Tren maya

“Aquí es mi hogar”

La decena de vecinas opinan lo mismo que Guadalupe Gutiérrez, una mujer de 63 años y convertida en cabeza de esta defensa de los hogares. “No somos invasores. Yo aquí nací. Somos ya cinco generaciones de mi familia y tenemos la propiedad desde 1893. Aquí rezó a mis muertos, aquí vivieron mis abuelos y de aquí salieron mis hijos. De aquí no me voy”, dice en el zaguán de su casa, pintada de morado.

“En 1938, cuando Lázaro Cárdenas hace la conectividad ferroviaria de la península de Yucatán con el resto de la república, mi abuelo donó terrenos, le tiraron una casa y nos hicimos hasta donde las autoridades nos dijeron que nos tocaba habitar. No somos invasores, estamos aquí antes que llegara el tren”. Enseña unos folios con copias de documentos de finales del siglo XIX. También hay otra familia con uno de la década de 1940 que refleja la donación.

Su hogar está al inicio del barrio de Santa Lucía y en la misma cuadra, a los mismos escasos dos metros de la vía del tren, viven sus dos hermanas. Caminar con ella por las vías, entre las que las flores y plantas que han crecido en los rieles, es un sin fin de saludos. Vecinos que hablan de tiendas antiguas, de casas que llevan ahí más de medio siglo, de tejido social, de que votaron por la 4T y ahora se sienten traicionados. Las viviendas son en su mayoría de una planta, sólidas, algunas de arquitectura colonial.

También una lección de historia local. El tren de carga, cuenta Gutiérrez, pasaba hasta el mes de agosto de 2020 un par de veces al día, a unos 20 kilómetros por hora. A principios de la década 2000 hubo un par de descarrilamientos que derribaron unas viviendas y algunos vecinos comenzaron a promover la misma solución que quieren ahora para el Tren Maya.

“Nuestra propuesta siempre ha sido la relocalización de las vías del ferrocarril. ¿Por qué no puede haber un libramiento fuera de la ciudad? ¿Por qué tienen que partir la ciudad y desplazarnos?”, argumenta, “tuvimos una reunión con Fonatur y Onu Habitat y fue ríspida. Dijeron que el tren iba a pasar sí o sí y no se abrieron a escuchar nuestras propuestas”.

En un comunicado de junio de 2020, Fonatur aseguró que planteará soluciones adecuadas con cada familia de Campeche que tenga una propiedad en el derecho de vía del Tren Maya y que trabaja con ONU Habitat, a la que según su convenio paga cinco millones de dólares en concepto de consultoría, en la elaboración de un Protocolo de Relocalización Consensuada. Según los vecinos, han recibido llamadas de Onu Habitat sin haber dado a nadie sus números telefónicos y se intentó realizar un censo presencial del 13 al 20 de abril, en plena Jornada de Sana Distancia por la pandemia del coronavirus. También dicen haber recibido visitas “intimidantes” por personas que se identificaron como miembros de Fonatur y ONU Habitat, quienes les preguntaban dónde se reunían los vecinos o quienes eran los líderes.

A algunos vecinos les han comentado que les van a ofrecer esa “relocalización consensuada” / “desalojo forzoso” a la colonia Siglo XXI, situada a casi 10 kilómetros de la costa y el puerto, en vez de los 400 metros a los que viven ahora los pescadores de Camino Real. Como Gustavo Ganso, de 64 años. “Ahora, cuando llega un mal tiempo del norte, que se levanta en menos de diez minutos, puedo bajar corriendo al puerto a resguardar mi lancha para que no se destroce con la orilla del mar, pero si me llevan lejos, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a llegar a tiempo para salvar mi forma de vida?”. Otros pescadores entrevistados comparten las preocupaciones de Ganso.

“Nos van a desplazar, pero no sabemos ni a dónde ni a qué tipo de casas. Mira, yo no quiero que me den ninguna casa. Ni que me den dinero. Este es mi hogar”, Guadalupe Gutiérrez tiene la voz trémula y lágrimas, “no se vale, esto es un despojo que nos están haciendo. Yo he tomado la decisión de que voy a seguir hasta las últimas consecuencias”. El resto de la reunión asiente y aprueba y se oye de fondo que derribar una casa es mucho peor que rifar un avión.

