prensa le preguntó al gobernador qué respuesta tenía para ella.
“El gobernador, molesto, ordenó bruscamente a sus colaboradores que llevaran a mi mamá con el fiscal (en ese momento Carlos Salas). Estando en la fiscalía, mi madre dio toda la información que hasta el momento se tenía, resultado de las investigaciones hechas por ella, mi tío y yo. Ella habló de Los Zetas, del paso por Río Grande, de que Los Zetas tenían controlado el estado (de Zacatecas) y sobre los acuerdos que había entre ellos y la PGR. Esta información hasta entonces solo la teníamos nosotros y los agentes de la AFI”, recuerda Juan Manuel Fraire en su diario.
En el momento que el procurador Carlos Salas puso a un agente del Ministerio Público para que Marisela rindiera su testimonio de manera formal, Gabino Gómez y Luz Estela Castro, sus representantes legales, estaban con ella.
Gabino nos dijo en entrevista que la declaración formal que ese día hizo Marisela llevó muchas horas. Narró paso a paso todos los datos y detalles del trabajo de investigación que habían hecho en Zacatecas: “Yo no descarto que esa declaración haya caído en manos de policías corruptos (...) el hecho de que Sergio estuviera en Zacatecas con el grupo de Los Zetas estaba generando presión a la autoridad (...) y ‘calentaba’ la plaza. Entonces para detener a Sergio tenían que implementar un operativo fuerte: ya era el ‘Comandante Bambino’. Ahí se teje la posibilidad de que la información que ella había dado, se haya filtrado a alguna autoridad corrupta, y que luego hayan dicho: ‘Esta vieja está de la chingada, ya tiene toda la información y está haciendo tanta presión que va a obligar a que actúe el gobierno; mejor vamos eliminándola’. Y aunque no soy investigador, pienso que por ahí pudo venir. Era información que no convenía a nadie”.
Marisela estaba consciente de que su vida corría peligro y ya había recibido amenazas de muerte por parte de Andy Barraza, hermano de Sergio, las cuales denunció. Un día dijo ante los micrófonos y cámaras de un reportero: “Esto se está convirtiendo en un gato y un ratón. ¿Qué está esperando el gobierno (para protegerme)? ¿Que termine conmigo? Pues que termine conmigo, pero aquí enfrente (al Palacio), para vergüenza del gobernador”.
El 16 de diciembre de 2010, cuando faltaban pocos minutos para que dieran las 8:00 de la noche, un hombre bajó de un auto, disparó a la cabeza a Marisela, y su cuerpo inerte quedó tendido frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, para vergüenza del entonces gobernador César Duarte, hoy detenido por diversos actos de corrupción durante su mandato.
La única persona que vio al asesino de Marisela cara a cara aquella noche fue su hermano Héctor Ricardo, quien incluso le tiró una silla de metal al intentar evitar el ataque.
“Ese día fue como si se hubiera paralizado la ciudad. Aunque no la conocieras, aunque solo la hubieras visto por pasar ahí, la sentíamos muy cerca. Y sí, aquella noche se volcó todo el amor a ella, toda la indignación, pero también todo el miedo”, recuerda la periodista Patricia Mayorga.
La declaración del 8 de diciembre que hizo Marisela a la Fiscalía de Chihuahua no consta en el expediente judicial, y no ha podido ser obtenida hasta la fecha.
Andrés “Andy” Barraza Bocanegra, hermano de Sergio, ha sido señalado insistentemente como el asesino material de Marisela Escobedo por la familia. Hasta hoy, sigue sin ser buscado como tal, ni por la Fiscalía General de la República, ni por la Fiscalía de Chihuahua, que ha cometido dos grandes pifias para atrapar al asesino de la activista.
Ronda fotográfica del presunto responsable del asesinato de Marisela Escobedo. Andy Barraza (número tres) es señalado por la familia.
