Coronavirus en Centroamérica
Evelyn Boche Ventura
Conexión Centroamericana
“El personal médico está batallando con todo, están cansados, están agotados”, dijo el doctor Marco Barrientos, con la voz entrecortada, la mañana del 11 de junio, cuando el Hospital Roosevelt de Guatemala amanecía con 140 pacientes con COVID-19, un 90% de ellos en estado crítico.
El cansancio no era solo físico por gestionar una pandemia con recursos históricamente precarios, sino también por la frustración de llevar meses diciendo lo mismo, sin ser escuchados: la sordera institucional era otra de sus luchas.
De hecho, en un mes y una semana, contados desde la mañana del reclamo del doctor Barrientos, ese país centroamericano pasó de 8.561 casos acumulados con 334 decesos a 44.492 infectados con 1.699 muertes, según los últimos datos oficiales disponibles, al cierre de edición, el 25 de julio (el Laboratorio de Datos GT, un grupo independiente de profesionales, contabiliza registros más elevados).
Las unidades de traslados de pacientes con síntomas de COVID-19 enfrentan una alta demanda, en Guatemala. Foto: Orlando Estrada.
Así, las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala no evitaron la avalancha de contagios que saturó los hospitales nacionales, como el Roosevelt y el San Juan de Dios, con pacientes infectados por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, causante de la infección respiratoria, COVID-19, en un escenario de transmisión comunitaria declarado por la Organización Mundial de la Salud.
“Convertir a hospitales de alta especialización en los que den respuesta a la pandemia no fue la mejor opción, sin un plan organizado que designara el número de camas, insumos y personal que podrían atender”, opinó la presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, la infectóloga Nancy Sandoval, quien usa sus redes sociales para advertir a la población sobre el riesgo de la pandemia.
“Los médicos hacen lo que pueden con lo que tienen a la mano, una carpa, las bancas, habilitan los pasillos”, describió la Defensora de la Salud, Zulma Calderón, quien durante sus incontables visitas mostró la cruda realidad hospitalaria con fotos e informes, disponibles en las redes sociales.
Dada la prioridad de los enfermos de COVID-19, cientos de pacientes también presionaron el sistema hospitalario con los usuales chequeos por males cardiovasculares, diabetes, hipertensión y cuadros renales, entre otros padecimientos crónicos con la mayor mortalidad, en ese país de 16.6 millones de habitantes.
Tras detectarse el primer caso de COVID-19, el 13 de marzo, el Gobierno de Guatemala buscó evitar el colapso de los centros médicos con una apresurada construcción de cinco hospitales temporales. Sin embargo, hubo faltante de equipos, fallas técnicas y personal insuficiente, al punto, de que esos centros también se saturaron.
Así ocurrió con el primer hospital temporal que comenzó a funcionar, el 23 de marzo, en el campo ferial Parque de la Industria, en Ciudad de Guatemala. Si bien, el presidente, Alejandro Giammattei, anunció que sería el más grande de Centroamérica, con 3.000 camas; se quedó con 319 camas y 48 de cuidados intensivos, asistidas por apenas la mitad del personal sanitario requerido.
Dos meses después, ese centro médico estaba al límite de su ocupación; peor, aún, con un cese temporal de funciones de su Unidad de Cuidados Intensivos por un brote de COVID-19, entre su equipo médico, sin posibilidades de reemplazo dado el faltante de personal.
“Uno quisiera que estuvieran bien hechos, bien planeados por gente que sabe sobre construir hospitales; pero hay que entender la prisa ante una amenaza inminente y la burocracia, en el sistema de salud, que no permite ejecutar con tanta rapidez”, opinó el infectólogo, Eduardo Arathoon, quien se acercó de forma voluntaria para asesorar al Gobierno, ante la crisis sanitaria.
La demanda por equipos de protección ha sido otro llamado persistente del personal sanitario que suma 15 decesos y más de 200 infectados, al 10 de julio. Entre ellos, el Director del Hospital Roosevelt, quien recibió la noticia de que había contraído COVID-19, el 14 de junio.
De hecho, desde finales marzo, un grupo de 1.147 profesionales de la salud urgió al presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Giammattei, equipos de protección, entre otros puntos, en una carta abierta, promovida por la vocal de la Asociación Nacional de Patólogos de Guatemala, la infectóloga Ana Ponciano.
Tras asumir su mandato, en enero de este año, el presidente Giammattei designó como ministro de Salud al político, Hugo Monroy: un excompañero de partido, sin experiencia en salud pública, al punto, que mantuvo una actitud escéptica ante la pandemia.
“Creía que la enfermedad no iba venir a Guatemala (…) El cierre temprano de actividades fue porque insistimos”, recordó el infectólogo, Arathoon sobre la actitud de Monroy.
El Ministro no logró dar respuestas a la altura de la crisis sanitaria, en un sistema de salud históricamente debilitado, como lo dibujó el director del Hospital Roosevelt, en su grito de auxilio, del 11 de junio.
“No queremos dejar de atender a nadie; pero, físicamente, hay un límite, todo el personal se ha movido para conseguir más cilindros de oxígeno, manómetros, ventiladores, insumos, equipo; pero no se puede más, necesitamos se desahogue a todos”, dijo Barrientos, en forma elocuente, a un grupo de periodistas.