“La historia del tren comienza a finales del siglo XIX con la concesión, inicia su construcción hasta el siglo XX y la operación en los años 30. Muchas de las poblaciones por las cuales pasa esa vía de tren ya existían desde antes de la concesión, es decir, se puso sobre poblaciones ya existentes”, explica Kalycho Escoffié, jurista por la Universidad Autónoma de Yucatán.

“Estos tres barrios son históricos de la ciudad de Campeche, consolidados, con acceso a luz, agua, pagan impuestos”, argumenta, “no son asentamientos informales como dicen a veces las autoridades, que van a los barrios y les dicen a los vecinos que ellos 'invadieron' las vías del tren y que no deberían estar ahí, pero están dispuestos a llegar a un acuerdo. Con eso pretenden convencer a la gente que no tienen el derecho a su favor y que llevan las de perder”.

Kalycho Escoffié lleva el amparo que ha presentado el colectivo de los Tres Barrios de Campeche contra Fonatur, la presidencia de la República y la Secretaría de Turismo para detener las obras y que lo que se relocalice sean las vías de tren maya y no los seres humanos. El juzgado, cuenta, otorgó una suspensión para que Fonatur, con Onu Habitat, no pudiera seguir realizando visitas a los barrios para hacer el censo de afectados y predios mientras se resuelve el proceso judicial.

“Pero durante la pandemia, de repente los vecinos vieron a operarios hacer labores topográficas en las vías de los barrios. Se acercaron a los operarios y les decían que venían de Telmex, que es Grupo Carso, de Carlos Slim”, asegura. Operadora Cicsa y FCC, ambas de Slim, lideran el consorcio que se encarga de la construcción del Tramo 2 del Tren Maya, donde está la ciudad de Campeche.

“Onu Habitat y Fonatur dicen que es un proceso de relocalización, pero a nosotros nos preocupa que sea un proceso de desalojo forzado. Esto es una violación de derechos humanos que consiste en hacer salir a las personas de sus hogares y territorios en oposición a su voluntad sin que haya un procedimiento conforme a la legislación vigente y se puedan defender”, explica, “y como no hay proceso de expropiación, ni juicio son sentencia firme, ni nada similar para sacarlos; presionar a las personas para que salgan de sus casas es un desalojo forzoso”.

El discurso de las autoridades de denominar invasiones a las personas que viven en el derecho de vía se refleja en el documento oficial de donde sale ese inventario que, de los 724 kilómetros, 294 tienen “invasiones existentes” con mil 718 puntos. Estas páginas pertenecen a los más de mil 500 folios de Ingeniería Básica para los tramos 1, 2, 3 y 4, realizados por un contrato de 346 millones de pesos.

“En la ciudad de Campeche no son 'invasores', como dicen las autoridades para estigmatizarlos, aunque son poblaciones previas al derecho de vía. Y aunque fuesen un asentamiento informal, cosa que no ocurre, tienen derechos que tienen que ser respetados y no pueden ser desplazados así como así”, razona el jurista Kalycho Escoffié, “durante los más de 60 años que operó la vía del tren dejaron a la gente viviendo ahí sin decirles nada; es importante que sepa que toda comunidad sobre el derecho de vía existente está en ese riesgo”.

Campeche 2003

Campeche 2020

Dividir un pueblo por la mitad

El pueblo de Candelaria, al sur del estado de Campeche, casi frontera con Tabasco, comparte ese riesgo. Las últimas cifras oficiales de población de 2010 hablan de unos diez mil habitantes, pero los vecinos calculan que ya son casi 20 mil. La comunidad tiene dos ejes. Uno es la carretera, el otro las antiguas vías del tren.

A lo largo de más de dos kilómetros y medio, los rieles parten del río que da nombre a la villa y la dividen en dos. En el área de 40 metros dentro del derecho de vía hay un pequeño museo, el centro de la población, pequeños negocios como la taqueria El Charro o la tienda de artículos para campesinos y ganaderos La Granja del Tío Jorch y centenares de viviendas. Según los datos publicitados por Fonatur, son 400 dueños afectados.

Entre ellos está Joaquín Aguilar, un aguador de 59 años, que vive en las afueras. Compró el terreno a otro vecino por diez mil pesos y durante 20 años levantó, pedacito a pedacito, este hogar de una sola planta. Amplio y de concreto visto, algunas divisiones están hechas con telas y otras con muros. El techo es de lámina de zync, dice orgulloso. Le valió, calcula, unos cien mil pesos y su patio trasero está a metro y medio de los rieles.

