Reclutados terminaron en narcolaboratorio

La mano del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no sólo alcanzó un helicóptero del Ejército mexicano, sino a universitarios tapatíos que durante la última década han desaparecido por reclutamientos forzosos. Dejaron de acudir a clases y las lonas con sus rostros aparecen colgadas por las calles. Algunos compañeros comparten en las redes sociales la noticia y otros fingen nunca haberlos conocido para no declarar ante las autoridades.

Es la historia de los hermanos Plancarte, desaparecidos el 2 de febrero del 2012. Aquella noche, al filo de las 20 horas, entraron al fraccionamiento Jardines de Guadalupe seis elementos policiacos de Zapopan –municipio de Jalisco donde fueron secuestrados- y un comando de la organización criminal. Su encomienda era llevarse a cinco estudiantes universitarios de la casa 1427. Hubo testimonios y las grabaciones de la tienda Oxxo de la esquina, pero nadie quiso proporcionar nada por miedo. Todo consta en las carpetas 139/2012 y 63/2015.

Los privaron de su libertad a todos en un primer momento, pero dos días después liberaron a tres de ellos. Sólo se quedaron con los hermanos Omar y Miguel Plancarte Ramírez, de 24 y 22 años respectivamente.

La operación fue instruida por el entonces jefe de plaza de Guadalajara, Daniel Quintero alias El Danny; uno de los personajes involucrados en el asesinato del secretario de Turismo local, Juan José Gallegos, en el año 2013, y detenido casi dos años después. El interés del narco surgió a partir del apellido paterno de los jóvenes, similar al de su enemigo, el ex líder de los Caballeros Templarios, Enrique Kike Plancarte. Supieron de los jóvenes, pues según su padre, familiares de Nemesio El Mencho Oseguera estudiaban en las mismas universidades.

Sin embargo, ese apellido es común en Zamora, Michoacán, lugar de donde proceden los veinteañeros. Una familia de aguacateros que se formó en el giro desde hace 50 años. Los sicarios se equivocaron, pero decidieron no devolverlos. En cambio, para que fueran rentables, asegura su padre Omar Plancarte, los mandaron a un laboratorio para producir metanfetamina –se aseguraron en la entidad más de 200 en la última década, según el oficio PGR/UTAG/02108/2016–, una droga muy controlada por el grupo en la entidad.

Omar Plancarte, ahora miembro de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, tomó desde ese día la investigación luego de toparse con omisiones perpetradas por las autoridades, quienes le dijeron al escuchar su apellido: “Salte de aquí. Eres un templario”.

La historia de sus hijos revela una modalidad del CJNG en las desapariciones, donde los jóvenes son reclutados para elaborar drogas sintéticas. “Las desapariciones se deben a que ellos reclutan para que trabajen en sus laboratorios (…) ¿A cuánta gente no la tienen trabajando? ¿Cuántos estudiantes? (…) El Mencho está utilizando como mano de obra a los jóvenes”, dice Plancarte, basado en sus investigaciones, apoyadas mediante la contratación de detectives privados, ex policías e informantes. Todo documentado en su proceso judicial, incluidos los correos entregados a funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad.

Silvano Cantú, , director ejecutivo del Laboratorio de Innovación para la Paz, puntualiza: “Jalisco es el estado con el primer lugar nacional con desaparición de estudiantes, dentro de los campus de Guadalajara se da el mayor número de casos de desaparición de personas que estudian la educación media superior aunque a nivel universitario (…) Las motivaciones pueden ser muy variadas, controlar territorio, a veces no sólo necesitas controlar territorio; cooptar talento o cooptar personas que sirvan para el trasiego. Son redes muy complejas de criminalidad, este tipo de casos forman parte de la complejización de los procesos de desaparición; ya no sólo hay una desaparición, es un caso de reclutamiento forzoso, ejecución y desaparición”.

Debido a la gravedad de las desapariciones de estudiantes tapatíos, el abogado activista señala que junto con un grupo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad crearon en la Universidad de Guadalajara “un programa específicamente destinado a que los estudiantes que hacen su trabajo social, lo hagan al atender a víctimas de desaparición, esas tipo reacciones aunque lentas, están empezando a emerger de la misma sociedad”.

Tres meses después de la desaparición de los hermanos, Omar fue contactado por un sujeto que, según su versión, escapó de un narcolaboratorio del CJNG, donde tenían a dos hermanos atrapados. Los llevaban cada ocho días a bañarse en un lavado de carro, por eso los identificó. El informante fijó un lugar para encontrarse con el padre de las víctimas. No lo extorsionó, aunque el padre sospechó que se trataba de algún sicario que decidió salirse de las filas.