Andy Barraza está desde 2017 en una cárcel de El Paso, Texas, en Estados Unidos, por allanamiento de morada y sustracción de bienes, y podría obtener su libertad condicional en 2021. Por primera vez, aceptó un encuentro con periodistas en diciembre de 2019 y, separados por un vidrio, hablamos con él cerca de una hora. “Yo no maté a esa mujer (Marisela). Mi hermano (Sergio Barraza) la mandó a matar con gente de Ciudad Juárez, Chihuahua”, dijo. Agregó que él se enteró del crimen por un amigo, pues un día antes trabajó toda la noche lavando trastes en su trabajo “en el restaurante el Chelsea, en la calle Mesa” de El Paso, Texas.
Fue desafiante la mayor parte del tiempo y cambiaba de decisiones constantemente. En un principio se negó a ser filmado, pero después cedió: “No tengo nada que ocultar”. Posteriormente nos dijo que había información que no estaba dispuesto a compartir: “No te voy a decir toda la verdad (...) porque me puede perjudicar a lo mejor algún día”. Aceptó que su hermano Sergio mató a Rubí, que mandó matar al testigo protegido menor de edad y que asesinó al cuñado de Marisela y también mandó quemar su maderería. Una estela de crímenes que siguieron al feminicidio de Rubí. “Pues ni modo que hubiera sido Osama Bin Laden, ¿no?”, dijo retador.
La línea de investigación que señalaba a “Andy” Barraza nunca fue seguida por la autoridad. El actual fiscal de Chihuahua, César Peniche, fue delegado de la Procuraduría General de la República en esa entidad en aquel entonces, y nos dijo en la entrevista que el caso de Marisela está cerrado, pero que no están cerrados a la posibilidad de revisar el expediente: “Tendríamos que revisarlo y ver qué otros datos pudieran surgir para establecer una nueva hipótesis, pero desde luego mientras no haya una persona que haya sido sentenciada por ese delito (el crimen contra Marisela), indudablemente siempre tendrá la posibilidad de ser revisado”.
Las autoridades han intentado en estos 10 años, en dos ocasiones, culpar a inocentes por ese homicidio; y esas dos personas acabaron asesinadas.
El 7 de septiembre del 2011 la fiscalía de Chihuahua localizó de una manera casi absurda el arma de fuego con la que se asesinó a Marisela Escobedo. El agente José R. Armendáriz se topó con un sobre amarillo en el suelo, a la entrada de sus oficinas, cuando iniciaba su turno de trabajo. “Policía ministerial”, rezaba el paquete.
Carátula del sobre con mensaje anónimo que recibió la Policía respecto a la ubicación del arma de fuego.
Mensaje anónimo donde acusan a Héctor Flores Morán, alias "El Payaso".
Armendariz lo abrió y sacó una hoja que tenía escrito un mensaje: “En el teléfono (público) de Oxxo de la calle Escudero y 27 está el arma del payaso secuestrador que lo quisieron matar y está herido en el hospital central". El agente se trasladó a la tienda indicada y encontró una pistola en la cabina telefónica.
La Policía acudió al hospital para ver quién era el “secuestrador”. Rápido dio con él. En una camilla estaba intubado un joven de 23 años llamado Héctor Flores Morán, alias “El Payaso”, quien estaba internado ahí desde el 1 de septiembre tras un atentado que sufrió junto con su pareja en la carretera Chihuahua-Aldama.
El mensaje anónimo se refería a él como un “secuestrador”, pero Flores Morán ya no pudo aclarar nada porque ese mismo 7 de septiembre, cuando la Policía recibió el mensaje, falleció en el hospital.
Caseta telefónica donde apareció el arma de fuego.
Cinco días más tarde los peritos entregaron los trabajos de balística forense y el dictamen asentó que esa arma había sido usada en 8 eventos para matar a 16 víctimas, entre ellas Marisela Escobedo.
La fiscalía rápidamente apuntó a “El Payaso” como el presunto asesino material, pues según sus argumentos, aparte de que un “anónimo” decía que el arma era de él, las características del retrato hablado del asesino de Marisela coincidían con sus rasgos. Un día antes del primer aniversario del asesinato de la activista, el entonces fiscal general del estado, Carlos Salas, y el fiscal regional de la zona norte, Jorge González Nicolás, informaron que él era el autor material.