Viven “diez gentes”: su esposa Victoria, sus hijos y sus nietos. Tienen un aparato antiguo de aire acondicionado incrustado en la pared y varias televisiones. En una suenan canciones de k-pop, mientras la mujer robusta y morena cuenta que tiene miedo de lo que “estén tramando” los del Tren Maya “por que llevan un tiempo callados” y una de las hijas cocina mojarras a la leña.

“En diciembre [de 2019] nos convocaron a una reunión a todos los que estamos en derecho de vía. Fuimos más de 500 gentes. Presentaron el tren, diciendo que no tuviéramos nada que temer, que se iba a buscar la manera de que no nos afectara ni nos perjudicara. 'En el peor de los casos, lo que les puede pasar es que se les reubique', eso dijeron. Y la mayoría salimos contentos, pensando que no nos iba a pasar nada. Su tono fue muy agradable y como que entendimos que el tren se iba a desviar”, recuerda Aguilar.

“Luego llegó una segunda reunión, meses después, y volvimos a preguntar. Y allí ya hablaron, con un tono más agresivo, directamente de reubicación ya que iba a ocupar 20 metros a cada lado de la vía, 'Se tienen que quitar', dijeron”, y sentencia, “nos van a arrancar del pueblo, entendemos que reubicación es desalojo y van a partir el pueblo a la mitad. Siento que las autoridades nos engañaron en diciembre, traicionados por el Gobierno, que no nos habló con franqueza”.

En la minuta de una de las reuniones que mantuvo Fonatur con varios grupos de vecinos, se lee que estaba presente además el despacho de abogados Barrientos y Asociados, que firmó en agosto de 2019 un contrato con Fonatur por 62 millones de pesos denominado “Trabajos Técnico-Jurídicos para la Identificación y Liberación de Áreas de Afectación para la Constitución del Derecho de Vía del Proyecto Denominado Tren Maya”. Algunos vecinos se negaron a firmar la minuta al no estar de acuerdo en cómo reflejaron la reunión.

“Por último, se comentó a los asistentes sobre el proyecto de reasentamiento en la zona urbana de Candelaria, como aquellas acciones que deben garantizar la seguridad de los usuarios y de la población. Que es un procedimiento que inicia y que es importante escuchar las principales inquietudes de los vecinos, generar el diálogo y el respeto a los derechos humanos”, se lee en el documento.

Los vecinos plantearon sus dudas y desacuerdo con los “reasentamientos humanos”, dijeron que el Tren Maya no les representa beneficios y cuestionaron no entender qué pasaría con sus propiedades dentro del derecho de vía y los 20 metros a cada lado.

“Al respecto,se mencionó que el trazo del TM en lo que respecta al tramo Palenque-Izamal, no será modificado y seguirá la ruta de las vías férreas existentes, por ello la importancia de reubicar a las familias con viviendas o comercios en el derecho de vía”, contestó Fonatur en el encuentro.

“Candelaria es una comunidad del siglo XIX, de mayoría maya y chol, y el pueblo es anterior también a la vía del tren. También hay un amparo contra las obras. Allí apareció Fonatur por primera vez en junio”, explica Kalycho Escoffié, quien da asesoría legal a las comunidades.
“¿Qué intención de negociar tienes cuando ya como autoridad has decidido el proyecto, que va a pasar por tu comunidad, que la relocalizazación va a ocurrir sí o sí y ya empezó la construcción?”, se pregunta, “no es un acuerdo. Tu te vas de tu casa. Ese es el acuerdo. Agrégale que usan el discurso de que son personas que invadieron las vías cuando fue al revés, el Tren les invadió las comunidades. También plantea una duda. Si esto pasa en Candelaria, ¿qué no estará pasando en sitios más pequeños?”.

