Cuando Sandra aceptó rentar su vientre por más de 150 mil pesos pensó que el dinero no le caería mal, podría dejar su trabajo como cajera de un supermercado y así pasaría más tiempo con su hija de 6 años. El nombre real de Sandra fue modificado a petición de ella y por su seguridad.
Era una tarde de junio y Sandra estaba sentada en la banqueta de su casa en la periferia de Mazatlán, en la colonia Azteca, cuando su mejor amiga le platicó a ella y a otras mujeres que la dueña de una joyería estaba en búsqueda de alguien que “se dejara meter un bebé por 150 mil pesos”. Sandra levantó la mano.
“Yo le había comentado a mi mamá y me dijo ‘¡estás loca, cómo vas a hacer eso! ¿qué va a decir la gente de ti?, ¿cómo le vas a explicar a tu niña?, mi mamá me dijo que no hiciera eso, yo le dije que me encontraba en una situación muy mala económicamente”, explicó.
Un par de semanas después, sin haberse practicado ninguna prueba médica, la joven que entonces tenía 22 años pactó vía WhatsApp un encuentro con la Solicitante para firmar el contrato. Tres días después, una mujer de 26 años se bajó de una camioneta de último modelo y tocó la puerta de la casa de la mamá de Sandra.
"Era muy bonita, se veía que era una persona que sí... no como yo. Aquí las personas somos muy parecidas o tenemos vidas similares de trabajar, ella se veía una muchacha bien, sencilla; no usaba oro, pero su piel se veía pues…que sí. Hablaba muy correcta, nada que ver con nosotras que usamos otras palabras, ella se veía educada”, contó del día que conoció a la mujer que le pagó por tener a sus hijas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ésta práctica es parte de las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA). Las mujeres que rentan su vientre a terceros, en este caso Sandra, se les conoce como “Madres Gestantes” y a quien alquila vientres se le llama “Madre de Intención” o “Solicitante”. Aunque especialistas que han estudiado los riesgos de estas acciones la han renombrado como “Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos” (EMFR).
“Mi mamá le empezó a hacer preguntas de ‘oye ¿y por qué quieres hacerlo?’ y dijo ‘lo que pasa es que no tengo matriz, no tengo un ovario. Y mi mamá le preguntó si no tenía primas o un familiar que le hicieran el favor, ‘para que no pagues’ y ella dijo ‘sí tengo pero son más chicas que yo y ellas están haciendo su vida y yo no puedo hacer eso’”, contó Sandra, quien también es más joven.
Sandra no leyó el documento que firmó, sólo supo que de este procedimiento recibiría 180 mil pesos, 30 mil más de lo que le habían ofrecido al inicio.
La Solicitante, residente de una lujosa colonia de Mazatlán, le pidió que comenzara a tomar estrógenos y a inyectarse hormonas en el vientre. Sandra tenía miedo de investigar qué era lo que le estaban haciendo porque pensó que de enterarse, se arrepentiría. A pesar de que ya había comenzado a alterar su salud, hasta ese momento no había recibido ningún pago.
Sinaloa y Tabasco son los únicos estados en México que cuentan con la figura legal de la gestación subrogada. San Luis Potosí y Querétaro prohíben expresamente esta práctica.
En 2013 el ex gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, modificó el Código Familiar para permitir el alquiler de vientres, como se detalla en los artículos 282 al 297. Aunque sólo se permite cuando una mujer padece una contraindicación física o médica. Según datos obtenidos por transparencia, ese estado registró apenas 26 notificaciones de contratos de Reproducción Humana Asistida y Gestación Subrogada emitidos por Notario Público desde 2013 a la fecha. De ellas, se informó que 17 de las mujeres gestantes habían nacido entre 1981 y 1992, del resto no se tuvo registro.
Mientras que del total, 13 parejas solicitantes fueron mexicanas, 3 de origen ucraniano y mexicano, y se registró una pareja en la que uno de los dos era de origen colombiano. Del resto no se especificó nacionalidad.
En Tabasco, por su parte, aunque la gestación subrogada se legisló desde 1997, fue hasta una reforma en 2016 al artículo 380 Bis del Código Civil que se obligó a los notarios públicos a informar sobre los contratos de los procedimientos de gestación al Registro Civil. Desde esa modificación a la fecha, registraron únicamente 25 nacimientos por esa vía.
En 2016, la ex senadora por el PRI Mely Romero Celis propuso hasta 17 años de prisión a quienes explotaran a mujeres con fines reproductivos, específicamente en el tema de la renta de vientres “mediante el pago de una contraprestación, el uso de cualquier tipo de violencia o aprovechándose de su pobreza, ignorancia o vulnerabilidad”. Pero tampoco prosperó.
