Rene Martínez, su empresa, Martínez Villegas, y sus seis minas, son de las compañías que más bancos pétreos explotaron en estos 24 municipios alrededor del Nuevo Aeropuerto. Solo le superan en número de autorizaciones solicitadas dos grupos.

Uno es el vinculado por Edilberto Serrano Aguilar, un nombre sobre el que no existe información. Con ocho bancos pétreos, de los que seis operaron de forma ilegal, los afectados suponen que puede ser un prestanombres.

El otro es el vinculado a los sindicatos, como son las minas a nombre del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria de la Construcción y de los dirigentes sindicales Carlos Isaac Ortega Álvarez, José Neri Ortega Blancas y Ernesto Fosado López. Entre sus ocho explotaciones, cuatro no respetaron los permisos ni sus plazos.

Una de las minas está a nombre de Pedro Chino Jaimez, un político de Coyoacán en CDMX, y este sindicato tiene un nombre prácticamente idéntico al investigado por la Policía Federal en la compra de tezontle y basalto sin contratos previos por valor de 17 mil millones de pesos, como publicó EL UNIVERSAL en enero de 2019.

En total, más de 127 empresas y personas físicas solicitaron las autorizaciones. 33 de esas empresas, en su mayoría mexicanas, concentran 90 solicitudes de permisos. Una de las empresas, Garcher Evolution, tiene entre sus accionistas fundadores en 2014 a Rafael Isassi García, apodado “el 82” y vinculado a secuestros y extorsiones en Tamaulipas. Sus dos minas operaron ilegalmente.

Entre los pequeños empresarios que explotaron las minas, hay unos pocos políticos locales, como Joaquín Carpintero Salazar, vinculado al PRD en Hidalgo, Francisco Javier Santillán Santillán, que fue alcalde de Hueypoxtla; Abigail Urrutia Hernández, candidata a puestos políticos en Chicoloapan; Mario Contreras Delgadillo, vinculado al PRI en San Martín de las Pirámides; Tomás Merlo Escutia, candidato a diputado del PRD por La Paz; el antiguo comisario ejidal de Santiago Cuautlalpan, Saúl Manuel Rodríguez Sandoval... El perfil más alto es Luis Alejandro Montes de Oca Acevedo, que ha tenido varios altos cargos en Secretarías del Estado de México, pero su banco pétreo, autorizado en mayo de 2017, no llegó a ser explotado.

Un ejemplo de manejos extraños puede verse en la mina Santo Domingo, de Temascalapa, que suministró al menos 23 mil metros cúbicos de tezontle al NAIM y vinculada a los sindicatos de transportistas. En agosto de 2016, se le negó la autorización debido a que se localizaba en un Área Natural Protegida. Al mes siguiente, en septiembre de 2016, se autorizó su explotación. Ambas resoluciones fueron firmadas por Salvador Díaz Vanegas, entonces director general de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México.

En Tepetlaoxtoc, en la comunidad de San Pedro Chiautzingo, rodeada por 13 minas, la comerciante Adela Vergara cuenta la forma de actuar de las mineras.

“Hablaron con las autoridades ejidales y prometieron que iban a dejar recurso económico en la comunidad, lo que pidiéramos. Muchos vecinos estábamos en contra, pero las autoridades nos dijeron que al final los señores contaban con los permisos y lo podían hacer incluso sí estábamos en contra”, recuerda

Vergara recuerda que cuando empezaron a trabajar en 2016 el ejido pidió 100 mil pesos al mes a las empresas. En 2017, solo les dieron 70 mil repartidos en dos meses, y en 2018, “ni un peso”. Ella y otros vecinos piensan que hubo “malos manejos” y “dinero debajo de la mesa” por parte de anteriores autoridades ejidales. Historias similares han sido contadas en otros municipios, incluso en aquellos, como algunos ejidos en Ixtapaluca, que están contentos con el trato que lograron con sus empresas.

De acuerdo a la investigación, con datos cartográficos, imágenes de satélite y los documentos analizados, hay cuatro modos de operación en los que, durante la explotación de los bancos pétreos, se cometieron irregularidades.

La más común, que cometieron 54 bancos pétreos, es operar antes de tener los permisos. Es decir, solicitar a las autoridades la autorización, pero empezar a extraer material y horadar los terrenos antes del fallo. Le sigue, con 26, salirse del perímetro autorizado. En los permisos, se marcan unos límites con coordenadas geográficas, pero algunas de las empresas trabajaron más allá de esos polígonos.

La tercera es trabajar después de que el permiso les fuera denegado. 10 empresas presentaron los papeles para poder trabajar las minas pero fueron rechazados por las autoridades responsables. Aún sí, esas minas fueron explotadas. Otros 16 bancos pétreos trabajaron directamente sin que exista registro de que pidieran la autorización.

Rafael Hernández Soriano, diputado por el Partido de la Revolución Democrática en la anterior legislatura, fue presidente de la Comisión de San Lázaro que vigilaba las obras del NAIM y se dedicó a acompañar a algunos de los afectados.

“Por norma, los bancos de materiales requieren permisos de varias instancias como el Ayuntamiento, la comunidad, del ejido en caso de que sea y de la Secretaría de Medio Ambiente, que es el más difícil... aquí se ponían a operar sin que existieran todos esos permisos, se ponían las cosas en marcha y luego se daban los permisos”, explica

“Nosotros demostramos esos daños y los reportamos a la Procuraduría del Estado de México. Entonces ella tendría que haber investigado de oficio, pero como había una indicación presidencial, no lo hicieron”, asegura

Para el ex diputado, respetado por los activistas y vecinos que se opusieron a los bancos pétreos, el Nuevo Aeropuerto comenzó la casa por el tejado. “Lo normal es que no se inicien las obras ni los proyectos si no hay estudios. Pero aquí pasó al revés: se inician las obras y luego se dan los permisos y los estudios”.

El mayor ejemplo es la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un estudio técnico-científico, de carácter preventivo y de planeación, que permite identificar los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el medio ambiente. “Aquí se anunció el Aeropuerto sin MIA y luego la encargaron a una empresa que se llama Especialistas Ambientales [fundada por Rodolfo Lacy Tamayo, el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente con Peña]”.

“Ellos tardaron dos meses en hacerla. Yo pregunté a otros especialistas y me dijeron que, como mínimo para un proyecto así de grande, ellos tardarían de ocho meses a un año. La hicieron sin ningún rigor técnico y de ahí es donde nace toda esta situación”, dice, “Si van a necesitar 64 millones de metros cúbicos de tezontle, ¿de dónde los van a traer? Según las normas no puedes sobre explotar solo una zona, ya que vas a causar daños al medio ambiente. Pero como su criterio es voraz y económico, explotan las comunidades cerca, de una forma ilegal”.