Uno de esos lugares más chiquititos es el Poblado El Aguila, ya en Tabasco y menos de 30 kilómetros al norte de Tenosique. Al lado de un cruce de las vías y la carretera está Daniel Panadero, de 45 años. Regente una tienda de abarrotes de su familia. Les han dicho que les van a reubicar, pero no sabe donde. “¿Y sí me alejan del cruce y pierdo toda la clientela? No estoy en contra del tren, solo no quiero que me reubiquen”, comenta, “en el pueblo hay varios negocios y seis familias que viven dentro del derecho de vía. Solo una persona se mudó dentro hace poco para tratar de aprovecharse”. Argumenta que el tren va a pasar sí o sí y no hay nada que puedan hacer.

Candelaria 2009

Candelaria 2020

Palenque, el inicio de la obra

Mucho más al sur, ya en Chiapas, está Palenque, punto de salida del Tren Maya. Las oficinas de Fonatur y el consorcio formado por la portuguesa Mota Engil y China Communications Construction se han levantado en el antiguo aeropuerto. Las obras iniciaron el pasado junio, tras retorcer la legislación ambiental en contra del consejo y análisis de los asesores y estudios ambientales por los que pagaron 60 millones de pesos para poder comenzar sin tener una Manifestación de Impacto Ambiental, como reveló El Universal.

En el patio de la infraestructura hay cientos de rieles, durmientes de basalto y de madera y la maquinaria pesada para poder manipularlos. Son el resultado del levantamiento de las vías. Para retorcer la legislación ambiental, se pidió una exención de la Manifestación de Impacto Ambiental con el argumento de que es una rehabilitación de las vías aunque, según se lee en la ingeniaría básica, están en su inmensa mayoría en un estado tan deporable que no recomiendan su uso ni para vías secundarias. Además, la sección de Estudios de Impacto Ambiental y Social, se vuelve a hacer hincapié en que “la construcción de vías férreas son obras que requerirán de autorización de la Secretaría de Medio Ambiente en materia de impacto ambiental”.

Dentro de las oficinas está Carlos Barcelo Ruiz, enlace territorial con Chiapas, Tabasco y Sur de Campeche en el Proyecto Tren Maya. A su espalda, hay una infografía conceptual de la futura estación de Palenque. “El tren va a ir a una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora, mucho más que los 10 o 20 km de antes. Entonces, por esa velocidad, hay rectificaciones donde hay que incrementar el radio de giro y sobre esos pequeños tramos nuevos son los procesos ambientales”, responde.

—¿Y cómo están gestionando a la gente que vive dentro del derecho de vía? Según documentos de Fonatur, en el tramo que usted gestiona, hay más de mil “invasiones”, es mucha gente viviendo.

—Son asentamientos donde ya había gente viviendo sin certeza jurídica, por algún tipo de injusticia social. Y siempre hemos dicho que les vamos a respetar y vamos a tener en consideración a los que tienen esa legitimidad. Pero también se dio a partir del anuncio que se quieren aprovechar y que se han incrementado las lotificaciones en el derecho de vía. Lo primero es tener un censo y se les va a ofrecer reubicaciones según la casa sea de madera o de concreto. Ese proceso no lo llevo de forma personal.

—¿Y qué pasa si alguien no quiere irse? ¿Si lleva en la casa 40 o 50 años y es la casa de su familia y se niega a irse?

—En ese caso, esa es información que se tiene que ir dando sobre el proceso. Pero hemos visto una actitud positiva en ese sentido.

En la última semana se ha reportado que Chocholá, al sur de Yucatán, ha logrado desviar la ruta. Con un centenar de viviendas afectadas, el Tren Maya iba a partir en dos esta pequeña villa. Se comenzaron las obras sin avisar al ayuntamiento y el alcalde Pedro Pech Aragón discutió con los responsables. Finalmente logró, negociando, que pase al poniente de la población.

Esto, que podría parecer una esperanza para Campeche, Candelaria y las otros mil y pico de puntos que viven en 294 de los 724 kilómetros ya en construcción del Tren Maya, no da alas a Guadalupe Gutiérrez, una de las líderes de Campeche.

“Ellos tienen el apoyo de las autoridades, que allí se pusieron los pantalones e hicieron valer los derechos de sus ciudadanos. Su presidente municipal respalda a los vecinos y se lo hace ver a Fonatur y al Tren Maya. En nuestro caso, ninguna autoridad nos respalda, estamos solos”, y sentencia, “no nos oponemos al Tren Maya, solo no queremos que rompa nuestros hogares y nos desalojen. No tengo esperanzas”.

Tren Maya

El 40% del Derecho de Vía está ocupado