Omar elaboró las localizaciones, imprimió mapas, resumió la información de los probables responsables y se fue a la Procuraduría General de la República (PGR).

“Lo presenté como prueba a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada: quiénes trabajaban, quiénes operaban. Miguel Ángel González alias El Capote es el jefe de plaza entre Yahualica y Conquiu, trabaja para El Mencho”.

La respuesta fue el silencio, de acuerdo con su testimonio y los documentos obtenidos por EL UNIVERSAL sobre su proceso judicial. Posteriormente el aguacatero recurrió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes accedieron sin dinero a cambio, pero con el informante como guía para la búsqueda de los jóvenes. Según el testigo, los tenían en cuartos contiguos. La instrucción de sus cuidadores era: “Nadie puede hablar” A las 10 de la mañana tres convoyes militares se encontraron con el informante, le dieron un uniforme militar para que se vistiera y abordó una de las camionetas. Recorrieron 135 kilómetros de distancia hasta que entraron al pueblo. Se detuvieron en El Gallo, una tienda del jefe de plaza, donde había subalternos de la organización criminal. Los militares inspeccionaron aquel lugar, pero perdieron tiempo.

Minutos después se dirigieron cerca de las granjas de pollos, ahí encontraron el laboratorio donde estuvo el informante, una estructura llena de alambrado. Ingresaron y sólo encontraron un cuerpo descuartizado, bolsas con 30 kilos de la droga sintética cristal y precursores químicos en tambos. Al parecer habían llegado tarde. Por las barrancas habían huido, lugar por donde era complejo seguirlos en las camionetas.

De acuerdo con la PGR, esa entidad es una de las que tiene mayores registros con 218 laboratorios asegurados, tan sólo por debajo de Michoacán y Sinaloa, según el oficio PGR/UTAG/02108/2016. El desglose de los puntos específicos en la Yahualica son los ranchos La Uva, Colorado, Soledad de Arriba, todos acontecidos entre 2010-2011. De lo hallado en el operativo de búsqueda de los jóvenes nunca hubo parte oficial.

El cártel y la ley de la desaparición

Los presuntos ejecutores de la desaparición de los hermanos Plancarte, fueron Omar Espejo Flores “El Toro”, Ramón Álvarez Ayala “R1” y Rafael Álvarez Ayala “R2”. El primero detenido en 2014 y los otros dos en 2016.

Aparecen como supuestos responsables en las averiguaciones previas 139/2012 y 33/2012, siempre por órdenes de Dany Quintero; casos a cargo del comandante Jorge Saldaña.

“No han dicho nada. Ni siquiera de algunas de sus víctimas. No les conviene a ellos. Ellos están detenidos nada más por delincuencia organizada (…) no tienen ni de asesinato ni desaparición cuando hay indicios”, explica el padre de las víctimas, quien en los últimos cuatro años ha dedicado sus recursos para exigir justicia.

La casa de Omar Plancarte se encuentra vacía y desordenada como si tuvieran una mudanza. Lo único que se escucha de fondo es un goteo constante por una fuga en la cocina. En la mesa del comedor se sienta, saca las fotos de sus hijos, las observa con esa mirada que tienen todas las familias que buscan a sus seres queridos. Esa mirada viva y muerta.

En Jalisco están desaparecidos 2 mil 390 personas desde el año 2006 de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), mientras que la Fiscalía General del Estado de Jalisco registró más de 19 mil reportes, de acuerdo con información obtenida por este diario vía Transparencia.

Aunque el empresario aguacatero oriundo de Michoacán ha dedicado cuatro años enteros de su vida que lo han distanciado de su familia, se mantiene de pie yendo de un lado a otro documentando judicialmente el caso. Sus avances en la investigación los ha hecho llegar a funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad, a pesar de ser coadyuvante oficial de acuerdo con el oficio PF/DGAJ/5503/2013.

De igual modo hizo llegar cartas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al presidente, Enrique Peña Nieto. Estas fueron fechadas el 18 de enero de 2013, a las cuales tuvo acceso este medio. Hasta el momento, dos veces atentaron contra su vida y aunque ha solicitado medidas precautorias, de acuerdo con documentos que entregó a este diario, no se las han proporcionado.

La vida de los dos jóvenes desaparecidos hoy pende de un hilo, está por salir al extranjero junto con su familia. Quiere seguir los pasos de Guerrero:

“Uno como padre investigamos al 100% y el gobierno en lugar de ayudar nos echa todo para atrás. Lo que deberían hacer es que nos entregaran comisiones especializadas con permiso de portación de arma por las ubicaciones (para buscar) donde se encuentran las fosas (…) Todo el día pienso en mis hijos. Mi objetivo para estar descansando es encontrarlos y darles cristiana sepultura”.