“En Tabasco se estaba prestando a una trata de personas, a comercialización de vientres, incluso por parte de esposos. Consideré que esto debía ser regulado”, explicó a El Universal la ex diputada federal por el PRI Liliana Madrigal, quien en 2017 propuso la regulación de la subrogación únicamente en casos de esterilidad o ausencia de útero, que el proceso no se mercantilice y tenga carácter altruista. Su propuesta, sin embargo, quedó congelada.
De acuerdo a una investigación realizada por la antropóloga María Eugenia Olavarría presentada en el libro La Gestación Para Otros en México, de 2011 a 2016 a nivel federal se intentó legislar sobre el tema al menos 13 veces, la mayoría de esas propuestas apostaron a modificar la Ley General de Salud y la mayoría fueron elaboradas por legisladores del PRI.
A pesar de que el caso de Sandra se llevó a cabo en un estado donde la subrogación está regulada, no se siguieron los procesos legales y se desconocen los motivos de la Solicitante para no hacerlo. El primer requisito que no se cumplió fue la edad mínima, que en la legislación es de 25 años. Sandra tenía 22 años cuando firmó el contrato. Además, la transferencia de óvulos fecundados se realizó en una clínica privada de Guadalajara, donde esto no está regulado.
Sandra recordó que el día del tratamiento la atendió un grupo de entre cinco y seis doctores. Le introdujeron lo que llama un “popote de vidrio y un papelito” y un médico de origen estadounidense le advirtió, en español entrecortado, que sentiría un poco de dolor. Sandra pensó que era un proceso tan común que por eso no le prestaron mucha atención a ella durante esos 20 minutos. Comparó el proceso con un papanicolau.
Una vez completado el procedimiento médico, escuchó a la Solicitante hablar sobre la posibilidad de que fuera un embarazo doble, ya que le habían colocado dos embriones aunque jamás le consultaron si estaba de acuerdo. Cuando Sandra quiso preguntar si eso cambiaría el contrato, la Solicitante le respondió que no quería hablar del tema “para no hacerse ilusiones”.
De vuelta en Mazatlán, la mujer renunció al empleo en el súper en el que ganaba 4 mil 200 pesos al mes, porque los médicos le indicaron que no podía estar de pie. Pese a esto, la Solicitante le aclaró que no le pagaría un peso hasta que la prueba de embarazo fuera positiva.
De acuerdo al reporte realizado en 2014 por el centro de investigación Early Institute sobre la EMFR, es común que en países como México sean colocados más de tres embriones sobre la Madre Gestante para elevar las posibilidades de embarazo “aunque con ello se incrementan también los riesgos de salud tanto para el bebé como para la gestante”. En promedio, una pareja solicitante invierte entre 735 mil y 2 millones de pesos por cada proceso de gestación subrogada en México, según datos del instituto.
Nerviosa por la incertidumbre económica y laboral, Sandra se hizo un examen que dio positivo, y ahí también supo que tendría gemelos. Entonces le entregaron la primera de las mensualidades de 15 mil pesos que recibió durante el embarazo, un ingreso 72% más de lo que habría ganado con su empleo anterior. Todos los pagos fueron en efectivo y los 45 mil pesos restantes se los dieron al nacer las bebés. Sandra liquidó sus deudas.
“Me la jugué porque no hice las cosas bien, nunca pregunté y ¿si no, qué? ya me había quedado sin trabajo y no sabía que iba a ser de mí, pero dio positivo. Siento que no hizo contrato (recibos) para no afectarme en lo de los impuestos”, expresó.
Durante el embarazo, la Solicitante creo con Sandra un lazo emocional basado en regalos. Le obsequió un refrigerador, una televisión, amuebló el cuarto de su hija y le pagó el depósito de una casa en un barrio más céntrico, pues donde vivía el baño estaba en el patio y temía que al ir, en medio de la noche, un animal la pudiera morder.
“No existe como tal el derecho a ser padre (o madre), sino el derecho de un niño a tener padres, para eso existen otros mecanismos. No para satisfacer el deseo legítimo de tener una familia, vamos a aprovecharnos de quien está dispuesta a todo con tal de mantener a su familia”, explicó Valeria González, Coordinadora de Asuntos Públicos de Early Institute.
El instituto aboga por la prohibición de la maternidad subrogada para evitar poner en riesgo la salud de las mujeres, mantener su derecho a un trabajo digno y de los niños a no ser comercializados.
“¿Qué tanto es una libertad cuando estás desesperada? Lo que sea que te ofrezcan, lo tomas. Ahí el problema no es de ellas (mujeres dispuestas a rentar su vientre), es totalmente entendible”, añadió González, quien además subraya como grave que no se respete el derecho de identidad de los menores nacidos por esta vía.