La prensa mexicana lo dio por bueno, pero la familia Escobedo y su abogada, Luz Estela Castro, rápidamente hicieron público su escepticismo y calificaron la acusación de show mediático. “Esto es una mentira más del gobierno, y para su conveniencia este hombre está muerto (...) Vamos a seguir luchando, exigiendo justicia, no solo con el caso de mi madre Marisela Escobedo, sino con el caso de Rubí que se está quedando en el olvido, y recordemos que es por la causa que mi madre murió”, dijo Juan Manuel Fraire Escobedo, hijo de la activista, durante una protesta en Estados Unidos, a donde la familia se había mudado por protección tras el asesinato de Marisela.
Además, la fiscalía había omitido un detalle. De acuerdo con el expediente del homicidio de Marisela Escobedo, entre las 16 víctimas asesinadas con el arma que aparecían en el dictamen de balística estaba el propio “Payaso”. La familia Escobedo y Luz Estela Castro dejaron en evidencia ante los medios la debilidad de esta hipótesis, y finalmente la fiscalía prefirió no insistir en esta versión.
El aniversario número dos de la muerte de Marisela estaba por cumplirse y el gobierno aún no tenía culpable, mientras que Sergio Barraza seguía prófugo. El 4 de octubre de 2012 apareció en escena José Enrique Jiménez Zavala, alias “El Wicked”, quien se parecía mucho al retrato hablado.
El gobernador César Duarte declaró: “Con un intenso trabajo de inteligencia y de investigación de campo, la Policía Estatal detuvo a José Enrique Jiménez Zavala, autor material de la muerte de Marisela Escobedo”. Sin embargo, el expediente detalla que se trató de un simple “recorrido preventivo” de ese cuerpo estatal.
Aquella tarde “El Wicked” había sido detenido por portación de armas de uso exclusivo del Ejército en el estacionamiento de un Wal-Mart en Chihuahua, Chihuahua. Estaba acompañado de su esposa y sus hijos de dos y cuatro años; y también de Luis Alberto Camacho Ramos, alias “El Tucker”; Luis Carlos González, “El Cepi”; y Enrique Castro Castro, “El Kike”.
Jiménez Zavala estuvo en manos de los agentes estatales varias horas antes de empezar a declarar el 5 de octubre a las 11:00 de la noche, cuando rápidamente comenzó a contar todo su historial criminal frente a su primer abogado defensor de nombre Aarón Bermúdez. Fatigado, nervioso, asintiendo a todo lo que el Ministerio Público le preguntaba, “El Wicked” confesó, antes que nada, el asesinato de la activista: “Yo sí he cometido homicidios personalmente, primero es el de Marisela Escobedo, enfrente del Palacio de Gobierno, la fecha fue en 2010 a mediados de diciembre, ya sea el 16 o 15 (...) Supe que la orden de matar a Marisela fue porque era un encargo de Los Zetas. Yo hice la conclusión que como el que mató a Rubí, Sergio Barraza, andaba en Zacatecas y andaba con Los Zetas, pensé que él algo tuvo que ver ahí porque era un favor que le hizo La Línea”.
José Enrique Jiménez Zavala es presentado ante la Policía estatal como presunto responsable.
Solo dos días después, el 7 de octubre, la Fiscalía de Chihuahua lo presentó en una conferencia junto a sus compañeros: “El Tucker”, “El Kike” y “El Cepi”. Frente a ellos había una mesa repleta de armas de alto calibre y cartuchos que supuestamente les confiscaron al detenerlos. Después hicieron hablar a “El Wicked” ante los periodistas: “Yo la privé de la vida personalmente (a Marisela)”.
Ese mismo día, una televisora nacional dijo: “Ahora solo se espera que el presunto sea juzgado y que la fiscalía con esta detención logre detener a los demás implicados en el asesinato”. Sin mediar proceso alguno, Jiménez Zavala ya era el culpable ante la opinión pública, y su rostro había sido mostrado a todo México.
