“Cuando nos trajeron la palabra a la asamblea, se entendió mucho por la comunidad. Como sabíamos que está retirado del pueblo, hasta por el momento nos dieron la respuesta sí de nuestras necesidades. Queremos que nos traten como los pedimos”, dice este campesino de 61 años.

Cuenta que comenzaron las brechas en julio de 2020. “Abrir brecha es quitar una parte del monte, como dos metros de ancho, para hacer un camino y hacer topografía por donde vaya pidiendo la vía”, explica. Y cuando comenzaron las brechas, llegó el único problema que han tenido en su ejido.

“Lo que pasa es que el compañero tiene un terreno que se iba a topografiar y se entró en su terreno como 40 metros. En ese momento hicimos gente y fuimos a ver qué si era grande el problema. De que era un problema, era un problema”, recuerda, “el problema se solucionó por que se le dijo que se le va a ayudar una parte de eso. Habló con alguien de Barrientos y él esta recogiendo sus papeles y se le va a ayudar, se le va a dar dinero”. Nadie de Fonatur ni de la Procuraduria Agraria estuvo presente.

Su secretario ejidal, Isidro Duran Keb, de 70 años, pregunta a los reporteros antes de comenzar la entrevista si reciben dinero de Estados Unidos por oponerse al Tren Maya como acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus mañaneras a organizaciones ecologistas y de defensa de derechos humanos.

Barrientos y Asociados es un despacho de abogados que se publicita como “con amplia experiencia en la gestión, concertación y negociación de bienes ejidales afectados por variables de tipo jurídico-legal” y “manejo de propietarios y comunidades”. Firmó en agosto de 2019 un contrato con el promotor del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por 62 millones de pesos denominado “Trabajos Técnico-Jurídicos para la Identificación y Liberación de Áreas de Afectación para la Constitución del Derecho de Vía del Proyecto Denominado Tren Maya”.

Dos ejidos del sur de Campeche, el 5 de Febrero y el Miguel Colorado, denunciaron públicamente el pasado agosto lo que ellos consideran abusos por parte de Fonatur y Barrientos y Asociados.

“En abril de 2020, personal de FONATUR acompañado de personal de Barrientos y Asociados, a quienes presentaron como sus representantes, visitaron los ejidos de la zona para solicitar se llevaran a cabo asambleas ejidales con la finalidad de que se otorgaran poderes de administración y dominio a una directiva”, comienza el comunicado.

Fonatur dijo que les harían un pago por los derechos de vía ya existentes que nunca se habían pagado y se les pagaría “los derechos de vía que se afectarían con el proyecto Tren Maya”.

“Nunca mencionaron que había la posibilidad de que hubiera que mover viviendas y afectar familias. En esas reuniones se acordaron pagos por separado a las directivas. En las asambleas y reuniones nunca estuvo presente ningún funcionario de la Procuraduría Agraria”, continúa.

El 12 de mayo, los miembros de las directivas acudieron a la ciudad de Campeche para la entrega de los cheques y la firma de los contratos. De nuevo, denuncian los ejidatarios, no hubo nadie presente en la firma que les diera asesoría de la Procuraduría Agraria. Los pagos, aseguran, fueron menores de lo acordado, además de no entregarles copia de los documentos firmados. Les dieron, según fuentes conocedoras del proceso, una cantidad muy exigua a repartir entre todos los ejidatarios.

“La clave es que firmaron unos documentos, recibieron unos cheques, y nunca les dieron copia de ningún documento, aunque lo pidieron”, explica la abogada Naayeli Ramírez, que asesora al ejido 5 de Febrero y al Miguel Colorado, “nunca fue la Procuraduría Agraria, que debería haber estado allí para velar por los intereses de los ejidatarios. Resulta que la Procuraduría tenía prohibido salir por la pandemia y mientras Fonatur estaba por todos lados, pagando dinero”.

Un mes después, algunos ejidos removieron a sus comisarios por los pagos que recibieron como gestores y la falta de transparencia en su gestión, cuenta la abogada. Otro ejido, Felipe Carrillo Puerto, denunció penalmente a Barrientos y Asociados.

En julio de 2020, por la falta de transparencia y documentos, los ejidatarios del 5 de Febrero le negaron la entrada a los ingenieros de Fonatur. Tras mantener el pulso varios días, les fueron facilitadas copias de los contratos firmados.

“Lo que habían firmado era un contrato de ocupación previa. En ellos los ejidos cedían de manera gratuita los derechos para ocupar previamente, antes de que expropien, para construir, operar y mantener el tren. Es decir, mientras se realiza la expropiación, Fonatur puede hacer lo que quiera en las tierras sin pagar ni deber nada”, explica Ramírez.

“Además, en ninguna parte del contrato se habla de que les vayan a pagar los derechos de afectados por la vía ya existente, como Fonatur ha dicho varias veces que están haciendo”, continúa, “los pagos son como anticipos de las expropiaciones que esperan realizar”.

Preguntado al respecto, Fonatur contesta a EL UNIVERSAL que niegan “categóricamente” la intención de apropiarse de las tierras, que los pagos efectuados fueran menores de lo acordado, afirman que proporcionaron copia a todos los representantes de los núcleos agrarios y que los ejidos sabían que firmaron un convenio de ocupación previa, además de explicar que no había nadie presente de la Procuraduría Agraria ya que “no es obligatoria la asistencia dado que son asambleas simples”.

En el último mes, diferentes periódicos locales de Campeche han titulado algunas de sus piezas con los siguientes títulos: Exigen vecinos a Barrientos precio justo por vivienda, Se deslinda de fraude el comisario Rafael Ruiz, Ejidatarios de Champotón amenazan con detener las obras del Tren Maya, Fonatur se deslinda de anomalías del comisario o Genera el Tren Maya conflictos en ejidos. En estos diferentes textos es común la presencia de Fonatur, Barrientos y Asociados y quejas por engaños para firmar documentos.

El comunicado de los ejidatarios del 5 de Febrero y Miguel Colorado acaba con un reclamo a la Presidencia de la República, Fonatur y la Procuraduría Agraria.

“Dejennos de discriminar, entreguen información suficiente, oportuna y veraz sobre el proyecto denominado Tren Maya, sobre las afectaciones que tendrá en nuestras tierras y pueblos, así como sobre los posibles desalojos de familias y nos entreguen los documentos que hemos firmado y que Barrientos y Asociados y Fonatur no han compartido”.

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