“Sabemos todos los requisitos que hay para adoptar. Porque tienes que analizar la idoneidad de los padres, si efectivamente están capacitados. Eso no pasa con la maternidad subrogada, se maneja como un contrato, en el que el producto es un niño, un objeto de deseo comercializable”, analiza.
En noviembre de 2018, la Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley General de Salud e incluir la figura de la Reproducción Humana Asistida. En el documento se señala que en México se practican hasta 80 mil procedimientos de TRA al año.
La argumentación de Sánchez Cordero se basa en las tasas de infertilidad mundial y en el derecho a formar una familia. Además, propone la prohibición de implantación de más de tres embriones, aunque incluso dos -como en el caso de Sandra- pusieron en riesgo su salud. Además, no coloca a la infertilidad como requisito para acceder a las TRA.
EL UNIVERSAL solicitó la postura de la Secretaria de Gobierno para este reportaje, pero hasta el cierre de la edición no se tuvo respuesta.
El parto de Sandra se tuvo que adelantar porque comenzaba a desarrollar preeclampsia. Debido a la premura, el médico que la atendería no estaba disponible. El plan de la Solicitante y su familia se derrumbó. Querían que Sandra entrara al hospital bajo el nombre de la Solicitante, así las bebés se registrarían como sus hijas desde el parto. Sin embargo, los médicos de guardia y las enfermeras del hospital Sharp se negaron.
“Las enfermeras me decían ‘mira, que hagan las cosas como deben de ser, porque imagínate que te pase algo, ¡cómo vas a poder pelear algo!, ¿que tu acabas de parir?, si las niñas están a nombre de ella. Pero yo nada más las escuchaba, nunca comenté nada por respeto a ella (y su familia), era como jugarle chueco, yo decía que sí a todo lo que ellos decían (la Solicitante y su familia)”, expresó.
Sandra parió a dos niñas por cesárea, pero no la dejaron que las viera. En cambio, le pidieron que se extrajera tanta leche materna como pudiera durante dos días, y por esto le dieron tres mil pesos extras.
Desde ese momento desarrolló depresión post-parto y unas ganas inmensas de abrazar a su hija, quien la esperaba en su casa.
“Una trabajadora social me pidió que firmara la hoja de nacimiento, ‘si no, no te puedes ir’ porque era como si estuviera abandonando a las bebés y me podría meter en un problema legal, incluso ir a la cárcel. Mi esposo y yo, los dos íbamos a ir a la cárcel ¿y mi hija? pensé en todo eso, me asusté, ya traía la depresión, me asusté mucho”, recuerda.
Después de dos días de la cesárea, Sandra fue citada en una notaría de Mazatlán para que cediera la custodia de las bebés y se hiciera el trámite correctamente. Para Valeria González la gestación subrogada en México tiene tintes de delincuencia organizada debido a “tantas autoridades, personas, hospitales, y todo tipo de gente involucrada”.
“De entrada, quienes hacen los contratos, los notarios que dan fe a los contratos, las clínicas, enfermeras, psicólogos, quienes captan en Facebook o en hospitales donde saben que pueden encontrar este tipo de personas, registros civiles, embajadas si los solicitantes son extranjeros, abogados de las clínicas”, explicó.
Por su parte, Wendy Briceño, diputada federal por MORENA y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la actual legislatura aseguró que, a la fecha, no se han presentado iniciativas que busquen abordar el tema, pero sí se han acercado grupos de mujeres preocupadas por la gestación subrogada.
“Se atraviesan condiciones de mucha complicación para mujeres que aceptan (rentar su vientre) en condiciones socioeconómicamente difíciles, hay situaciones que observar de manera responsable y una discusión amplia de muchas aristas, no queremos poner en condiciones de mayor vulnerabilidad a mujeres ya de por sí en condiciones precarias”, explicó la legisladora a El Universal.
“Al mes que me alivié me llevó a verlas, pero eran tan chiquitas, ahorita ya están bien grandotas, tienen cinco meses. Cuando las vi lloré y siento que por eso ya no me llevó, pero no lloré porque me diera pesar dejarlas, porque no son mis hijas, lloré porque me daba gusto verlas bien y las voy a extrañar”, confesó.
Ahora sólo las observa a través de Instagram y guarda algunas capturas de pantalla.
“Las veo que crecen y me siento triste pero no porque las quiera conmigo, porque, de entrada, yo no podría mantenerlas, sino de que al final de cuentas son mis hijas, postizas, porque no llevan mi sangre, pero vivieron dentro de mí. Me dolieron mucho, no las parí, me hicieron cesárea pero en el transcurso del tiempo pasé muchas situaciones que me hacen amar a esas niñas”, reveló.
Orillada por la necesidad, Sandra decidió rentar su vientre por 150 mil pesos. Sin información sobre los riesgos de salud, las consecuencias legales y sin asesoría, inició un doloroso camino.
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