Mientras tanto, desde su detención, “El Wicked” vivía un infierno dentro del penal Aquiles Serdán. No solamente por el aislamiento de su celda, sin ventanas ni luz del exterior, sino porque su principal torturador era un comandante conocido como “El Diablo”, de acuerdo con gente cercana al caso.
El objetivo de la tortura era que se alineara al guion oficial durante los juicios. Para no dejarle marcas en el cuerpo, el comandante lo colgaba con una cuerda de los pies, lo cual hacía que la sangre bajara a la cabeza, provocando mareos, dolores de cabeza y desmayos.
Dentro de una pequeña celda donde apenas cabía una cama y un baño, él tenía prohibido socializar con el resto de los reos y comunicarse vía telefónica con su familia. Como parte de los tratos crueles, le mantenían la luz prendida sin importar el horario; de esa manera perdía la noción del tiempo.
Meses después, los efectos de esa tortura eran evidentes. Jiménez Zavala ya estaba convertido en uno de los atractivos más mediatizados del novedoso programa gubernamental impulsado por Duarte llamado “Libre de Prisiones”, que consistía en presentar a 16 prisioneros en 93 escuelas públicas para advertir a los estudiantes las consecuencias de delinquir.
El 24 de abril del 2013 el hombre de 30 años desmenuzaba su vida frente a un micrófono y con dos guardias detrás de él. Estudiantes de diversos institutos lo escuchaban atentos en el auditorio de un Colegio de Bachilleres de Chihuahua: “Mi nombre es José Enrique Jiménez Zavala, alias ‘El Wicked’ (...) actualmente me encuentro preso en el área de alta seguridad del Cereso Aquiles Serdán por delitos contra la salud, delincuencia organizada y homicidios como el caso Marisela Escobedo”.
Testimonio de José Enrique Jiménez Zavala ante alumnos de Colegio de Bachilleres en abril del 2013.
A pesar de que “El Wicked” no estaba sentenciado por el asesinato de Marisela Escobedo, la fiscalía y el propio Duarte insistían en que él era el autor material del asesinato de la activista. Pero después de dos años de permanecer preso, Jiménez Zavala se cansó y le confesó a su abogada, la exdefensora pública Perla Márquez, que él no le había disparado a Marisela, que ni la conocía y que su esposa y él fueron torturados para que se inculpara.
El 17 de octubre de 2014 Jiménez Zavala acusó a la fiscalía de tortura ante un juzgado. Su defensora solicitó formalmente el Protocolo de Estambul —para revisar si había sufrido tortura— y fue aceptado.
“Toda esta historia cambia el día que (Jiménez Zavala) me dice: ‘¿Sabes qué?, a mí me torturaron’. Después de esa audiencia recuerdo que hablé con él y fue cuando me comentó ‘ya no voy a aceptar este asunto, porque yo no la maté. Ahora sí voy a decir todo lo que me pasó’ (...) Entonces se da inmediatamente la vista al juez sobre los actos de tortura que dice que le hicieron”, nos dijo en entrevista Perla Márquez, hoy secretaria en un juzgado federal, quien por primera vez habla con periodistas acerca de este caso.
A raíz de esta petición, la fiscalía se vio obligada a suspender el proceso contra Jiménez Zavala hasta su resultado. Eso implicaría valorar las pruebas y, en dado caso de que estuvieran sostenidas bajo tortura, se anularían y tendrían que ordenar la libertad del acusado; por otro lado, investigar y castigar a los funcionarios responsables en caso de confirmarse el delito. Pero antes de que esto pudiera suceder, “El Wicked” fue asesinado en su celda. La fiscalía primero dijo que su muerte se debió a un infarto fulminante; después, tuvo que aceptar públicamente que se trató de un asesinato “a manos de su compañero de celda” en una cárcel calificada de máxima seguridad. Además, de acuerdo con Perla Márquez, él estaba aislado y sólo había una cama en su cubículo.
La abogada recordó en la entrevista cuando el 31 de diciembre de 2014, a punto del festejo del Año Nuevo, contestó a una llamada de un familiar de Jiménez Zavala en la que le señaló que había visto por la TV que le dio un paro fulminante, pero que sabían que era una mentira de la fiscalía porque él estaba bien de salud.
La verdad se reveló a la opinión pública el 5 de enero de 2015 cuando la autoridad tuvo que rectificar y dar a conocer que había sido estrangulado dentro de su celda, después de que Juan Manuel Fraire y los abogados de la familia Escobedo exigieran una autopsia, pues no creían en la versión gubernamental del paro cardiaco.
“No sé si poner esas denuncias (por tortura) fue algo que trajo como consecuencia su asesinato (de Jiménez Zavala). No lo sé, es algo que también se tiene que investigar. Todos tenemos al final una responsabilidad: fiscalía, jueces, defensores, policías, Comisión Estatal de Derechos Humanos, gobierno. O sea, no nada más es en una figura como el juez, el fiscal. Creo que todos en conjunto somos culpables de alguna u otra manera, o responsables, para bien o para mal, de lo que pasó”, nos dijo Márquez. Y su mea culpa parece honesta y, sobre todo, muy valiente.
“Se acreditó que el arma encontrada había sido con la que la habían matado a ella (Marisela Escobedo); no que el arma la hubiera usado él (Jiménez Zavala), que son cosas diferentes”, añadió Perla. Efectivamente, a la pistola 9 mm marca SIG Sauer nunca se le encontró ninguna huella digital al momento de ser analizada.
“La de ‘El Wicked’ era una muerte anunciada; al no tener pruebas suficientes el gobierno, lo más fácil fue aniquilarlo”, dijo en entrevista Luz Estela Castro García, exabogada de Marisela Escobedo.
Durante un año solicitamos al gobierno de Chihuahua más información para conocer el estado legal en que quedaron los expedientes judiciales de “El Payaso” y “El Wicked”. La fiscalía reconoció tácitamente la inocencia de ambos en oficios, pues no demostró con evidencias su culpabilidad. Incluso se menciona el derecho que tenían a no ser expuestos ante los medios; sin embargo se negó a entregarnos los expedientes, videograbaciones, fotografías y cualquier material concerniente a sus asesinatos, pues “se trata de información confidencial”.
A la lista de impunidad y falsedades de este caso se suma el destino de Sergio Barraza, a quien supuestamente las autoridades buscaban como prófugo del feminicidio de Rubí: el 16 de noviembre de 2012 éste fue abatido durante un enfrentamiento con el Ejército en el municipio Joaquín Amaro, Zacatecas, en un operativo que nada tenía que ver con el caso Rubí. Pese a que esto no significaba justicia, el gobernador Duarte lo celebró el 22 de noviembre: “Este es el inicio de que se vaya sanando esa profunda herida que nos dejaron las muertes de Rubí y de Marisela”.
Ruth Fierro, directora del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres, cuestiona la concepción de justicia en México: “Finalmente matan a Sergio y ahora sí hay declaraciones del gobernador Duarte diciendo ‘cerrado el caso’. Matan al “Wicked” y cerrado el caso de Marisela. Eso es importante en relación a la concepción de justicia de las autoridades y de nuestros gobiernos actuales. Pero lo cierto es que a 10 años seguimos en la impunidad”.
Hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene una solicitud para que al Estado mexicano se le declare responsable de las violaciones, omisiones, negligencias e impunidad que derivaron en el asesinato de Marisela Escobedo, el feminicidio de su hija Rubí y el desplazamiento de su familia a Estados Unidos. La petición emitida a la CIDH en junio de 2019 permitiría al Sistema Interamericano de Derechos Humanos documentar las violaciones cometidas contra toda la familia.
La voluntad de acero que Marisela heredó a los suyos es inquebrantable, y por eso siguen buscando algo que ella nunca pudo obtener en vida: justicia y reparación. El Estado mexicano tiene una deuda profunda con Marisela Escobedo y Rubí Fraire; y a través de ellas, con todas las mujeres del país.