Una semana después de sus declaraciones, el presidente guatemalteco ordenó el relevo de toda la cúpula del Ministerio de Salud y nombró a profesionales con experiencia. Así, la patóloga, microbióloga, epidemióloga y salubrista pública, Amelia Flores, asumió la cartera en momentos cuando ese país sumaba ya tres meses de la mayor crisis sanitaria.
Días antes, Giammattei conformó a la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), dirigida por el pediatra, infectólogo y epidemiólogo, Edwin Asturias, quien se hizo escuchar, a través de su cuenta de Twitter, desde la Universidad de Colorado, y volvió a su país a solicitud del gobernante.
“Esa red social convoca a una élite interesada en las decisiones del poder público que analiza y cuestiona”, explicó la antropóloga, Alejandra Colom, quien considera que la mayoría escucha y sigue “las instrucciones”, dadas por el Presidente, ante la pandemia.
Aunque se anunció que la Coprecovid estaría también integrada por los infectólogos, Hugo Pezzarossi y Eduardo Arathoon: al no ser formalmente convocados, dieron un paso al costado, sin ningún reconocimiento oficial por su asesoría al Mandatario.
“Hablábamos por horas con él, no quiere decir que se hiciera todo lo que decíamos porque él tomaba sus decisiones”, recordó Arathoon.
De hecho, un triunfo de la voces médico-científicas fue frenar la rehabilitación del transporte público: “Estuvimos necios y creo que, finalmente, el presidente pensó ’tienen razón estos cuates’. Nosotros sostuvimos que iba ser un medio de transporte de personas y del virus”, narró Pezzarossi, consciente de las críticas enfrentadas.
Para ese entonces, el país cumplía más tres meses de la declaratoria de Estado de Calamidad Pública -se amplió a julio-, la cual permitió el cierre de fronteras, la prohibición de eventos masivos, paralización del transporte público, suspensión del curso escolar, toques de queda y otras acciones, tomadas por el Gobierno para aplanar la curva de casos.
“Mandar a todos a encerrarse sirvió para contener un poco el contagio; pero se obviaron las medidas de contingencia para las personas más pobres o que dependen de sus ventas diarias”, indicó, la antropóloga Colom.
Si bien, el Gobierno brindó bonos económicos, canastas de alimentos y subsidios al pago de energías, entre otras ayudas, las acciones no frenaron la salida a las calles, en un país donde un 59% de sus habitantes vive en situación de pobreza.
Para decenas de familias, las banderas blancas son una señal de auxilio para pedir comida, en Guatemala. Foto: Orlando Estrada.
Diseñado por la Coprecovid, para salir del confinamiento y reactivar la economía, el Presidente de Guatemala anunció que se usará un Tablero de Alerta Sanitaria, según el número de casos y el porcentaje de pruebas positivas en cada municipio, marcado por colores de menor a mayor riesgo, como si fuera un semáforo el cual comenzaría a funcionar la última semana de julio.
Sin embargo, saltan muchas dudas sobre la obtención y procesamiento de muestras de cada municipio, luego del hallazgo de 8.000 pruebas sin procesar, en el Laboratorio Nacional de Salud, tras una auditoría solicitada por la nueva Ministra de Salud.
“Estamos viendo una imagen borrosa de la pandemia, con el rabillo del ojo (…) Además de no informar a la población, se pone en duda si las decisiones de gobierno tienen sustento técnico”, afirmó la analista independiente y extitular de la Secretaría General de Planificación y Programación, Karin Slowing.
“En algunos pacientes, muy graves, la muerte llegó antes que el resultado de la prueba”, detalló, el exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud, Manuel Sagastume, quien fue reubicado de su puesto, el 1 de junio, hasta renunciar luego criticando la falta de transparencia en la divulgación de las cifras reales de los muertos por covid-19.
Inicialmente, el presidente de la Coprecovid, Edwin Asturias, ofreció un espacio para una entrevista; sin embargo, no respondió luego a los contactos realizados.
Al cierre de edición, el Hospital Roosevelt continuaba saturado de pacientes y, aunque se sabe que el San Juan de Dios presenta una situación similar, su director, Jorge Fernando Solares, permanece hermético a dar declaraciones.
La ministra de Salud, Amelia Flores, indicó que es una recomendación válida, mantener libre de pacientes con covid-19 a los dos hospitales nacionales: “No todas las personas tienen que acudir y abarrotar los servicios hospitalarios”, puntualizó, en una entrevista vía telefónica.
Flores aconsejó a la población informarse sobre cuáles son los síntomas de la COVID-19 y las acciones a tomar para usar los servicios hospitalarios solo en caso necesario; para reforzar este proceso, la jerarca dijo que se lanzará una campaña informativa en radio y televisión.
Según la última proyección, presentada por Asturias, la pandemia puede cobrar 7.000 decesos en un escenario de acatamiento de las medidas, a septiembre. Sin duda, esta crisis apenas comienza.
Este proyecto forma parte de la serie Historias sin fronteras y ha sido posible gracias al apoyo de la organización periodística, InquireFirst, y el Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes.